El Instituto Nacional de Estadística (INE) prepara un cambio total de cómo mide la evolución de los precios de la luz para calcular la inflación, con el objetivo de ajustar mejor sus datos al consumo real de los hogares españoles. La intención inicial era tener lista la reforma en la medición de los precios eléctricos el pasado enero, pero el plan quedó aplazado por no conseguir que las eléctricas le enviaran los datos precisos que necesitaba para calcular el índice de precios al consumo (IPC).
El INE y las grandes eléctricas buscan ahora acelerar una metodología pactada para cambiar el cálculo del precio de la electricidad, aunque siguen sin fecha para ponerla en marcha. La dirección del organismo y las compañías han mantenido un encuentro este miércoles en el que se ha empezado a avanzar para dar solución al problema.
El INE hasta ahora ha venido utilizando sólo el precio de la tarifa eléctrica regulada para calcular la inflación, a pesar de que actualmente este tipo de tarifa -denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC- sólo representa aproximadamente un 40% de todos los pequeños usuarios tras años de descensos-. El objetivo del INE era que la nueva base de cálculo del IPC sirva para dejar de medir sólo la evolución de la tarifa regulada de la electricidad e incluir también las tarifas del mercado libre, que desde hace años concentran la mayoría del mercado de pequeños consumidores.
Un cambio, además, que se traducirá en un descenso de la inflación, ahora desbocada, dado que la tarifa regulada es ahora la que más sube al estar ligada a la evolución del mercado mayorista de la electricidad, que en los últimos meses ha estado marcando máximos históricos. En marzo el IPC se disparó hasta el 9,8%, su mayor tasa en casi cuatro décadas.
Las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) han empezado a consensuar con la dirección del INE la información que deberán remitir sobre todas sus tarifas, la regulada y las del mercado libre, para incluirlas en la base de cálculo del IPC. El compromiso de las compañías es remitir información sobre los precios reales (tarifas) y no sólo sobre sus ingresos (facturación al cliente) y que los datos sean lo suficientemente detallados y precisos para las exigencias de calidad del INE.
El INE remitirá por escrito próximamente a las grandes eléctricas un requerimiento detallado de la información que necesita y desde el sector eléctrico se considera factible obtener los datos que necesita el organismo para cambiar la medición del precio de la luz. De momento, sigue sin existir un plazo exacto de cuándo podría empezar a aplicarse la reforma en la medición que supondría un vuelco en el IPC. “Se sigue trabajando en fijar la metodología, pero no se ha determinado la fecha. Primero hay que fijar metodología, luego obtener los datos y, en tercer lugar, analizar que la metodología es sólida y correcta”, apuntan fuentes del sector.
En mitad de la crisis energética y de una espiral de subidas de precios de la electricidad, el INE ha seguido utilizando para calcular el IPC sólo las tarifas que más subieron, a pesar de ser ya minoritarias por número de clientes, y no las tarifas del mercado libre, que son las que se mantienen estables e incluso bajan por las medidas de choque del Gobierno. El resultado es que el IPC está reflejando una fuerte distorsión al alza que no reflejaba el consumo del conjunto de los hogares, sólo de una parte. Según un informe del servicio de estudios de CaixaBank, esta forma de calcular el precio de la luz elevó la inflación de 2021 en casi un punto porcentual.
Presión de Iberdrola
El Gobierno abrió el año pasado un proceso para reformar la tarifa regulada en un intento de evitar que su precio dependa directamente de la volatilidad del mercado eléctrico, en el que se marca el precio de la luz hora a hora. Pero el Ejecutivo se encontró con la imposibilidad de consensuar una posición entre las compañías eléctricas, las comercializadoras y las asociaciones de consumidores y aparcó la iniciativa.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, insistió este miércoles en la necesidad de modificar la tarifa regulada para desligarla de la evolución del mercado mayorista y, con ello, conseguir una rebaja de su precio de entre el 30% y el 40%. “Cualquier cosa que nos haga menos Europa a España no le va bien. Cambiemos el diseño que tenemos mal que es el diseño de la tarifa regulada”, apuntó.
Y es que la tarifa regulada española tiene la particularidad de que está vinculada directamente al precio del mercado mayorista diario, mientras que en otros países europeos las tarifas reguladas tienen precios fijos o que se revisan una o dos veces al año referenciándose a mercados de futuros o a la media de los contratos a plazo de larga duración.
