La socimi Whiteni acusa a Hacienda de interpretar la ley "a medida" para beneficiar a BlackRock y Grupo Lar en una adjudicación

Nuevo intento de Whiteni por frenar la adjudicación de María de Molina, 50 a BlackRock y Grupo Lar. La socimi que quedó segunda en la subasta ha presentado un nuevo escrito de conclusiones ante la Audiencia Nacional en el que vuelve a arremeter contra el Ministerio de Hacienda y solicita una vez más la anulación del proceso.

El complejo inmobiliario, conocido como Eurocis y valorado en 156 millones de euros, fue adjudicado en subasta pública a un vehículo firmado por BlackRock y Grupo Lar, venta que fue inscrita en el Registro de la Propiedad el pasado mes de agosto, pero Whiteni, en un escrito al que ha tenido acceso ACTIVOS, medio económico de Prensa Ibérica, mantiene su versión de que el Ministerio encabezado por María Jesús Montero ha realizado una interpretación "a medida" del adjudicatario, cuestionando la legalidad de la operación.

El conflicto radica en la interpretación de las cláusulas del pliego de la subasta, específicamente en lo referente al aplazamiento del pago del precio del inmueble. Whiteni argumenta que la interpretación realizada por el Ministerio de Hacienda favoreció de forma indebida a BlackRock y Grupo Lar, permitiéndole cumplir con los requisitos de la subasta a través de una lectura ajustada de la ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) y su reglamento. Según Whiteni, dicha interpretación permitió a estos fraccionar el pago del inmueble en un total de once plazos anuales, lo que, a juicio de la demandante, incumple el límite legal de diez años para el pago aplazado.

En su escrito, Whiteni, a través de su representación legal, liderada por Next Abogados, expone que esta supuesta confusión en la interpretación entre el número de años y el número de plazos del pago aplazado no es un error suyo, sino una manipulación deliberada por parte de la administración. "No es un problema de confusión de 'años' y 'pagos', no se trata de si son galgos o podencos, sino de que la recta interpretación de los pliegos", señala el texto. Según el demandante, el pliego de la subasta establece "claramente" que el pago debe completarse en un máximo de diez años, pero Hacienda habría permitido que el adjudicatario fraccionara el pago en más plazos, extendiendo así el periodo más allá de lo permitido legalmente.

Términos confusos

El punto clave en esta disputa es la diferencia entre la "resolución que autoriza la venta" y la "resolución de enajenación". Whiteni sostiene que Hacienda "confunde conscientemente" estos conceptos lo que "favorece descaradamente" a BlackRock y Grupo Lar. Según la socimi, la ley establece que el plazo de diez años para el pago debe contarse desde la resolución que autoriza la venta, en este caso, el acuerdo del Consejo de Ministros de junio de 2023, y no desde la fecha de adjudicación, como ha interpretado Hacienda. Esta confusión permite a los compradores realizar los pagos durante un periodo más largo del que la ley permite, lo que, según Whiteni, constituye una "ventaja injusta" para la empresa adjudicataria. El escrito lo califica de "incumplimiento grosero" de la norma.

Whiteni también destaca que otros licitadores, incluyéndose a sí misma, interpretaron correctamente los plazos y presentaron ofertas que cumplían con los límites legales. Por ejemplo, mientras que BlackRock y Grupo Lar presentó una oferta con once pagos aplazados (un pago inicial y diez anuales), Whiteni y otros tres licitadores presentaron propuestas que contemplaban un total de diez pagos (uno inicial y nueve anuales), cumpliendo así con el límite de diez años que establece la ley.

Correo clave

La cuestión no se limita únicamente a la interpretación del número de pagos. Whiteni hace referencia a un correo electrónico enviado por la secretaria de la mesa de subasta, en el que se indicaba que solo se podían incluir un máximo de nueve pagos aplazados, lo que contradice la aceptación posterior de la oferta de BlackRock y Grupo Lar con once pagos. "Hay once pagos y no pueden ser más de diez, por lo tanto, hay que quitar un pago y redistribuir las cantidades", señalaba el mail.

Además, Whiteni critica duramente la falta de coherencia en las decisiones tomadas durante el procedimiento. Por ejemplo, denuncia que se haya desestimado su solicitud de ampliación de demanda respecto a la escritura pública de formalización del contrato de compraventa, firmada el 22 de agosto de 2024, a pesar de que dicha escritura está directamente relacionada con la resolución impugnada. En este sentido, Whiteni, explica que la solicitud de la suspensión de la demanda "no ha dado lugar a la suspensión del procedimiento", sino que, tal y como ha sido publicado en diversos medios de comunicación, se firmaron las escrituras.

En cuanto a las repercusiones de este caso, Whiteni demanda la anulación de la adjudicación a BlackRock y Grupo Lar y solicita que se reconozca su oferta como la más ajustada a los requisitos legales. No obstante, Whiteni también señala que aún no se han resuelto las medidas cautelares que pidió el pasado julio en las que pedía la nulidad de una "Orden Ministerial de enajenación que ha favorecido injustamente a un licitador que ha presentado una oferta que incumple el pliego de la subasta tanto formal como materialmente". La defensa de la socimi, en este proceso también ponía el foco en la representante de la mesa de la subasta. Señala que la comunicación tanto a Whiteni como otros licitadores, se basó en unos criterios “que la Administración ahora no reconoce”, atribuyéndolos, "con todo respeto, a alguien que pasaba por allí y nada tiene que ver con la subasta".