Las grandes eléctricas se rebelan contra el plan de España y Portugal de intervenir temporalmente el mercado de la electricidad para conseguir bajar los precios. A falta de concretar detalles técnicos y de obtener de la Comisión Europea la aprobación definitiva, Bruselas ya ha confirmado que permitirá a ambos países poner durante un año un tope al precio del gas y del carbón que se utilizan para producir electricidad de 50 euros por megavatio hora (MWh) para conseguir rebajar el precio de la luz.

La Unión Europea reconoce así la “excepción ibérica” que supone que España y Portugal cuentan con un mayor peso de las renovables en su producción eléctrica y menos interconexiones con el resto del continente, y permite a ambos países tomar medidas excepcionales y que no seguirán el resto de países miembros. Pero las principales eléctricas españolas, Endesa e Iberdrola, han cargado en los últimos días contra el plan especial para España y Portugal y piden soluciones iguales para toda la UE.

“Entendemos que se busquen soluciones particulares y la situación amerita tomar medidas, pero esas medidas deberían ser a nivel europeo, acotadas en el tiempo y dirigidas a atacar la raíz del problema, que no es otra que el gas”, sentenció el consejero delegado de Endesa, José Bogas, este viernes ante la junta de accionistas del grupo, en la que fue renovado por otros cuatro años para estar al frente de la eléctrica.

Desde el sector eléctrico español se ha venido rechazando que se adoptaran medidas para intervenir el mercado mayorista de electricidad -en el que productores, comercializadores y traders compran y venden y que marca el precio de parte de la energía que se consumirá al día siguiente- y han reclamado con insistencia que se tomara medidas para controlar sólo el mercado del gas, con precios disparados en los últimos meses y ahora por el impacto de la guerra en Ucrania, y que está en el origen de la subida de la luz.

Un coste de 6.000 millones

El tope de 50 euros por MWh de media que España y Portugal pondrán al gas que se utiliza para generar electricidad que la subida desorbitada del gas contamine al resto de tecnologías y se conseguirá que el mercado mayorista quede como máximo entre los 140 y los 150 euros por MWh, consiguiendo rebajar los más de 200 euros que ha venido manteniendo en los últimos tiempos y alejarse del récord de 445 euros registrado al inicio de la guerra en Ucrania. Pero la diferencia millonaria entre ese precio máximo de la luz y el coste real que cobrarán las centrales de gas por producir electricidad se trasladará al conjunto de los consumidores.

El consejero delegado de Endesa alertó de que, según las estimaciones preliminares de la compañía, ese tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad provocará un coste de unos 6.000 millones de euros durante el año en que estará en vigor la medida. Un sobrecoste que será asumido por el conjunto del sistema eléctrico, tanto comercializadoras como finalmente los consumidores. Desde el Gobierno se insiste que ese coste adicional que cobrarán las centrales de gas sólo por su producción tendrá un impacto mucho menor y saldrá mucho más barato que el hecho de que toda la electricidad del mercado.

España no es una isla energética”

Esta misma semana, desde Iberdrola también se ha criticado abiertamente la solución excepcional para España y Portugal para contener el precio de luz, subrayando que no es un problema sólo ibérico y que afecta a toda Europa. “En lugar de excepciones, la solución debería ser conjunta en todos los territorios europeos”, subrayó el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en una conferencia con analistas con motivo de los resultados financieros trimestrales de la compañía.

“Debemos evitar medidas estructurales para resolver situaciones transitorias. Creemos que los mercados funcionan extraordinariamente. No nos oponemos a mejores del mercado, pero deben ser coordinadas”, argumentó Galán. “España no es una isla energética”, contrapuso frente a los argumentos que avalan la excepción ibérica y las medidas particulares en los mercados español y portugués. “No está justificado y es contrario al mercado único”.

Desde el Gobierno se defiende la necesidad de intervenir un “mercado roto”, con un funcionamiento diseñado en un momento en que el peso de las renovables era muy menor, y que no tiene sentido que toda la electricidad tenga el mismo precio se produzca o no con gas, cuando la generación con renovables es mucho más barata.

El Ejecutivo subraya que la medida pactada con Bruselas estará en vigor en mayo y que se traducirá en una rebaja de entorno al 30% del recibo que pagan los 10 millones de hogares que tienen contratada la tarifa regulada de luz (denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC), porque su precio depende de la evolución del mercado mayorista, y también a las industrias que acuden directamente al mercado a comprar su electricidad.

El presidente de Iberdrola subrayó que la excepción española es precisamente que la tarifa regulada para pequeños consumidores esté directamente ligada a la volatilidad del mercado mayorista y reclamó que el PVPC esté vinculado a otras referencias de precios más estables, como las del mercado de futuros (en los que los diferentes agentes del sistema eléctrico compran y venden electricidad a un precio fijo y para su entrega diferida y con plazos más largos).