Una alianza entre 'riders', taxistas y organizaciones de autónomos han presentado una denuncia contra Glovo ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por competencia desleal y por ejercer como un cartel en la fijación de precios. La demanda ya ha sido presentada, según los abogados denunciantes puede tardar alrededor de año y año y medio la CNMC en resolver y la multa podría ascender a un máximo del 10% de la facturación de la compañía. En 2021, últimos datos disponibles, Glovo facturó un total de 591 millones de euros, es decir, la multa -según las estimaciones de los demandantes- podría ascender a unos 59 millones de euros.

A la empresa de reparto fundada por Óscar Pierre se le multiplican los frentes judiciales. Además de las investigaciones en curso de la Inspección de Trabajo y las pesquisas sobre un presunto delito contra los derechos de los trabajadores que el Ministerio de Trabajo estudia remitir a Fiscalía ahora se suma una denuncia ante la CNMC. Ya en este sentido la Comisión Europea tiene abierto un expediente y ha realizado inspecciones en la sede de Glovo en Barcelona por un posible cártel.

Los denunciantes formales son el Observatorio del Trabajo, Algoritmo y Sociedad (OTAS), encabezados por el activista del taxi Tito Álvarez y con participación de RidersXDerechos, la asociación de repartidores que inició hace un lustro las primeras huelgas, denuncias y protestas contra las plataformas de reparto para que estas reconocieran a sus 'riders' como asalariados. "El Observatorio está diseñado para ir contra cualquier tipo de empresa contra los derechos de los trabajadores", ha avanzado Álvarez, que ha citado también a IdealistaCuideo o Uber como potenciales objetivos de futuras denuncias.

Contra Glovo registraron el pasado 3 de octubre dos denuncias ante la CNMC. Una es por el artículo 1 de la ley en defensa de la competencia, por la que consideran que Glovo incurre en un cartel para con sus repartidores. Los denunciantes alegan que la empresa de reparto trata como autónomos independientes a sus 'riders', pero que les reserva un papel minoritario o nulo a la hora de fijar los precios. Es decir, los repartidores apenas pueden decidir a cuánto cobran una carrera suya y es la empresa la que marca unilateralmente la tarifa.

La otra pata de la denuncia es por el artículo 3, el que atañe a la competencia desleal. Los denunciantes consideran que Glovo, al tener como a autónomos a sus repartidores, incurre en una competencia ilegítima para con el resto de actores del mercado que sí tienen contratados a sus repartidores. Y que ello les supone un mayor coste a nivel de cotizaciones a la Seguridad Social, bajas por incapacidad o vacaciones, así como prevención de riesgos laborales, entre otros. Precisamente por ese elemento de competencia desleal Uber abandonó hace dos meses su modelo de flotas subcontratadas y volvió a repartir con 'riders' autónomos, alegando que no podía competir con Glovo si no usaba sus mismos esquemas.

La plataforma denunciante ya ha interpuesto la demanda y no descarta ampliarla posteriormente a otras empresas del sector con modelos similares, lo que sería el caso de Uber. Según han explicado, su expectativa es que la CNMC atienda y resuelva su denuncia en un plazo de entre un año o un año y medio, lo que dilataría el proceso hasta principios o mediados del 2024.