Tras toda una vida trabajando en el sector nuclear a pie de central y en organizaciones internacionales, ahora afronta al frente de la patronal del ramo un momento clave para la industria. Las nucleares encaran el apagón total con el próximo cierre escalonado de todas las centrales y se preparan para un más que probable choque con el Gobierno por la factura de desmantelar las plantas y la gestión de los residuos radiactivos.

A Ignacio Araluce (San Sebastián, 1955), presidente de Foro Nuclear desde hace cinco años, le cuesta ser meridianamente claro sobre el interés de las grandes eléctricas por ampliar la vida de las centrales nucleares más allá de las fechas de cierre pactadas con el Gobierno (“no tienen inconveniente”, “no se oponen”...). Puede interesarles, pero sólo si el Ejecutivo les garantiza la rentabilidad con algún tipo de retribución estable o ingresos fijos, y también con menos impuestos. Y advierte al Gobierno -a éste o al siguiente, sea del color que sea- de que no puede tardar mucho en decidirse: si se quiere aplazar el cierre de Almaraz previsto para 2027, hay que tomar la decisión en 2024.

Ahora mismo, según lo pactado entre el Gobierno y las eléctricas, todas las centrales nucleares van a ir cerrando entre 2027 y 2035. ¿Pero, según las compañías eléctricas, cuándo 'deberían' cerrar las centrales nucleares españolas?

Tenemos un guión pactado y no me puedo salir del guión: continuarán en operación los siete reactores hasta 2027, y a partir de ese año van cerrando paulatinamente hasta el 2035. Como consecuencia de la crisis energética ahora hay cantidad de voces -que antes no se oían, pero ahora sí- que apuestan por la continuidad de la vida de las siete unidades que tenemos. Y no solamente eso, sino que también hay voces que dicen que se deberían de construir más centrales.

"La nuclear se ha convertido en un arma política. Y esto no es política, es energía que todos necesitamos"

Si unimos la crisis energética -no sólo de seguridad de suministro sino también crisis de precios- y la necesidad de una transición hacia una energía sostenible y libre de emisiones de carbono para combatir el cambio climático, lo lógico es dar valor a todos los activos energéticos que ya funcionan hoy. Lo lógico es mantener todas las energías que dan estabilidad al sistema eléctrico.

¿Las compañías propietarias de las centrales (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) 'quieren' alargar la vida de las nucleares? Porque públicamente no lo dicen.

Las propietarios de las centrales nucleares no tienen inconveniente en alargar la vida de las centrales, pero siempre que se den unas condiciones. La primera es que el Gobierno revise el Plan Nacional Integrado y Energía y Clima (PNIEC) hasta 2030 y haya un cambio en la política energética sobre cuál debe ser el 'mix 'energético del futuro. Si no, las compañías no pueden hacer nada.

Las empresas propietarias pueden plantearse la continuidad de las centrales nucleares si se les asegura una rentabilidad razonable, si se les asegura una retribución que cubra los costes de las plantas y las inversiones que hay que seguir haciendo para continuar en funcionamiento, y que permita la recuperación de las inversiones futuras. Es algo absolutamente lógico. Para seguir funcionando las centrales tienen que pedir una extensión de la licencia de operación, normalmente, por diez años y eso implica un compromiso a largo plazo. Tal y como está el sector energético, para adquirir este compromiso de funcionamiento a largo plazo te tienen que asegurar una rentabilidad razonable. No queremos vaivenes. Necesitamos seguridad y estabilidad de los precios y de los ingresos, y que se nos asegure que no va a haber mayores cargas fiscales.

El Gobierno tiene que revisar el PNIEC el próximo año y marcar una nueva hoja de ruta de qué tecnologías se utilizarán para producir electricidad hasta 2030, y tendrá que tener contactos con todos los sectores energéticos ¿Van a pedir abiertamente las nucleares en esos contactos ampliar los años de funcionamiento de las plantas?

Esto no es una carrera para ver quién da el primer paso. Debería ser algo consensuado. Pero lo que es evidente es que la responsabilidad de la planificación energética es del Gobierno, no de las compañías. Las empresas propietarias no se oponen a la continuidad de las centrales, pero si dijeran que quieren seguir con las centrales y el Gobierno dice que no, no hay nada que hacer.

¿Por qué parece que les cuesta a las nucleares hacer pública su posición sobre ampliar la vida de las centrales o no?

Yo la estoy haciendo pública ahora.

No es lo mismo decir que no se tiene inconveniente con ampliar la vida de las centrales que confirmar que efectivamente se quiere hacer.

