Tener trabajo y pese a ello no conseguir ingresos suficientes para llegar a final de mes con tranquilidad era una lacra que comenzaba a atajarse antes de la pandemia. Una precariedad forjada tras el estallido de la crisis del ladrillo y que hasta un año antes de la pandemia, pese a la bonanza macroeconómica, no empezó a remitir. En 2020 afectaba a 351.000 catalanes, el 10,9% de la población censada, según datos del Idescat que recoge un informe publicado este martes por CCOO de Cataluña. Desde el sindicato alertan de que la actual espiral inflacionista amenaza de manera clara y directa con volver a disparar la proporción de trabajadores pobres y desandar en pocos meses el camino que al mercado laboral catalán le ha costado más de un lustro recorrer. En 2018 se registró el pico de pobreza laboral en Cataluña, afectando esta al 14,8% de la población, siendo esta una precariedad que afecta más a las mujeres y se focaliza especialmente en el sector servicios y los oficios estacionales.
"La inflación amenaza con comerse el ahorro de las familias de los últimos años", ha alertado el secretario de Treball de CCOO de Cataluña, Ricard Bellera. Lo que empujaría a más trabajadores a vivir sin ese colchón y estar expuestos a que cualquier imprevisto monetario les pueda acarrear un serio problema para pagar las facturas. La tasa de ahorro española ya menguó durante el 2021, partiendo de un 2020 en el que muchos hogares retuvieron de forma extraordinaria ingresos ante las dificultades de gastarlos con las restricciones covid. La tasa de ahorro de los hogares cerró el año pasado en el 11,4% de la renta bruta disponible, frente al inusual 14,9% del año anterior, según recoge un reciente informe de Caixabank Research. Habrá que esperar a los datos actualizados de este 2022 para medir hasta que punto el alza de precios contribuye -y en qué intensidad- a menguar esas huchas.
"Bueno, de aquellas familias que pudieran tener [dichos ahorros]", ha matizado Bellera. Pues una de las características de la pobreza laboral es la incapacidad para acumular capital para imprevistos. Como mínimo en 2020 había 351.000 personas en Cataluña a las que cualquier contratiempo que les exigiera un desembolso económico les podía romper la planificación mensual. Y para alguien con los márgenes ya ajustados cualquier alza de precios supone un problema. Siguiendo con los datos de Caixabank Research, el 63% de la cesta ya exhibe tasas de inflación por encima del 2% mientras que un 26% ya se encuentra por encima del 5%.
El colchón de los ertes y el SMI
Desde CCOO destacan que si la tasa de pobreza laboral no se disparó en el primer año de pandemia fue por el efecto de los ertes, que blindaron un mínimo de ingresos. También contribuyó a reducir dicho porcentaje las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), que en 2020 se situó en 950 euros brutos al mes (en 14 pagas) y que actualmente está en los 1.000 euros. No obstante, también critican los agujeros que detectan en el sistema de protección ordinaria por desempleo. "No protege como debiera", ha alertado la responsable del estudio, Romina García. Según los últimos datos del SEPE, publicados este pasado lunes, cuatro de cada 10 desempleados no cobran ni prestación ni subsidio. Y en Cataluña hay 103.795 hogares donde no entra ingreso laboral alguno, según datos del INE recopilados por CCOO.
Enmarañados los sindicatos en una negociación con la patronal para tratar de consensuar como deben evolucionar los salarios en los próximos años, en paralelo desde CCOO le exigen a la Administración que mueva ficha para amortiguar la escalada de precios entre los más vulnerables. A la Generalitat le instan a actualizar el Indicador de Renda de Suficiencia de Cataluña (IRSC), que marca subsidios como la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) y que lleva 12 años sin revisarse. Y al Estado que coordine con la Generalitat la subida ya anunciada del 15% del importe del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para que esta no quede diluida para aquellas personas que cobran la prestación catalana.
