Iberdrola, Endesa y Naturgy apuran el plazo para enviar al Consejo de Seguridad Nuclear la información extra para ampliar Almaraz

El proceso impulsado por las grandes eléctricas para salvar del cierre a la central nuclear de Almaraz va quemando etapas. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta cacereña, presentaron al Gobierno a finales de octubre la petición formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y en 2028. Y el Ministerio para la Transición Ecológica reenvió la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como responsable de analizar las condiciones de seguridad nuclear que debe cumplir la planta para prolongar su funcionamiento.

El CSN pidió información extra a las compañías eléctricas sobre la posible ampliación de la planta para poder analizar en profundidad y les dio dos meses para remitirla. “La documentación e información solicitada deberá remitirse al CSN lo antes posible y no más tarde del 18 de febrero de 2026”, estableció el supervisor en la instrucción técnica aprobada. Las eléctricas están apurando el plazo pero cumplirán con la fecha límite fijada por el supervisor, según confirman fuentes oficiales de CNAT, la comunidad de bienes que comparten las compañías y a través de la que gestionan la central de Almaraz. Las compañías tienen previsto remitir toda la documentación requerida esta semana.

Primer informe, en verano

El Consejo de Seguridad Nuclear augura que, si esa información se la remiten las eléctricas cumpliendo los plazos temporales y de forma completa, podrá emitir su dictamen en apenas unos meses. La previsión que maneja el CSN es tener listo su informe este mismo verano, en julio o en septiembre a más tardar, según desveló el presidente del organismo, Juan Carlos Lentijo, en un encuentro con medios de comunicación hace unas semanas.

El CSN dispone formalmente hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe sobre la solicitud de prórroga de la central cacereña, según el reglamento vigente. Sin embargo, los planes del organismo pasan por tener listo el dictamen a mediados de este mismo año. Desde el CSN se reconoce que el análisis del supervisor sobre Almaraz en principio será más ágil y más corto que en otras renovaciones de licencia de centrales nucleares, dado que la última revisión periódica de seguridad (RPS) que superó la central cacereña se extiende ya hasta 2030, precisamente hasta cuando las plantas han solicitado ampliar la vida de la planta.

Un dictamen rápido del CSN mete presión al Gobierno para que también sea rápida su decisión sobre si aprueba o rechaza la ampliación de la licencia de Almaraz hasta junio de 2030. Una vez que el CSN envíe su dictamen al Ministerio para la Transición Ecológica dispone de apenas cinco meses y medio para pronunciarse sobre la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy (seis meses de plazo legal, menos las dos semanas que tardó el Ejecutivo en remitir al CSN la petición de las eléctricas de finales de octubre). Así que el Gobierno, dependiendo de cuándo se pronuncie exactamente el CSN, tendría que aprobar o rechazar la solicitud para ampliar Almaraz entre finales de 2026 y principios de 2027 para cumplir con esos plazos legales.

Las ‘líneas rojas’ del Gobierno

El Gobierno ha advertido a las grandes eléctricas que para estudiar sus peticiones de prolongación de la vida de sus centrales nucleares han de cumplir tres líneas rojas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica (lo que determinará el Consejo de Seguridad Nuclear); que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro eléctrico (lo dirá Red Eléctrica de España); y especialmente que no suponga un mayor coste para los consumidores en rel recibo de la luz ni para los contribuyentes a través de rebajas de impuestos a las compañías eléctricas. “Hemos pactado con las empresas energéticas el cierre de las centrales nucleares y vamos a seguir esa línea”, sentenció advirtió a las eléctricas hace unas semanas el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las grandes eléctricas pactaron en 2019 entre sí y con el Ejecutivo (a través de la sociedad pública Enresa) un calendario para el cierre progresivo de todos las centrales nucleares que arranca 2027 y culminará en 2035 con el apagón nuclear total. Esa es la guía vigente. En pleno expediente para analizar la ampliación de la vida de Almaraz, Moncloa avisa de que su hoja de ruta sigue pasando por el cierre escalonado de las centrales y se mantiene firme en las ‘líneas rojas’ que exige cumplir a las eléctricas.

Iberdrola, Endesa y Naturgy entienden que su petición para Almaraz cumple con las exigencias del Gobierno plenamente. Las eléctricas buscan allanar el 'sí' del Ejecutivo aparcando, al menos de momento, su petición de una rebaja de impuestos a las nucleares para seguir operándolas. En paralelo, se ha abierto una guerra de informes desde posiciones ‘pronucleares’ y ‘antinucleares’ que llegan a conclusiones contrarias sobre si la eventual ampliación de la central Almaraz supondrá a la larga una rebaja del precio de la electricidad o si, en cambio, provocará un encarecimiento por frenar el despliegue de las renovables. En este último caso, el Gobierno podría entender que retrasar el cierre de la planta incumpliría la ‘línea roja’ económica que ha marcado para aprobar la prórroga.

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