Hace dos meses un hombre encorbatado que decía ser abogado tocó la puerta de Miguel y de su mujer, dos pensionistas de 70 años. Era un chico joven muy bien vestido, y les empezó a meter miedo. Sacó los papeles y plantó la oferta del fondo buitre en su mesa. O eso, o se iban a la calle. Hasta que Miguel le pidió que se fuera de su casa y no volviera. Después de eso el matrimonio estuvo tres días sin dormir, consumiendo tranquimazines y zorpidem.

La oferta de Promontoria Coliseum no es una oferta, "sino una invitación a que nos vayamos", explica Miguel. Quieren subirles el alquiler de 200 a casi 900 euros al mes, ya que les piden pagar IBI y comunidad. "Y si no aceptábamos, nos teníamos que ir a la calle", rememora Miguel de la conversación con el representante del fondo.

El disgusto les dura hasta hoy, y como muchas familias han acabado en el psiquiatra de la seguridad social con medicación para la ansiedad y para conciliar el sueño. La pesadilla tiene el nombre de una de las filiales del fondo buitre Cerberus en España, una entidad que tiene amenazadas a más de 240 familias con dejarlas en la calle, según los casos que asesora la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Los que nadie conoce son muchísimos más.

Miguel tiene unos folios escritos a mano en una carpeta. Los usó hace poco para leerlos delante de Las Corts Valencianas, en una concentración de afectados para reclamar que se desatascara la ley de vivienda. Miguel prefiere mantenerse en el anonimato porque tiene miedo de represalias del fondo. Los folios rezan que hay familias destrozadas que toman medicación cada día, y que "esto no lo he sacado de internet". Esta es su historia.

Firmó la hipoteca de su casa con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), por un importe de 300 euros. Vive en un barrio tranquilo y de renta media de València, cerca de una gran avenida. La crisis financiera golpeó su negocio con fuerza y tuvo que pedir una ampliación de hipoteca para intentar salvarlo. Y dejó de pagar. "Lo que primero se deja de pagar son los seguros, te los quitas todos hasta que llega un punto que o pagas la casa o comes", recuerda Miguel.

"A finales de 2023 y principios de 2024 vamos a tener un drama social enorme. Acaban las moratorias y muchísimas familias se van a ver en la calle"

María José Alamar - Abogada especialista en fondos de inversión

Con los 700 euros de pensión de su mujer "no vivíamos". En 2012 llegó por primera vez a la PAH cuando las deudas le llegaban al cuello. Fue la primera vez que la Seguridad Social le recetó tranquimazines, "aunque ahora dan más zorpidem", cuenta. Porque sigue yendo.

De la caja de ahorros a los buitres

El banco Sabadell absorbió a la CAM y entonces llegó lo que se conoce popularmente como "el tocho", la demanda de desahucio del banco. Tras negociar ambas partes, Miguel aceptó una dación en pago -entregas la vivienda a cambio de quedarte limpio de deudas-. Además, el banco le hizo un alquiler social de unos 130 euros (luego 200) durante varios años, para que pudiera permanecer en la vivienda.

Se puede decir que Miguel resistía, hasta que hace un año le llegó un burofax que decía que el banco Sabadell acababa de vender su piso a un fondo buitre. "No me preocupé entonces porque tenía contrato de alquiler en vigor, seguía pagando esos 200 euros", cuenta. Pero a finales de 2022 se acaba el contrato, y el fondo le ha mandado esta "invitación a irse".

Son pensionistas y entre los dos ganan unos 1.800 euros, y cuentan que "no podemos pagar lo que nos propone el fondo, es imposible". La empresa aprieta cada vez más y no cede ni un centímetro, de hecho Miguel le ha llegado a proponer pagar 500 euros, pero no quieren. El tiempo corre en su contra, le queda poco y no tienen dónde ir. "De momento el abogado nos dice que solo podemos esperar a que llegue la carta de desahucio cuando dejemos de pagar. A partir de ahí veremos", explica Miguel visiblemente nervioso.

Narcisa Gómez es activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Fuensanta y La Torre, dos de los barrios de València que acumulan más afectados por estos fondos de inversión. Explica que casos como el de Miguel son comunes, y que generan un enorme estrés y ansiedad en las familias de los barrios. "Hay muchas que están en el psiquiatra de la seguridad social o en asociaciones como Psicólogos Sin Fronteras, lo pasan muy mal", señala.

El abogado que entró a su casa es el único contacto que ha tenido con el fondo de inversión. "Tienen un teléfono y un correo de contacto, pero solo te cogen el teléfono cuando les interesa, es decir, prácticamente nunca", denuncia Miguel. Tampoco tienen ninguna sede física, ni en València, ni en Madrid ni en España. "Solo están en internet y pagarán impuestos en algún paraíso fiscal", denuncia.