Yolanda Díaz intentará hasta el último momento un acuerdo con la patronal para sacar el Estatuto del Becario, que ya tiene el plácet de los sindicatos. La ministra de Trabajo quiere contar con el respaldo de los empresarios a esta norma, aunque esto suponga esperar a que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sea ratificado en las urnas y de esa manera aplazar hasta entonces la aprobación del texto en Consejo de Ministros.

En las últimas semanas se han endurecido los reproches entre Antonio Garamendi y la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha llegado a pedir públicamente al presidente de la CEOE que “deje de bloquear” el Estatuto del Becario. La dirigente cree que el rechazo de la patronal al texto se debe a la pugna interna que mantiene su presidente por la reelección y confía en que se avenga a un acuerdo una vez que pasen los comicios del 23 de noviembre para renovar a su cúpula.

Considera Díaz que, una vez ratificado en el cargo, Garamendi podrá tener las manos libes para dar luz verde al nuevo Estatuto, que regulará por primera vez los derechos y obligaciones de los estudiantes en prácticas y prohibirá el trabajo gratis. La carrera electoral para Garamendi se ha despejado en las últimas horas, después de que este miércoles renunciara a postularse Gerardo Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) y el que aspiraba a ser su principal competidor. Una circunstancia que podría allanar el acuerdo, al rebajarse la presión para el líder de la patronal. 

La vicepresidenta “quiere el acuerdo por encima de todo”, según fuentes conocedoras, que destacan que primará el respaldo de las empresas a los plazos que estaban previamente establecidos. “No le importa esperar”. Fue en abril cuando Díaz anunció que regularía la actividad de los becarios, y después de meses trabajando en el texto, en septiembre anunció que su aprobación era inminente. Sin embargo, la negativa de Garamendi a estampar su firma al texto ha retrasado sus planes. 

La semana pasada, la vicepresidenta segunda ya logró un principio de acuerdo con los sindicatos, del que se descolgó la CEOE. La norma, tal y como está redactada, obliga a las empresas a pagar unas cotizaciones mínimas por los trabajadores en prácticas, suponiendo un incremento en los costes laborales. A esto se suma otro de los puntos en discordia, concretamente el que suprime la figura de las prácticas extracurriculares a partir de 2025 para los universitarios. Además, la norma fija un tope máximo de estudiantes en prácticas según el tamaño de las compañías y les obliga a sufragar el transporte de los becarios.

El Estatuto del Becario quiere ser una de las medidas estrella de Yolanda Díaz, y al igual que el pacto sobre la Reforma Laboral, donde logró la firma de la patronal, esta vez también quiere lograr su respaldo cueste lo que cueste. Esta norma, que al igual que la reforma, debe ser aprobada en Consejo de Ministros, ya acumula varios retrasos en su aprobación, debido a las negociaciones con el resto de ministerios como el de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá, y a las reticencias de los empresarios. 

Pese al preacuerdo alcanzado con UGT y CCOO, las conversaciones entre el Ministerio de Trabajo y Garamendi no se han dado por concluidas; la patronal se ausentó a la última reunión alegando que había recibido los documentos con poca antelación, y con ese pretexto evitó tener que pronunciarse abiertamente sobre el Estatuto del Becario. Sin embargo, en declaraciones a los medios, Garamendi aseguró que “no está mal” tener una norma de este tipo, e insistió en que la Mesa de Diálogo Social “no está cerrada”; dejando así la puerta abierta a un eventual acuerdo que en todo caso, asumen en Trabajo, no llegará hasta que Garamendi sea ratificado en los comicios.