La industria nuclear advierte al Gobierno de que no está dispuesto a pagar más de lo que hasta ahora estaba previsto para financiar el cierre de las centrales y gestionar sus residuos radiactivos. La propuesta del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) del Ejecutivo contempla un sobrecoste de entre 1.400 y 3.500 millones de euros en relación a lo estimado previamente, y las nucleares se niegan a asumir esos gastos adicionales.
“No vamos a pagar más de lo que acordado con el Gobierno. Los costes previstos en el PGRR han subido mucho y no sabemos por qué. No es admisible que ahora nos quieran hacer pagar más”, sentencia Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, la patronal del sector que agrupa a las grandes eléctricas propietarias de las centrales nucleares y a decenas de empresas ligadas a la industria atómica.
El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas un calendario para el cierre progresivo de todas las centrales españolas que conducirá al apagón nuclear total en el país. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP contempla la clausura escalonada de las plantas entre 2027 y 2035 e incluía también una subida máxima del 20% de la tasa que pagan las compañías en función de la electricidad producida (actualmente 7,98 euros por cada megavatio hora- generado) para financiar la gestión de los residuos radiactivos y los gastos de desmontar las centrales.
Con esa subida estaba previsto que se cubrieran los gastos de desmantelas las centrales nucleares tras su cierre y todos los trabajos de tratamiento y almacenamiento de la basura radiactiva. Unos gastos que Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de residuos radiactivos, estimó en su primer borrador de PGRR de hace dos años en 23.044 millones de euros hasta el año 2100.
En la nueva propuesta de Plan de Residuos elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica eleva la estimación de costes entre los 24.435 millones (si se construye un solo cementerio de residuos nucleares centralizado) y los 26.560 millones de euros (si se opta por los siete almacenes repartidos por España, uno en cada central nuclear).
“Los gastos ahora están por encima de los que previstos cuando sellamos el pacto. Firmamos el acuerdo y nos comprometimos a funcionar unos años concretos, con unos costes concretos y pagando unas tasas concretas”, argumenta Araluce. “Nos vamos a soportar un coste mayor. Los trabajos de desmantelamiento les corresponde a hacerlos al Estado. A nosotros sólo nos piden pagar. Y no vamos a pagar más ”.
Desde el sector nuclear se teme que estos costes adicionales supongan un incremento de las tasas e impuestos que las centrales ya asumen ahora y que, según las compañías, impiden la rentabilidad de las plantas. “No podemos operar a pérdidas. Se puede hacer una temporada, pero no durante 10 años”, indica el presidente de Foro Nuclear, que rehúye de momento el debate sobre la ampliación de la vida de las centrales.
Desde el Partido Popular, la CEOE y diferentes sectores económicos se ha venido defendiendo reabrir el debate sobre el calendario de cierre de las centrales y ampliar los plazos de funcionamiento mientras sea una realidad el despliegue masivo de las renovables. Foro Nuclear insiste en no pronunciarse públicamente. “Tenemos un acuerdo y nosotros lo cumplimos… de momento. Si se quiere reabrir el debate no se puede esperar mucho, habrá que hacerlo en uno o dos años como máximo”, advierte Araluce.
Un solo cementerio, no siete
Los planes del Gobierno son mantener el cierre gradual y escalonado de los siete reactores españoles ahora operativos acordado en 2019 con las grandes eléctricas, y que contempla que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035. El Gobierno ha lanzado el proceso para actualizar la hoja de ruta a muy largo plazo sobre qué hacer con los residuos radiactivos, cómo hacer los desmantelamientos de las centrales y cuánto va a costar gestionar ambas tareas.
La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica contempla dos alternativas sobre qué hacer con los residuos nucleares del país durante los próximos 60 años. Una, mantener el plan de construir un solo cementerio nuclear centralizado temporal que debería estar listo en 2030. Otra, instalar siete almacenes temporales descentralizados en cada una de las centrales nucleares. Y sea cual sea opción temporal para las próximas décadas que se elija, posteriormente se construirá un almacén geológico profundo (AGP) para que esté operativo en 2073 y que guarde para siempre los desechos.
Desde Foro Nuclear se rechaza la opción de construir siete almacenes por todo el país. Por un lado, por ser aún más costosa (2.100 millones más) y, por otro, porque dejar los residuos durante 60 años varados en los emplazamientos de las actuales centrales nucleares impedirá lanzar proyectos industriales sustitutivos para crear empleo y relanzar la economía local tras el cierre de las plantas.
