La justicia suspende la multa de Consumo a Ryanair y avala el cobro de la maleta de mano

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido las sanciones impuestas por el Ministerio de Consumo a Ryanair y Norgewian sobre el cobro de equipaje de cabina, que ascendían a 107 millones y 1,6 millones, respectivamente. Ambas empresas podrán seguir aplicando su actual política de equipajes hasta que haya una resolución en firme. "Los tribunales españoles han respaldado correctamente la legislación de la UE, que protege la libertad de todas las aerolíneas de la UE para fijar nuestros propios precios", ha celebrado el consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary.

La UE se alinea con las aerolíneas y apoya que se cobre por la maleta de mano en el avión

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado acceder a las medidas cautelares pedidas por las aerolíneas, con la condición de que las empresas aporten un aval bancario por la cuantía de la multa más la cantidad estimada en intereses. Entre otros razonamientos jurídicos, el tribunal afirma que suspende la sanción por la “imposibilidad (en este momento procesal) de prejuzgar el fondo del asunto” y porque resulta “evidente que la suma exigida es, ciertamente, muy levada, y su pago anticipado provocaría un desfase y dificultades a la tesorería de la parte recurrente”.

El Ministerio de Consumo impuso el año pasado multas a Ryanair, Easyjet, Norwegian, Vueling y Volotea por un total acumulado de 179 millones de euros por cobrar por el equipaje de mano, así como por otras prácticas como cobrar por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes o a menores, y por no permitir el pago de estos sobrecostes en metálico. También por exigir un pago por la impresión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto, por omisiones de información y por la falta de claridad en los precios publicados en su web y en la de terceros.

El Gobierno confía en que el Parlamento Europeo tumbe la propuesta que avala a las aerolíneas por cobrar el equipaje de mano

Todas las empresas recurrieron la sanción y solicitaron medidas cautelares, por lo que la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) confía en que esta decisión de los tribunales sobre Ryanair y Norwegian se extienda "al resto de compañías afectadas". Y defienden que esta decisión de la justicia madrileña "evidencia las dudas" sobre una sanción que, a su juicio, va en contra del Reglamento Europeo. "La suspensión de las medidas de la autoridad española de consumo, que habrían privado a los viajeros de la libertad de elegir qué pagar y llevar su equipaje, confirma la desproporcionalidad de la decisión original", ha valorado la patronal europea Airlines for Europe (A4E).

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha reiterado a través de la red social Bluesky que "cobrar por el equipaje de mano es ilegal" y ha hecho referencia a que el pasado martes la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo reclamó el derecho de los pasajeros a llevar equipaje de manera gratuita, aunque no se trata aún del mandato negociador que determinará la posición de la Eurocámara en las negociaciones con el Consejo de la Unión Europea sobre las nuevas reglas para los pasajeros aéreos, sino de un dictamen que podría incorporarse una vez que se defina la posición de la Eurocámara.

Reforma europea

A principios de junio, el Consejo de la Unión Europea (UE) decidió reformar el reglamento para permitir a las compañías aéreas cobrar por llevar una maleta en cabina, al limitar las dimensiones del bulto de mano gratuito a una mochila o maletín (40x30x15). Pero esta reforma del reglamento no es inmediata, sino que para que entre en vigor debe ser ratificada por el Parlamento Europeo.

Tanto el Gobierno español como las asociaciones de consumidores han avanzado que intentarán convencer a los eurodiputados para evitar la aprobación de esta norma. Las empresas consideran que esa decisión del Consejo de la Unión Europea establece "una única normativa a nivel europeo, despejando las dudas de los consumidores sobre la política de equipaje en cabina".

La patronal española ALA considera que la prohibición de cobrar por la maleta de mano supone un agravio comparativo respecto a otros países, donde esta práctica no está vetada, y perjudicaría gravemente y de forma irreversible a muchos pasajeros. Según sus datos, alrededor de un 40% de los pasajeros que compran la tarifa básica no compran servicios adicionales. "De aplicarse la prohibición de la práctica, unos 50 millones de personas en España deberán pagar por servicios que no necesitan", insisten.