Así está el marco regulatorio que nos empuja hacia la sostenibilidad

Nuestro futuro como sociedad y como planeta, no cabe duda, pasa por la sostenibilidad. Todas nuestras acciones, tanto las de los ciudadanos de a pie, como las de las empresas o las de los gobiernos, deben ser sostenibles si queremos tener un futuro. Y hablamos de sostenibilidad en el aspecto más amplio de la palabra y que engloba desde, por supuesto, la sostenibilidad ambiental, a la social y también la económica.

A nivel empresarial, algunos de estos aspectos ya formaban parte desde hace tiempo de lo que se ha denominado responsabilidad social corporativa (RSC) un concepto que plasma el compromiso de las empresas con el desarrollo sostenible, es decir, con el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente. Pero de unos años a esta parte la preocupación por la sostenibilidad se ha incrementado y ha evolucionado hacia los criterios ESG/ASG, en parte por la demanda y las expectativas de los llamados stakeholders o grupos de interés, como pueden ser los clientes, los empleados, los inversores, los proveedores, las comunidades locales y la opinión pública en general. 

Recogiendo esta creciente preocupación, la Unión Europea (UE) está desarrollando políticas de sostenibilidad empresarial con el objetivo de mejorar la protección del medio ambiente y los derechos humanos en la UE y fuera de ella. Esto se ha traducido en una creciente presión regulatoria que se ha llegado a calificar como un «tsunami» normativo sobre sostenibilidad empresarial en el último año. Tanto es así, que el Pacto Mundial de la ONU ha desarrollado una herramienta para ayudar a las empresas y organizaciones «a coger la ola y surfear los cambios necesarios», tal y como indican en su propia web. Se trata de un buscador de normativas en materia de sostenibilidad en el que, se pueden consultar las últimas normativas que han entrado en vigor entre las que figuran:

Directiva sobre la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas

Entrada en vigor el 5 de enero de 2023

La Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD, por su siglas en inglés) es una de las grandes apuestas de la Unión Europea. Una normativa que revoluciona los cánones actuales del reporting y eleva el nivel de la información en sostenibilidad para equipararla a la financiera. Además, esta nueva directiva establece que las empresas deberán presentar su información en base a unos estándares comunes. Son los llamados ESRS, que comprenden 12 estándares en materia ambiental, social y de gobernanza. 

Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad

Entrada en vigor el 25 de julio de 2024

La Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD) quiere fomentar un comportamiento con impacto social positivo, sostenible y responsable de las empresas. Esta directiva tiene por objeto garantizar que las empresas contribuyan al desarrollo sostenible y a la transición hacia la sostenibilidad de las economías y las sociedades mediante la detección y, cuando sea necesario, priorización, prevención, mitigación, eliminación, minimización y reparación de los efectos adversos reales o potenciales para los derechos humanos y el medio ambiente relacionados con las propias operaciones de las empresas, las operaciones de sus filiales y sus socios comerciales en las cadenas de actividades de las empresas, así como garantizando que los afectados por el incumplimiento de este deber tengan acceso a la justicia y a vías de recurso. Además, también incluye disposiciones de apoyo a todas las organizaciones, entre ellas las pymes, que pueden verse influidas de forma indirecta.

Pero los cambios normativos no acaban aquí y la UE tiene en desarrollo otras directivas que afectarán a la sostenibilidad de las organizaciones. Se trata de, por ejemplo:

Propuesta de Green Claims Directive

Previsión de entrada en vigor el 26 de marzo de 2026

La Directiva sobre nuevas normas para fundamentar las alegaciones ecológicas o, en inglés, Green Claims Directive busca establecer criterios contra el blanqueo ecológico o greenwashing, así como contra declaraciones engañosas con el fin de aplicar un mayor control y transparencia a algunos fabricantes para promocionar productos. En definitiva, el objetivo principal de la Directiva (UE) 2024/825 es empoderar a las personas consumidoras para la transición ecológica, proporcionándoles una mejor protección contra prácticas comerciales desleales y una mayor información. Esto se logra a través de la introducción de normas específicas en el Derecho de la Unión para abordar prácticas engañosas que afectan a la capacidad de los consumidores/as para tomar decisiones de consumo sostenibles, como la obsolescencia temprana, las afirmaciones medioambientales engañosas, la información engañosa sobre las características sociales de los productos y los distintivos de sostenibilidad poco transparentes.

Sin embargo, consciente de la revolución normativa en materia de sostenibilidad de los últimos años y de los costes que esto implica para las empresas y, especialmente para las pymes, la Unión Europea ha anunciado que a principios de este 2025 se pondrá en marcha el Paquete Omnibus de Simplificación para tratar de reducir la carga administrativa que implican las nuevas regulaciones y tratar de mantener la competitividad de las empresas europeas y que reformará la Taxonomía de la UE, la CSRD y la CSDDD.