Nombramiento

Cuerpo elige a Carlos San Basilio, alto cargo del Tesoro con PSOE y PP, como presidente de la CNMV

El perfil técnico de la nueva cúpula del supervisor se completa con la vicepresidencia para Paloma Marín, que abandona el Banco de España pese a haber sido nombrado recientemente directora general por Escrivá

El director ejecutivo de Estrategia Corporativa del BERD y futuro presidente de la CNMV, Carlos San Basilio.

El director ejecutivo de Estrategia Corporativa del BERD y futuro presidente de la CNMV, Carlos San Basilio. / EUROPA PRESS. - Archivo

Barcelona / Madrid

Carlos San Basilio, el primer secretario general del Tesoro del actual Gobierno, será durante los próximos seis años presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a propuesta del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Así lo ha anunciado este martes el Gobierno, que ha optado por un perfil próximo pero marcadamente técnico y sin gran carga política, al contrario de lo que hizo en septiembre al aupar al ministro José Luis Escrivá al puesto del gobernador del Banco de España. San Basilio, así, fue uno de las personas de confianza de la entonces ministra de Economía Nadia Calviño entre 2018 y 2021, pero antes había ocupado puestos también relevantes en las áreas económicas del Ejecutivo de Mariano Rajoy

La elección de la vicepresidenta ha causado algo más de sorpresa en el mundo económico. Cuerpo se ha decantado por Paloma Marín, jurista con cerca de 20 años de carrera en el Banco de España que el pasado septiembre, precisamente, fue elegida por Escrivá para liderar una dirección general de nueva creación en el supervisor bancario, la de relaciones institucionales, europeas y transparencia. La adecuación de su perfil profesional para el puesto no ha causado dudas, pero sí ha llamado la atención que vaya a abandonar un cargo para el que fue elegida hace tan poco tiempo en un área que el gobernador quiere potenciar, si bien es cierto que la vicepresidencia de la CNMV supone mayor responsabilidad y visibilidad.

San Basilio y Marín deberán comparecer ahora ante la comisión de economía del Congreso, en principio el próximo lunes por la tarde, que deberá evaluar su idoneidad para los cargos y valorar si no incurren en conflicto de intereses. Una vez superado este trámite no vinculante, está previsto que el Consejo de Ministros los nombre el próximo martes y tomen posesión el miércoles. El mandato de sus antecesores, Rodrigo Buenaventura y Montserrat Martínez Parera, vence el próximo lunes. Aunque podrían haber aspirado a renovarlo por dos años más, el primero ha preferido incorporarse en enero a la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco) como secretario general, mientras que la segunda se borró de las candidaturas por motivos personales.

Perfil técnico

San Basilio (Lugo, 1965) es licenciado en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid desde 1988 y dos años después aprobó la oposición de técnico comercial y economista del Estado. Su perfil profesional es el clásico de este cuerpo de altos funcionarios, que pueblan los niveles técnicos de los ministerios económicos con Gobiernos de distinto signo político, además de puestos similares en empresas e instituciones privadas. Durante su primera etapa en el sector público, llegó a ser subdirector general de deuda pública en el Ministerio de Economía y Hacienda en época de Aznar. En 2002 se pasó al sector privado, primero en el Santander como director en una secretaria técnica y desde 2004 como director ejecutivo de la empresa privada Market for Treasury Securities (MTS).

En marzo de 2010, en época de Rodríguez Zapatero, volvió al sector público como director general de Cofides (Compañía Española de Financiación del Desarrollo), adscrita al Ministerio de Economía. En enero de 2012, el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro lo nombró director general del Patrimonio del Estado. De ahí pasó a ser consejero económico ante la Unión Europea, para volver a España en 2015 como director de resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). A finales de 2016, fue nombrado director general del Tesoro del Ministerio de Economía de Luis de Guindos. Y tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, la ministra Calviño le elevó al puesto de secretario general del Tesoro.

Este último cargo llevaba aparejado, precisamente, sentarse en el consejo del Banco de España, la propia CNMV y el FROB. En esta época al frente del Tesoro, coincidió en la cúpula del ministerio con el hoy titular del departamento, Carlos Cuerpo, que en febrero de 2020 había sido fichado desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) para ser el director general de análisis macroeconómico. Cuerpo, de hecho, sustituyó a San Basilio en agosto de 2021 cuando este, cansado tras haber tenido un papel clave en la respuesta del ministerio a la pandemia, optó por pasar a ser el director de estrategia corporativa del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), con sede en Londres, puesto que mantenía hasta ahora. 

OPA pendiente

El expediente más delicado que tiene sobre la mesa la nueva cúpula de la CNMV es el de la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre el Sabadell. Con todo, el equipo anterior le ha evitado tener que tomar una primera decisión relevante nada más llegar, al anunciar la semana pasada que la institución esperará para aprobar el folleto de la operación lanzada en mayo a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictamine sobre dicha concentración, lo que no se espera que se produzca hasta la primavera como pronto y que podría retrasarse hasta el verano. 

De hecho, Buenaventura dejó la puerta abierta a esperar también al Gobierno, que en determinados supuestos -bastante plausibles- podría imponer al BBVA condiciones adicionales a las de la CNMC para comprar el Sabadell, lo que retrasaría aún más el proceso. San Basilio y Marín, asimismo, heredarán la decisión de la CNMV de remitir a la Fiscalía el caso de Gotham y Grifols por una posible manipulación de mercado en las acciones de la firma catalana y presunto incumplimiento de las previsiones del Reglamento sobre Abuso de Mercado en materia de recomendaciones de inversión.

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