La nueva tarifa regulada menos ligada al vaivén del mercado entrará en vigor el año que viene

El Gobierno retasa un año la puesta en funcionamiento de la nueva tarifa regulada de la luz, menos ligada al vaivén de precios del mercado. La nueva tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que debería haberse puesto en marcha a principios de este año, entrará en vigor a partir de 2024, según avanza 'Cinco Días' y ha confirmado el Ministerio para la Transición Ecológica.

En diciembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), puso en duda la reforma que planteaba el Gobierno al considerar que podría no dar las señales correctas e incluso podría incrementar el precio de la luz. Entonces, el Gobierno anunció su intención de "revisar" su propuesta, que finalmente envió con fecha del jueves 30 de marzo al Consejo de Estado con carácter de urgencia. Este organismo dispone de 15 días hábiles a partir de esa fecha para realizar su dictamen, y será a partir de entonces cuando podrá ser aprobada por el Consejo de Ministros.

Más allá de la fecha de su puesta en marcha, apenas hay cambios entre ambos textos y la fórmula se mantiene tal y como había anunciado el Ministerio para la Transición Ecológica hace unos meses. El precio de la energía --uno de los cuatro conceptos de la factura, junto a la potencia contratada, los impuestos y los conceptos regulados-- se calculará no solo en función del precio del mercado diario (el denominado 'pool'), sino que una parte se vinculará al precio de la luz en el mercado de futuros, que es más estable. En concreto, se establece una cesta de futuros en la que el 10% corresponderá al producto mensual, el 36% al producto trimestral y el 54% al producto anual. Pero el cambio no será repentino, sino progresivo, para que la referencia de mercados a plazo represente el 25% del precio en 2023, el 40% en 2024 y el 55% en 2025.

Este mecanismo implica precios menos volátiles, pero no necesariamente más baratos. Así, según recoge tanto la CNMC en su informe, como el Gobierno en la memoria económica del real decreto ley anterior, en un escenario de picos de precios como el de los últimos meses, esta tarifa suavizaría los incrementos, pero en un escenario estable --como había sido habitual antes de la guerra-- podría suponer un alza.

El Gobierno reitera en el borrador del real decreto ley que desde su creación en 2014 "este precio regulado se ha configurado como una de las ofertas de suministro de energía eléctrica más competitivas del mercado", pero añade que esa competitividad "se ha logrado a costa de una elevada exposición de los agente al mercado diario, socavando los incentivos a aprovisionarse por medio de instrumentos de cobertura a plazo, lo que se ha revelado como una debilidad en el contexto de la escalada alcista provocada por el efecto contagio del gas natural sobre los precios de la electricidad".

En el contexto de las discusiones entre la Comisión Europea y España y Portugal para poner en marcha el tope al precio del gas, España informó a Bruselas de su intención de reformar la tarifa regulada de electricidad con el fin de reducir su dependencia sobre la evolución del mercado diario. La Comisión Europea tomó nota de la intención española en su decisión de aprobar el mecanismo ibérico, donde expuso la expectativa de España de que la puesta en marcha de esta medida daría tiempo al Ejecutivo para promulgar la reforma de la tarifa regulada. Así, el Gobierno pretende dar luz verde a esta nueva tarifa una vez finalice la nueva prórroga del tope al gas el 31 de diciembre.

Por otra parte, la nueva propuesta mantiene la limitación incluida en la anterior de dirigirse solo a los consumidores domésticos y microempresas, mientras que hasta ahora cualquier compañía con una potencia inferior a 10 kilovatios podría contratar el PVPC. Así, las empresas pequeñas y medianas con un contrato en vigor y que no cumplan los requisitos para acceder al PVPC a partir del 1 de enero de 2024 podrán continuar con esta tarifa "hasta que se produzca su vencimiento".

Además, y dado que los consumidores con bono social deben tener contratada esta tarifa, se incluye un nuevo componente en la estructura del PVPC para recoger el el coste del bono social que deben soportar las comercializadoras de referencia y se incluye el nuevo esquema de financiación (modificado por el Gobierno en el primer real decreto ley para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania) que estipula que el coste será asumido por todo los agentes del sector (productores, transportistas, distribuidoras, comercializadoras y consumidores directos).