El Gobierno rechaza la primera propuesta de Iberdrola y Endesa para ampliar las nucleares: “No cumple las líneas rojas”

El Gobierno rechaza la primera propuesta planteada por Iberdrola y Endesa para ampliar la vida de las centrales nucleares y postergar el calendario de cierres previsto. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, ha desvelado que las dos grandes eléctricas le han remitido una carta en la que plantean la prolongación de las operaciones de los reactores y en la que exigen una rebaja de impuestos para ejecutar la ampliación de la vida de las plantas.

El Gobierno entiende que la misiva de Endesa e Iberdrola es una mera “declaración de intenciones” sobre su propuesta de aplazar los cierres de todas las centrales nucleares, programados de manera escalonada entre 2027 y 2035. Pero el Ejecutivo también advierte de que esa declaración de intenciones “no cumple las tres líneas rojas” exigidas por el propio presidente Pedro Sánchez para tramitar una eventual petición formal para la prórroga de las licencias de explotación de las centrales nucleares.

El Gobierno ya había adelantado que tramitará y estudiará la solicitud de prórroga de Almaraz o de otras centrales si las eléctricas las presentan formalmente. Lo hizo el propio Sánchez en el Congreso de los Diputados, pero advirtiendo de que primero tenían que ponerse de acuerdo las propias compañías y, después, que su propuesta cumpliera determinadas condiciones: que ampliar la vida de las nucleares fuera seguro, que fuera necesario para la seguridad de suministro y, además, que no supusiera un sobrecoste para los consumidores.

“La carta es una declaración de intenciones, condicionada a modificar el vigente marco normativo de las centrales, en perjuicio de consumidores y ciudadanos, al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas”, apuntan fuentes de Transición Ecológica. Y por tanto, el Gobierno avisa de que “no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal. La carta no lo es”. Desde el Ministerio se matiza que se han de cumplir las tres condiciones y que, con la exigencia de rebajas de impuestos, ya no se ajustaría a la exigencia gubernamental de no cargar a los ciudadanos con costes que ahora asumen las compañías propietarias de las centrales.

La propuesta de las eléctricas contemplaría revisar el calendario de cierres programado, empezando el retraso de hasta 2030 de la clausura de la central de Almaraz, cuando el fin de las operaciones de sus dos reactores están previsto para 2027 y 2028, según ha adelantado Cinco Días. Una ampliación de la vida de la planta cacereña que ya implicaría una bajada de la denominada ‘tasa Enresa’ (los pagos en función de la electricidad producida por las centrales para financiar el coste de gestionar los residuos y desmantelar las plantas) de en torno al 18% al dividirse la recaudación por más años de producción.

Sin Naturgy ni EDP

Desde el propio Ministerio para la Transición Ecológica se subraya que la carta recibida sólo la firman Iberdrola y Endesa, pero no por Naturgy y EDP, las otras dos eléctricas que suscribieron en 2019 el protocolo que establece el calendario de cierre de las centrales y que son accionistas minoritarios en varios reactores. Una cirscuntancia que resulta relevante porque las decisiones estratégicas sobre las centrales han de adoptarse por unanimidad de todos los socios, con independencia del peso accionarial de cada uno, en virtud de la regulación de las denominadas asociaciones de interés económico (AIE) como las que gestionan las centrales.

En el caso de la central de Almaraz, Iberdrola es el accionista mayoritario con un 52,7%, pero ha de adoptar por consenso las grandes decisiones con Endesa (con el 36%) y Naturgy (con el 11,3%). Las tres grandes eléctricas han venido trabajando en una propuesta para pedir al Gobierno la ampliación de la vida de la planta cacereña, con la idea de prolongarla hasta 2030 porque es el “consenso mínimo” entre los tres socios. En un primer lugar, las compañías preparan la aprobación inminente de un plan de inversiones necesarias para tener las instalaciones listas para una eventual prolongación de sus años de funcionamiento, y posteriormente se presentaría una petición formal de prórroga de la licencia de operación.

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Algunos de los socios calculan que disponen de plazo como máximo hasta marzo de 2026 para presentar la solicitud de prolongar la vida de Almaraz, dando por hecho que la obtención los permisos del Gobierno y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tardaría 18 meses y les permitiría llegar a tiempo de evitar el cierre de Almaraz I en su fecha prevista, en noviembre de 2027. Fuera de eso plazo, la central tendría que estar un tiempo parada antes de poder volver a arrancar y ese es el escenario del que quieren huir a toda costa las eléctricas propietarias de la central.

Sin embargo, las eléctricas han venido defendiendo que para prolongar la vida de las centrales es condición imprescindible una rebaja de impuestos, porque aseguran que la carga fiscal actualmente les impide ser rentables. Pero el Ejecutivo rechaza este recorte de los impuestos porque implicaría trasladar al recibo de la luz que pagan todos los clientes los tributos y las tasas que ahora asumen las propias compañías eléctricas, a razón de unos 1.500 millones de euros al año. El compromiso es estudiar la solicitud si se presenta, pero según advierten fuentes del Ejecutivo, en ningún caso se puede dar por seguro que se aprobará la prórroga.