"Las nucleares se plantearán su continuidad si se les asegura que serán rentables"

Nosotros queremos continuar con el funcionamiento de las centrales. Hay unos activos que ya están en funcionamiento, que generan más del 20% de la electricidad en España, que dan estabilidad al sistema eléctrico, que funcionan siempre al 100%, no emiten CO2, son muy competitivas desde el punto de vista económico (tenemos limitado el precio de venta a 67 euros por megavatio hora, y los impuestos y la tasa de residuos que pagan llegan a 25 euros), que dan independencia energética… Si tenemos estos activos en marcha en plena crisis energética, mantengámoslos. Las compañías quieren que se mantengan, pero con unas condiciones en que sea posible. No se pueden mantener unos activos a largo plazo sin tener una retribución asegurada. Una retribución que sea razonable, nadie quiere precios altísimos.

¿Y qué fórmula reclama el sector para garantizar esos ingresos? ¿Una rentabilidad garantizada como la que reciben las renovables reguladas?

¿Por qué no? Es una opción. Lo que pedimos es que se nos asegure una retribución estable para el futuro y se nos reduzcan las cargas fiscales, porque estamos pagando más que los demás productores de energía y con impuestos redundantes.

Ahora está muy presente el debate sobre los 'beneficios caídos del cielo' de las eléctricas, pero en el caso en concreto de las nucleares esa denuncia ha estado muy presente desde hace años.

Existe esa cantinela sobre unos supuestos beneficios caídos del cielo y que las compañías se están forrando con los precios altos. Pero con los precios altos los beneficios de las compañías caen en España, porque tienen que cubrir más demanda eléctrica de la que producen y tienen que ir al mercado y pagar la energía a esos precios. Los precios altos no le interesan a nadie.

Las nucleares están vendiendo su electricidad a menos de 67 euros por megavatio hora por ley, porque si se vende por encima hay que devolver la diferencia. Las centrales tienen vendida toda la energía que producen para este año, para 2023, el 80% de la producción de 2024, el 50% de la de 2025… y lo venden a precios fijos y por debajo de ese límite. Y, al tiempo, las nucleares pagan unos impuestos y tasas que suman 25 euros por megavatio hora, así que se llevan casi el 40% de los ingresos. Y con el resto hay que cubrir el coste del combustible, del personal, de los contratistas, de los componentes, las inversiones que hay que seguir haciendo (invertimos 200 millones cada año en los siete reactores sólo para mantenerlos) y recuperar las inversiones pasadas. No hay margen. ¿Dónde están los beneficios caídos del cielo?

En los últimos meses han sido PP, Ciudadanos y la ultraderecha de Vox, y también algunas patronales industriales, las que sí han pedido abiertamente revisar el calendario de cierre. ¿Se está dejando que otros metan presión mientras que las nucleares guardan silencio?

A las empresas no les interesa seguir con las centrales si no son viables económicamente. Lo que necesitamos es que nos aseguren un retorno estable, la recuperación de las inversiones y que no se van a incrementar las cargas fiscales. Y ese mensaje tan claro no se lo escuchamos a nadie. Que alguien diga sólo que quiere que las centrales sigan funcionando 50, 60 u 80 años no significa nada. La nuclear se ha convertido en un arma política. Y esto no es política, esto es energía que todos necesitamos. Unos están en contra de esta tecnología y otros a favor. Pero estar a favor o en contra debe estar razonado. El que está a favor de la nuclear debe decir también que, para mantenerla, que hay que establecer unas condiciones regulatorias que la hagan viable.

Hay quien critica que esa presión política actual es oportunista. Tomar la decisión de alargar la vida de las nucleares, en principio, no parece una de las urgencias para resolver los problemas de esta crisis energética.

Esa es una visión equivocada. La decisión de parar o seguir con una central nuclear no se toma en un día. Una central tiene que tener una previsión de cierre o de funcionamiento con varios años de antelación. Hay que hacer acopio de combustible nuclear, hay que sellar acuerdos con contratistas, con proveedores de componentes, hay que fijar una política de empleo… Está previsto que la central de Almaraz cierre en 2027, y no se puede cambiar de posición ese mismo año para seguir funcionando. Hay que decidirlo con unos tres años de antelación, así que para seguir con la central de Almaraz hace falta tomar una decisión en 2024. Lo de que no es urgente es muy matizable, tenemos de plazo año y medio o dos años más o menos si se quiere que siga funcionando.

"El sobrecoste de los residuos tendrá que cargarse al sistema eléctrico o a los presupuestos a través de impuestos"

Francia, la gran potencia nuclear europea, está teniendo problemas por el parón de más de la mitad de sus reactores. ¿Esta situación socava la imagen de estabilidad que quieren transmitir las nucleares?

En España no tenemos esos problemas. Se trata de un problema específico francés. Por un lado, por el retraso en el mantenimiento habitual de las centrales nucleares por la pandemia, mientras que en España se decidió que el mantenimiento siguiera exactamente igual pero alargando los tiempos para que no coincidiera el personal por los protocolos anticovid. Por otro lado, por un problema muy particular de fabricación de unos componentes de las centrales en Francia, ni siquiera el diseño sino de fabricación.

