El Gobierno presiona a Iberdrola y Endesa y prepara ya la red eléctrica para el cierre de la central nuclear de Almaraz

El Gobierno mete presión a las grandes eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz y toma medidas para reforzar el sistema eléctrico en la zona de influencia de la planta de cacereña, cuyos reactores está previsto que cierren en 2027 y 2028. Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres dueñas de la central, han mostrado públicamente su interés por aplazar la clausura de la central, pero aún no han presentado una propuesta formal para ampliar la vida de Almaraz. Mientras las eléctricas trabajan para alcanzar entre ellas un acuerdo de consenso sobre el futuro de la central nuclear, el Gobierno prepara el sistema para el escenario posterior a la clausura.

El Ejecutivo aprobó la pasada semana un plan de urgencia con inversiones de 750 millones de euros para reforzar la red eléctrica de alta tensión apenas dos meses después del gran apagón. El Consejo de Ministros dio luz verde a la ejecución rápida de 65 actuaciones para blindar la resiliencia de la red incorporando herramientas adicionales para facilitar el control de tensión, garantizar más inercia en el sistema y dar más estabilidad frente a oscilaciones como las que se registraron antes del ‘cero eléctrico’. Entre las actuaciones especiales aprobadas hay una directamente vinculada al futuro cierre de Almaraz.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, ha aprobado como parte de la modificación de la planificación de la red de alta tensión la instalación de un compensador síncrono en la subestación de Red Eléctrica de España (REE) en Almaraz, en Cáceres. Un equipo que sirve para controlar la tensión de la red y facilitar inercia al sistema, dos labores que ahora realiza en la zona muy especialmente la propia central nuclear de Iberdrola, Endesa y Naturgy.

El Gobierno quiere preparar el funcionamiento del sistema eléctrico en la zona para el escenario en que ya no estará la planta nuclear y que se conectarán muchas más plantas renovables que las actualmente operativas. El presupuesto para ampliar la subestación de Almaraz con una nueva posición de conexiones y con el nuevo compensador síncrono asciende a más de 71 millones de euros, casi una décima parte del importe total contemplado en el plan de urgencia del Ejecutivo.

“Red Eléctrica ha elegido los nudos eléctricos donde más impacto tendrán los equipos previstos en la modificación puntual, por su tensión y mallado, así como la situación de la red, generación y demanda, de acuerdo con el escenario del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)”, explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica a EL PERIÓDICO.

El PNIEC es la hoja de ruta energética y ambiental nacional hasta 2030 y en la que se contempla el cierre progresivo durante este década de las nucleares, comenzando por Almaraz. “En el caso concreto del nudo de Almaraz, es una zona donde sólo hay una gran central síncrona, cuyo cierre está previsto antes de 2030. Es una zona objetivo para incluir un compensador síncrono, que aporte inercia, control de tensión y estabilidad dinámica”, reconoce el Ministerio dirigido por Aagesen.

Sin plan para Almaraz

El intento de las grandes eléctricas de explorar con el Gobierno un cambio en el calendario de cierre de las centrales nucleares, empezando por Almaraz, ha entrado en punto muerto. Tanto el Ejecutivo como las compañías energéticas propietarias de las plantas (Iberdrola y Endesa como socios mayoritarios en las diferentes centrales y con Naturgy y EDP con participaciones minoritarias en algunas de ellas) se enrocan y se mantienen firmes en sus posiciones maximalistas, con condiciones previas por ambas partes que chocan frontalmente y que incluso dificultan siquiera que se abra un proceso de negociación sobre un eventual aplazamiento de las clausuras previstas. El encontronazo crucial entre ambas partes es sobre la aplicación de una rebaja de impuestos a las nucleares, que las eléctricas exigen y el Gobierno rechaza de plano.

