Buenas noticias para los propietarios: el Tribunal Supremo avala que los inquilinos paguen el IBI y la tasa de basura

El mercado del alquiler en España está a punto de cambiar. El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un real decreto ley con el objetivo de tratar de frenar los numerosos problemas que existen a la hora de acceder a una vivienda, un problema que afecta a millones de ciudadanos. Entre las medidas más destacadas figuran los incentivos fiscales a los propietarios que mantengan el precio del alquiler al renovar los contratos y una mayor regulación para combatir el fraude en los alquileres turísticos.

En este contexto, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha introducido un nuevo elemento en el debate, esta vez con implicaciones directas para propietarios e inquilinos. El fallo aclara qué gastos pueden repercutirse al arrendatario y en qué condiciones, resolviendo una cuestión que en los últimos años ha generado numerosos litigios.

¿Qué dice la ley sobre los gastos de alquiler?

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece qué gastos asume cada una de las partes en un contrato de alquiler. El inquilino paga la renta acordada, los suministros (agua, luz, gas) y las pequeñas reparaciones derivadas del uso diario de la vivienda. Por su parte, el propietario debe asumir los gastos de comunidad —salvo que se pacte lo contrario—, reparaciones estructurales o de conservación y, desde 2023, los gastos de gestión inmobiliaria.

No obstante, la ley permite que determinados gastos, como los de comunidad, el IBI o la tasa de basuras, puedan ser repercutidos al inquilino. Para que esto sea válido, el artículo 20 de la LAU exige que el pacto conste de forma expresa y por escrito en el contrato de arrendamiento.

La clave de la sentencia del Tribunal Supremo

La reciente sentencia del Tribunal Supremo se centra precisamente en la interpretación del artículo 20.1 de la LAU, que permite repercutir al inquilino los “gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble” siempre que exista acuerdo contractual.

Hasta ahora, una parte de la jurisprudencia entendía que ese pacto debía incluir no solo la mención al gasto, sino también su importe concreto o, al menos, una referencia clara a la cantidad anual. El caso que llegó al alto tribunal partía de unos arrendatarios que se negaron a pagar el IBI y la tasa de basuras alegando que dichas cantidades no aparecían especificadas en su contrato. En primera instancia, los tribunales les dieron la razón.

El caso concreto que llegó al alto tribunal partía de unos arrendatarios que se negaban a pagar el IBI y la tasa de basuras porque esas cantidades no aparecían especificadas en su contrato. La justicia, en primera instancia, les dio la razón. Pero el Supremo ha corregido ese criterio.

Sin embargo, el Supremo ha corregido este criterio y ha determinado que no es imprescindible detallar el importe exacto del gasto en el contrato, siempre que quede claramente establecido que dicho concepto corre a cargo del inquilino. Una interpretación que refuerza la posición de los propietarios y aporta mayor seguridad jurídica en este tipo de acuerdos.

Un debate más allá de lo jurídico

Más allá de los matices legales, la sentencia ha reavivado un debate de fondo sobre la equidad en el reparto de los gastos del alquiler. El propio nombre de algunos tributos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, refuerza entre muchos inquilinos la idea de que se trata de costes inherentes a la propiedad y no al uso de la vivienda.

Para una parte de los arrendatarios, el esfuerzo económico que ya supone el alquiler mensual es suficientemente elevado como para añadir impuestos y tasas que tradicionalmente se consideraban responsabilidad del propietario. En un contexto de precios al alza y salarios ajustados, la posibilidad de asumir nuevos gastos genera preocupación y alimenta la sensación de inseguridad en el mercado del alquiler.