El hecho de que la parada de la mitad del parque francés haya coincidido con la crisis energética ha provocado dos reacciones contrapuestas. Unos denuncian que la energía nuclear ha dejado tirados a los franceses en el peor momento y no se puede confiar en ella. Otros creen que esta situación demuestra que la energía nuclear es absolutamente necesaria por las consecuencias que tienen las paradas y por eso hay que reforzar el programa nuclear francés para mantener la independencia energética. Esta última es la posición del Gobierno francés.

La posición del Gobierno español es otra y es muy clara: no hay intención de cambiar el calendario de cierre de las centrales.

Muchas veces las posiciones cambian por las circunstancias. No se puede tener la misma posición en un tema trascendental como es el energético en unas condiciones que en otras. De hecho, tras la invasión de Rusia a Ucrania, la posición de muchos países ha cambiado. Países que no apostaban por la energía nuclear en el futuro, ahora sí lo hacen. Las posiciones tampoco deben ser absolutamente extremas, tienen que adaptarse a la situación. Ya veremos.

El Gobierno acaba de aprobar la versión definitiva -a expensas de la opinión del CSN- del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). El Ejecutivo ha optado por que haya siete almacenes temporales, uno en cada central, que en principio era la opción que menos le gustaba al sector nuclear.

La decisión sobre cómo gestionar los residuos radiactivos en el futuro es una responsabilidad del Estado y es el Estado el que tiene que definirlo. Las nucleares lo único que hacemos es financiarlo, pagarlo, que no es poco. Lo lógico sería que todas las centrales tuvieran unos almacenes temporales en los que cupiera el 100% del combustible gastado y que estuvieran allí los residuos el mínimo tiempo posible para liberar cuanto antes los emplazamientos en que están las plantas. ¿Cómo? Acelerando el almacén geológico profundo (AGP), porque el PGRR contempla que en 2040 debe estar ya decidida la ubicación y cómo debe ser el almacén definitivo de los residuos, pero sin que esté previsto que entre en operación hasta 2073. Si ya tiene que estar diseñado y con consenso social en 2040, ¿por qué no lo ponemos en funcionamiento en 2050 y no en 2073? Además, es lo que recomienda la Comisión Europea.

El nuevo PGRR contempla un sobrecoste milmillonario en relación a las versiones anteriores. Y, como decía usted, las que deben financiarlo son las propias nucleares para pagar el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos.

"Que alguien diga sólo que quiere que las centrales funcionen 50, 60 u 80 años no significa nada. Para mantenerlas, deben ser viables"

La opción elegida por el Gobierno en la última versión del Plan implica un coste de 2.000 millones de euros más. Un sobrecoste que se debe al retraso producido porque no se llegó a un consenso entre las instituciones sobre cómo gestionar los residuos. Y eso no es imputable a las centrales nucleares, que no son responsables de que las instituciones no lleguen a un acuerdo. ¿Por qué tenemos que pagar entonces ese sobrecoste si la responsabilidad es de las Administraciones? El Gobierno puede decidir lo que quiera sobre cómo gestionar los residuos, pero las nucleares no van a cargar con esos sobrecostes de los almacenes.

Estamos dispuestos a pagar lo que estaba previsto en el acuerdo al que llegamos en 2019 para fijar un calendario de cierre de las centrales, y que supuso una subida de la tasa que pagamos a Enresa [la sociedad pública que se encarga de la gestión de los residuos radiactivos] desde los 6,70 euros por megavatio hora producido (MWh) hasta casi 8 euros. Esos costes nos comprometemos a cubrirlos, pero no vamos a cargar con el sobrecoste porque las Administraciones no se pongan de acuerdo. Ese sobrecoste tendrá que cargarse como costes del sistema eléctrico o en los presupuestos a través de impuestos, pero no a las centrales nucleares.

Si se cargan como costes del sistema eléctrico, los 2.000 millones de más irán a la factura eléctrica que pagan todos los consumidores.

En efecto, irían a la factura. Eso lo tiene que definir el Gobierno. Que decida el Gobierno cómo va a cubrir esos costes, pero que no se lo cargue a las centrales.

Desde el Gobierno se entiende que la ley le habilita a aplicar nuevas subidas de la tasa de Enresa si es necesario para cubrir los costes, aunque se pactara en 2019 con las eléctricas una subida máxima del 20% y entonces ya se aplicará un alza de más del 19%.

Qué credibilidad, qué fiabilidad, pueden tener unas instituciones con las que llegas a un acuerdo para asumir unos costes y luego te dicen que te pueden imputar un extracoste del que no eres responsable. No debe haber subida de tasas. No debería ser una posibilidad. No contemplamos pagar ese sobrecoste porque no es lógico. No me voy a meter en temas legales y fiscales, para eso ya están los abogados, que saben mucho más.