Siderúrgica vasca
Tubos Reunidos solicitará el concurso de acreedores por insolvencia inminente
Los acreedores de Tubos Reunidos podrían quedarse con el 95% del capital en un posible concurso

Tubos Reunidos no descarta pedir "un concurso de acreedores" por la situación del grupo
Sabina F. Macedo
La posible entrada a un concurso voluntario de acreedores por parte de Tubos Reunidos se confirma. La siderúrgica vasca ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que solicitará este rocedimiento judicial tras constatar una situación de “insolvencia inminente”, derivada de las tensiones de tesorería y el deterioro de su actividad en los últimos meses.
Según la información remitida al supervisor, el consejo de administración ha acordado presentar hoy mismo la solicitud ante el juzgado competente de Álava, después de que no se hayan podido garantizar las condiciones necesarias para asegurar la viabilidad del grupo, especialmente la entrada de liquidez.
La compañía atribuye su situación al agravamiento de los problemas financieros y al impacto de la paralización “indeseada” de la producción en su planta de Amurrio, en un contexto en el que llevaba meses trabajando en un plan de viabilidad que finalmente no ha logrado materializarse.
La decisión, explican, que también afecta a sus filiales, se ha adoptado con el objetivo de proteger los intereses de acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas, tras recabar asesoramiento externo.
De esta forma, el anuncio confirma el escenario que la propia empresa venía anticipando en las últimas semanas. A finales de abril, Tubos Reunidos ya advirtió a la CNMV de que su viabilidad estaba comprometida ante la falta de financiación y el bloqueo en las negociaciones con acreedores.
La crisis del grupo se ha visto agravada por varios factores. Entre ellos destca la ausencia de nuevos fondos, la imposibilidad de cerrar acuerdos para reestructurar su deuda —incluida la mantenida con la SEPI— y el deterioro industrial tras el conflicto laboral vinculado al ERE en las plantas de Amurrio y Trápaga, que derivó en un parón productivo. A ello se suma el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, uno de sus principales mercados, que han reducido significativamente su actividad exterior.
En bolsa, la compañía ya venía reflejando este deterioro, que en los últimos seis meses acumula caídas del 70% en bolsa. De hecho, solo el pasado lunes, ante los temores de un posible concurso, el grupo se desplomó un 40% en el mercado.
En este contexto, la entrada en concurso abre la puerta a una reordenación profunda del accionariado. Si la compañía no logra refinanciar su deuda, los principales acreedores —entre ellos la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la banca— podrían convertir parte de esos préstamos en acciones y hacerse con el control del grupo, lo que diluiría de forma significativa a los actuales accionistas y podría dejar hasta el 95% del capital en manos de los acreedores.
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