Así puedes aumentar casi un 5% más tu pensión cuando te jubiles

La planificación de la jubilación se ha convertido en una pieza angular de la estrategia financiera personal para millones de españoles. Ante un panorama demográfico cambiante y un sistema de pensiones público sometido a constante escrutinio para garantizar su viabilidad a largo plazo, entender las claves que determinarán la cuantía de nuestra futura pensión es más crucial que nunca.

Si tu horizonte de retiro se sitúa en torno al año 2030, es fundamental familiarizarse con las normativas vigentes y, sobre todo, con las herramientas disponibles para maximizar esa prestación final. Afortunadamente, existen mecanismos que permiten mejorar sensiblemente el importe que recibirás mensualmente, y uno de los más efectivos implica una decisión personal sobre el momento exacto de abandonar la vida laboral.

El contexto de la jubilación: requisitos y desafíos del sistema

Para empezar, es vital comprender el marco en el que nos moveremos. La tendencia hacia el retraso de la edad de jubilación es una realidad consolidada. Según la reforma progresiva iniciada en 2013, para el año 2030, la edad ordinaria para acceder a la pensión contributiva se establecerá en los 67 años. 

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No obstante, se mantiene una excepción: aquellos trabajadores que hayan acumulado una carrera de cotización extensa, concretamente 38 años y 6 meses o más, podrán seguir retirándose a los 65 años sin sufrir ninguna penalización en su prestación. Además de la edad, es imprescindible haber cotizado un mínimo de 15 años a la Seguridad Social, con la particularidad de que al menos dos de esos años deben encontrarse dentro del periodo de 15 años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación.

Así se calcula la pensión

El cálculo de la pensión, la denominada "base reguladora", también ha evolucionado. Actualmente, y previsiblemente en 2030, se toman en consideración las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses) previos al retiro. Este periodo más amplio busca ofrecer un reflejo más fiel del esfuerzo contributivo realizado a lo largo de una parte significativa de la vida laboral.

Sin embargo, el sistema enfrenta retos monumentales. El envejecimiento poblacional, acelerado por la llegada a la edad de jubilación de la numerosa generación del 'baby boom', incrementa la presión sobre las arcas públicas. Simultáneamente, una tasa de natalidad persistentemente baja reduce la base de trabajadores activos que sostienen el modelo de reparto.

Aunque existen mecanismos como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), diseñado para nutrir la "hucha de las pensiones" mediante un ligero aumento en las cotizaciones, las proyecciones a medio y largo plazo sugieren una posible merma del poder adquisitivo de las pensiones si no se acometen reformas adicionales.

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La bonificación por demora: un incremento cercano al 5% anual

Aquí es donde entra en juego una de las estrategias más directas y efectivas para el futuro pensionista: la jubilación demorada. El sistema público incentiva activamente la permanencia en el mercado laboral más allá de la edad legal ordinaria. Por cada año completo que un trabajador decida posponer su jubilación una vez cumplida la edad legal que le corresponda (sean los 67 años, o los 65 si cumple los requisitos de cotización), se le recompensa con un complemento económico en su pensión futura. Este incentivo se materializa en un incremento porcentual del 4% sobre la cuantía de la pensión que le correspondería (el 100% de su base reguladora).

Este 4% adicional, que se consolida y se aplica de forma vitalicia, representa una mejora muy significativa. Si bien el porcentaje exacto es del 4%, su impacto anual se acerca notablemente a ese 5% mencionado como objetivo deseable. Por ejemplo, retrasar la jubilación dos años completos supondría un aumento del 8% sobre la pensión calculada inicialmente; tres años implicarían un 12% extra, y así sucesivamente. 

Esta bonificación es especialmente atractiva porque se calcula sobre la pensión ya optimizada según la base reguladora, premiando directamente la prolongación de la vida activa y la contribución continuada al sistema. Es una decisión personal que requiere sopesar la salud, las circunstancias personales y laborales, pero cuyo beneficio económico es tangible y directo sobre la futura prestación.