En principio, las grandes eléctricas preparan una propuesta consensuada para pedir al Gobierno la ampliación de la vida de la central nuclear de Almaraz, con el objetivo de retrasar el cierre de los reactores programado para 2027 y 2028. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta cacereña, se agarran a un “consenso mínimo” que ya existe entre todas las compañías con el objetivo incial de solicitar una prolongación la licencia de operación de la central sólo hasta 2030.

Iberdrola (accionista mayoritario de Almaraz con un 52,7% del capital de la planta), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) deben reunirse en la junta de socios de la central para aprobar un plan de inversiones necesarias para tener las instalaciones listas para una eventual prolongación de sus años de funcionamiento. Un encuentro para el que no hay aún una fecha concreta y que se ha ido retrasando en los últimos meses. Aunque Iberdrola tiene la mayoría accionarial, las decisiones estratégicas han de adoptarse por unanimidad de todos los socios por la regulación de las denominadas asociaciones de interés económico (AIE) como la que gestiona Almaraz.

Las compañías calculan que serán necesarias inversiones por unos 15 millones de euros simplemente para tener lista la planta por si retrasa el cierre, tanto para asegurar los suministros (combustible nuclear, singularmente), la homologación de todo el personal y garantizar la seguridad de las instalaciones. Las eléctricas buscan dar una señal clara al Gobierno de su interés por mantener operativa la central de Almaraz, antes de solicitar formalmente una prórroga de la autorización de funcionamiento hasta 2030 que se haría, en todo caso, más adelante.

Algunos de los socios calculan que disponen de plazo como máximo hasta marzo de 2026 para presentar la solicitud de prolongar la vida de Almaraz, dando por hecho que la obtención los permisos del Gobierno y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tardaría 18 meses y les permitiría llegar a tiempo de evitar el cierre de Almaraz I en su fecha prevista, en noviembre de 2027. Fuera de ese plazo, la central tendría que estar un tiempo parada antes de poder volver a arrancar y ese es el escenario del que quieren huir a toda costa las eléctricas propietarias de la central. De momento, el CSN ya ha confirmado a las compañías propietarias que deben facilitarle antes del próximo noviembre la información necesaria para iniciar los trabajos para estudiar el proceso de desmantelamiento.

Líneas rojas

El Gobierno y las grandes eléctricas de momento no se han sentado a negociar ningún cambio en el calendario previsto de cierres de las centrales nucleares. Y el Ejecutivo no lo hará hasta que las compañías energéticas hagan una propuesta formal y concreta que cumpla unos mínimos que permita sentarse para empezar a dialogar.

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La primera condición que plantea el Gobierno a Iberdrola, Endesa y Naturgy es que primero se pongan de acuerdo entre ellas sobre qué hacer con las nucleares y que presenten una propuesta de consenso. Y el departamento comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen reclama también como condición imprescindible para empezar a hablar que esa propuesta conjunta de las eléctricas garantice que ampliar la vida de las nucleares será seguro, que es necesario para la seguridad de suministro y que no suponga un sobrecoste que tengan que pagar todos los consumidores.

Iberdrola y Endesa remitieron hace un mes una primera propuesta para ampliar la vida de las centrales nucleares y postergar el calendario de cierres previsto. La carta solo estaba firmada por las dos mayores eléctricas españolas, pero no por Naturgy ni EDP, las otras dos eléctricas que suscribieron en 2019 el protocolo que establece el calendario de cierre de las centrales y que son accionistas minoritarios en varios reactores. Una circunstancia que resulta relevante porque las decisiones estratégicas sobre las centrales han de adoptarse por unanimidad de todos los socios, con independencia del peso accionarial de cada uno, en virtud de la regulación de las denominadas asociaciones de interés económico (AIE) como las que gestionan las centrales.

Endesa e Iberdrola también reclamaban en su propuesta una rebaja de impuestos y otras facilidades económicas como condición para la ampliación de la vida de las centrales nucleares. Una exigencia que el Gobierno también rechaza, porque implicaría cargar a los ciudadanos costes que ahora asumen las compañías propietarias de las centrales.

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