El Gobierno pone en marcha un mercado para que las compañías energéticas puedan revender los ahorros de energía a los que están obligados por ley. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regula un nuevo sistema de Certificados de Ahorro Energético para que eléctricas, petroleras y gasistas puedan comercializar esas obligaciones de ahorro marcados por la UE.

El nuevo mecanismo diseñado por el Ministerio para la Transición Energética permitirá a las energéticas tanto comprar esos certificados de ahorro a sus grandes clientes industriales como revenderlos a otras empresas, y también podrán canjearlos a cambio de descuentos a las contribuciones millonarias que cada año deben hacer al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).

La legislación comunitaria instala a los estados miembros a crear mecanismos que permitan asignar a las empresas comercializadoras de electricidad y gas y a los operadores de productos petrolíferos una cuota anual de ahorro energético en función de sus ventas. Hasta ahora en España sólo se ha desarrollado a través de aportaciones financieras millonarias equivalentes al FNEE por parte de las compañías energéticas.

Con el nuevo mercado creado por el Gobierno, las empresas obligadas a una cuota anual de ahorro energético también podrán sustituir voluntariamente un porcentaje de sus pagos al fondo por un ahorro energético certificado (identificando de manera homologada medidas de ahorro de climatización, iluminación, movilidad, procesos industriales…).

Tras el cambio normativo ahora aprobado, las compañías energéticas dispondrán de dos mecanismos para cumplir su obligación de ahorro: por una parte, sus aportaciones económicas al FNEE, que en 2023 serán 235 millones de euros como mínimo, un 15% más que en 2022; y por otra, estos nuevos certificados de ahorro energético.

Mercado de 'papeles’

Una vez ejecutada la actuación de ahorro un verificador independiente lo validará, se registrará en una plataforma eléctrica operada por el Gobierno central y cada comunidad autónoma donde se haya actuado expedirá los correspondientes certificados (cada certificado equivale a un kilovatio hora ahorrado).

Las compañías energéticas podrán liquidar los certificados obtenidos demostrando que están cumpliendo sus obligaciones de ahorro o podrán comercializarlos permitiendo que otras empresas obligadas los adquieran y procedan a su liquidación. Además, las energéticas también podrán comprar certificados a sus clientes (grupos industriales, comunidades de vecinos…) que consigan ahorros energéticos tras una inversión en eficiencia.

“Con los certificados de ahorro energético una industria podría cobrar al dejar que una empresa especializada invirtiera en tecnología más eficiente para sus procesos y se contabilizara el ahorro consiguiente; o una comunidad de vecinos podría obtener ayuda a la hora de rehabilitar su edificio de la compañía que se contabilizará los ahorros obtenidos”, explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

La normativa europea exige obtener un ahorro nacional de energía del 0,8% anual sobre el promedio de ventas de energía final de los años 2016, 2017 y 2018 hasta 2030, de modo que España debe alcanzar un ahorro acumulado de 37.206 ktep (miles de toneladas de petróleo equivalentes) al final de la década, en comparación con el objetivo de 15.900 ktep de ahorro acumulado que hubo que alcanzar en el periodo 2014-2020. Este incremento de la ambición de ahorro energético se traduce en mayores exigencias para los empresas obligadas.