Frente común de las grandes industrias españolas para apoyar abiertamente el acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea para intervenir durante un año el mercado eléctrico para bajar la luz y para reclamar al Gobierno más medidas “urgentes y de calado” con las que combatir de manera inmediata los altos precios energéticos, que ponen en riesgo la competitividad y la viabilidad de algunos sectores en los que la factura energética es crucial en su estructura de costes.

Las patronales Anfac (automoción), AOP (petroleras y refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia) han remitido una carta a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Riberapara mostrar su respaldo a la “excepción ibérica”, por la que la UE permitirá a España y Portugal poner un tope máximo al precio del gas y el carbón que se utilizan para producir electricidad y así conseguir el precio del mercado mayorista eléctrico.

Las patronales, agrupadas en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, esperan que la medida “tenga impacto positivo e inmediato a favor de la competitividad industrial española” y que su aplicación sea una realidad en breve. La Comisión Europea desveló ayer que España y Portugal aún no han remitido formalmente su propuesta para fijar un precio máximo al gas de 50 euros por MWh de media durante un año y, sin conocer la medida al detalle, Bruselas no puede dar su aprobación.

Desde el Gobierno español, que pretendía aprobarla esta semana en Consejo de Ministros, se esgrime que aún quedan detalles técnicos por perfilar y confía en poder arrancar el nuevo sistema de precios a partir de la próxima semana, para que los efectos de recorte del precio del recibo de luz se note ya en la factura de mayo.

La gran industria, no obstante, reclama al Gobierno medidas adicionales para conseguir reducir la factura energética de los sectores más afectados por la escalada de precios. Las patronales industriales piden en la carta a la vicepresidenta Ribera que ponga ya en marcha las subastas forzosas de electricidad.

“De forma complementaria, también es urgente celebrar las subastas de tecnologías inframarginales previstas en el Real Decreto-ley 17/2021, como vía para potenciar contratos bilaterales a precios competitivos. Dichas subastas deben estar dirigidas a los consumidores industriales, sean o no consumidores directos, y a sus comercializadoras interpuestas”, esgrimen las asociaciones industriales.

El Gobierno quiere obligar a las grandes eléctricas a participar en subastas de contratos de venta de electricidad a plazo con precios estables, con el objetivo de hacer llegar electricidad más barata con suministros largos a comercializadoras independientes y a la gran industria. Unas subastas a las que los grandes grupos (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) estarían obligadas a acudir de manera forzosa para subastar parte de su electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y eólica.

El plan del Ejecutivo es que la primera de esas subastas se celebre este año (la idea inicial es que hubiera sido el año pasado), y ya se ha encontrado con el rechazo frontal de las grandes eléctricas, que esgrimen que esa producción ya la tienen vendida a precios muy inferiores a los de mercado y que acudir a esas subastas les obligaría a quitar esa electricidad a otros clientes. Para las grandes eléctricas no será una opción participar, será una obligación acudir a esas subastas y ceder parte de su producción a comercializadoras independientes ajenas a los grandes grupos energéticos o directamente a la gran industria para que pueda contener los costes energéticos en plena espiral de subidas.

“Pese a las medidas adoptadas a nivel nacional a favor de la industria en los últimos meses y semanas, la coyuntura que afrontamos por el nivel de costes energéticos es dramática y sin perspectiva de mejora en el corto plazo”, apuntan las patronales industriales. “Día a día, nuestras industrias intentan competir internacionalmente, debiendo hacerlo en creciente desventaja de costes frente a terceros”.