Iberdrola lleva a los tribunales el freno de Trump a su gran parque eólico marino en Estados Unidos

Iberdrola ha decidido dar la batalla legal en Estados Unidos para desbloquear su principal apuesta en eólica marina en el país. La energética española, a través de su filial Avangrid y junto a Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), ha recurrido ante un tribunal federal de Massachusetts la orden de la Administración de Donald Trump que paralizó en diciembre parte de las obras del parque eólico marino Vineyard Wind 1, frente a la costa de Massachusetts.

La empresa conjunta ha solicitado una orden de restricción temporal y medidas cautelares contra la decisión adoptada el pasado 22 de diciembre por la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM), dependiente del Departamento del Interior, que ordenó detener los trabajos en cinco grandes proyectos eólicos marinos en la costa este del país. Entre ellos se encontraba Vineyard Wind 1, el mayor parque ‘offshore’ de Iberdrola en Estados Unidos.

Según la compañía, la orden de paralización vulnera la legislación vigente y, de mantenerse, podría provocar “daños inmediatos e irreparables” tanto al proyecto como a las comunidades de Nueva Inglaterra que ya se benefician de esta infraestructura energética. Mientras se dirime el conflicto en los tribunales, Vineyard Wind asegura que sigue colaborando con las autoridades federales para aclarar los argumentos esgrimidos por la Administración.

Un impacto limitado… por ahora

El golpe del parón no afectó de lleno al proyecto. Aproximadamente el 80% de Vineyard Wind 1 ya estaba operativo cuando se decretó la suspensión. De los 62 aerogeneradores previstos, la gran mayoría llevaba meses produciendo electricidad y abasteciendo a cerca de 400.000 hogares y empresas en Massachusetts. Solo quedaban por instalar una docena de torres, lo que limitó el alcance inmediato de la decisión.

El parque, equipado con aerogeneradores GE Haliade-X de hasta 13 megavatios, contará con una potencia total de 806 megavatios, suficiente para consolidarse como una de las mayores instalaciones de eólica marina del país.

En paralelo, la justicia estadounidense ya ha empezado a poner freno a la ofensiva de la Casa Blanca. Esta misma semana, los tribunales han concedido medidas cautelares a otros dos proyectos afectados por la misma orden: Revolution Wind, liderado por Ørsted, y Empire Wind 1, de Equinor, permitiendo que las obras se reanuden. Estos precedentes refuerzan la estrategia judicial de Iberdrola y sus socios.

Una ofensiva anunciada

El conflicto no ha pillado por sorpresa al sector. El pulso de Donald Trump contra la eólica marina lleva meses gestándose. Ya en septiembre de 2025, su Administración puso en el punto de mira dos proyectos de Iberdrola en Massachusetts —New England Wind 1 y 2— al iniciar los trámites para retirar sus permisos de construcción, en un movimiento que anticipaba un bloqueo más amplio a las renovables marinas.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha endurecido su discurso contra este tipo de instalaciones, alegando supuestos riesgos para la seguridad nacional, el impacto paisajístico o las afecciones a la pesca. Sin embargo, en paralelo, los permisos para proyectos de petróleo y gas han seguido avanzando sin obstáculos.

Una apuesta estratégica de miles de millones

Vineyard Wind 1 es la piedra angular de la estrategia ‘offshore’ de Iberdrola en Estados Unidos. El proyecto, participado al 50% entre Avangrid y CIP, ha movilizado una inversión cercana a 3.000 millones de dólares, respaldada por contratos a largo plazo con las principales eléctricas de Massachusetts.

Estados Unidos es, de hecho, uno de los mercados clave para la energética presidida por Ignacio Galán. A través de Avangrid, Iberdrola gestiona activos por unos 40.000 millones de dólares en el país y ha anunciado inversiones por más de 16.000 millones de euros hasta 2028, con especial foco en redes y generación renovable en el noreste.

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