Bruselas denuncia a España ante la justicia europea por incorrecta transposición de la directiva de contratación pública

Tirón de orejas desde Bruselas. La Comisión Europea ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber transpuesto correctamente tres directivas sobre contratación pública. Los Estados miembro debían transponer a su ordenamiento jurídico nacional estas normas antes del 18 de abril de 2016, pero debido a los reiterados incumplimientos por parte de España, el caso ha llegado ante la justicia europea. Será este organismo quien especifique las sanciones económicas en función de las causas si no se resuelve antes.

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El caso español se remonta a 2016, cuando no ejecutó la transposición de las tres directivas. Tras la notificación tardía por parte de España, la Comisión envió una carta de emplazamiento a este país en diciembre de 2021, seguida de un dictamen motivado en abril de 2024. Hasta la fecha, según especifica el organismo, España no ha introducido los cambios necesarios en su legislación para que sea compatible con todas las obligaciones derivadas del Derecho de la UE.

"El Derecho español se aparta considerablemente de las normas de la UE en lo que respecta a su ámbito de aplicación correspondiente a los tipos de poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de los contratos que deben cumplir la legislación nacional sobre contratación pública por la que se transponen las Directivas", esgrime. Por este motivo, y debido a que "hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes", la Comisión Europea ha decidido llevar al país ante el TJUE.

Armonizar las condiciones de competencia

Las normas son la Directiva sobre contratación pública (Directiva 2014/24(UE), la Directiva sobre contratación pública en los sectores de los servicios públicos (Directiva 2014/25/UE) y la Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión (Directiva 2014/23/UE). Las tres obligan a los 27 países a aplicar procedimientos imparciales y transparentes con el objetivo de abrir los mercados de servicios a una auténtica competencia entre las empresas de toda la Unión Europea. De esta manera, se garantiza la mejor relación calidad-precio en las contrataciones públicas.

La Unión Europea estableció una serie de normas mínimas armonizadas para la contratación pública para crear unas condiciones de competencia equitativas para todas las empresas de los países miembro. En concreto, se transponen a la legislación nacional y se aplican a las licitaciones cuyo valor monetario excede de determinado importe. En aquellas licitaciones de valor más reducido, se aplican las normas de carácter nacional, aunque también deberán respetar los principios generales del Derecho de la UE.

Más de 250.000 autoridades públicas de la UE gastan cerca del 14% del PIB (unos 2 billones de euros al año) en la adquisición de suministros y en la contratación de obras y servicios. En muchos sectores, como el transporte, la gestión de residuos, la energía o la sanidad, los principales compradores son las autoridades públicas.