El Gobierno remite al Congreso el Estatuto del Becario, sin aún mayorías claras para aprobarlo

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros remitir al Congreso el conocido como Estatuto del Becario, que busca acotar el abuso por parte de las empresas y centros públicos de la figura de estudiantes en prácticas para suplantar a trabajadores. La norma, que enfila la senda parlamentaria sin aún una mayoría clara para prosperar, plantea obligar a las compañías a costear el transporte de los becarios y elevar las sanciones hasta los 250.018 euros, en los episodios más flagrantes, en caso de abusos. En paralelo, el Ministerio de Trabajo ha habilitado un buzón de denuncias anónimas para incentivar que aquellos alumnos que se sientan maltratados puedan cursar sus quejas. Actualmente, cerca de un millón de estudiantes realizan a lo largo del curso académico algún tipo de práctica curricular o extracurricular.

El Estatuto del Becario fue una de las víctimas del adelanto electoral de la anterior legislatura. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pactó con CCOO y UGT una batería de medidas que se quedaron en un cajón y que no han vuelto a salir hasta ahora. Las divisiones dentro del Gobierno, con el departamento de Universidades reacio o directamente en contra de algunos de los cambios planteados, tampco contribuyeron a que el proyecto de ley prosperara. La patronal CEOE rechazó sumarse hace dos años al acuerdo y rechaza hoy la norma, que supondrá un aumento de costes y papeleo para las compañías, así como un mayor varapalo para las incumplidoras.

Otro motivo que ha ido retrasando la tramitación de esta norma es la falta de apoyos parlamentarios que se encontrará el Gobierno para aprobarla. Tanto dentro de la mayoría de la investidura -PNV y EH Bildu se han mostrado reticentes-, como de fuerzas bisagra -Junts tampoco se ha mostrado partidario-. "Me dirijo claramente al Partido Popular, si el señor Feijóo está del lado de la juventud de este país o les va a volver a golpear en la cara", ha querido señalar Díaz este martes en rueda de prensa, en referencia a su 'no' a la reducción de jornada a 37,5 horas semanales.

La norma enfila el trámite parlamentario con un calendario incierto. Al ser proyecto de ley, se abre ahora un periodo de enmiendas a la totalidad y ese lapso puede ir prorrogándose. Durante las negociaciones parlamentarias también puede haber cambios sobre el texto, con el fin de atraer desde el Gobierno a grupos parlamentarios.

La vicepresidenta segunda considera inexplicable que en un mercado laboral como el español, que roza los 22 millones de ocupados, "apenas estén registrados 4.500 contratos formativos, es una pequeña anomalía y si no se usan es porque el campo está abonado para el abuso", ha afirmado. Entre 2021 y 2025, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó 2.688 falsos becarios en 6.519 actuaciones, según datos facilitados por el organismo este martes.

Tope de alumnos por centro

Actualmente, la legislación española ya contempla como una falta laboral el hecho de que una compañía suplante a un trabajador por un estudiante en prácticas y así se ahorre costes laborales. Lo que persigue la norma remitida este martes al Congreso es aumentar las garantías para los estudiantes y añadir pantallas para minimizar el fraude. "No puede haber ningún tipo de lucro mercantil respecto a las prácticas", ha insistido la vicepresidenta.

Por ejemplo, la norma establece un tope de estudiantes por empresa. Cada tutor podrá tener, como máximo y de modo simultáneo, a cinco estudiantes en prácticas, que serán tres en el caso de centros de trabajo de menos de treinta personas de plantilla. Y el número de personas en formación práctica no podrá superar el 20% del total del centro de trabajo.

La norma también obligará a las compañías a compensar los gastos derivados de las prácticas, como, por ejemplo, el transporte hasta el lugar de prácticas. Es decir, o bien pagarles un dinero o bien facilitarles un abono transporte. Además, las empresas deberán permitir a los estudiantes acceder a los servicios comunes de la plantilla trabajadora, como, por ejemplo, la cantina o comedor.

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