Efectos de la guerra y la peste porcina
Los ganaderos denuncian una caída de precios de la carne de cerdo que los supermercados no están aplicando al consumidor
La organización agraria COAG calcula que en dos años el diferencial entre la granja y el supermercado ha crecido un 179%, hasta llegar a ser de un 431% el pasado abril

Una carnicera prepara un trozo de panceta en un puesto del mercado de La Boqueria de Barcelona, en una imagen de archivo. / JOAN CORTADELLAS / EPC
En dos años, los productores de porcino españoles han dejado de ingresar un tercio de lo que solían. Entre que la peste porcina africana (PPA) declarada en noviembre pasado en Catalunya ha cerrado mercados a la exportación y que el actual contexto internacional ha encarecido los costes de producción, el sector no pasa precisamente por el mejor de sus momentos. Pero esa caída de precios en origen (el que cobra el ganadero cuando vende sus animales a la industria cárnica) no se ha visto reflejada en los precios que pagan los consumidores finales. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado este martes que los supermercados no están trasladando el descenso del 29% que ha registrado ellos. Según los cálculos del sindicato agrario, el diferencial entre la granja y el supermercado ha crecido un 179% desde abril de 2024, al pasar del 252% de entonces al 431% actual. Es una "brecha creciente e injustificada", lamenta COAG.
Así, mientras que por el cerdo que vende el ganadero la industria pagaba el pasado abril 1,30 euros el kilo, en el lineal del supermercado esta misma carne valía 6,90 euros el kilo, asegura la organización. Los datos del Índice Precios Origen-Destino (IPOD), un indicador que COAG elabora mensualmente, constatan además que el ganadero percibe un 28,9% menos por kilo de carne que hace dos años y que el consumidor está pagando un 6,9% más, el precio más alto de la serie histórica analizada. En abril de 2024, el precio en origen era de 1,83 euros/kilo y en destino ascendía a 6,45 euros/kilo. La diferencia entre ambos sumaba, pues, en 3,52 euros por kilo, lo que supone una subida del 252% ya citado entre la granja y la mesa. Dos años después, en abril de este año, la organización afirma que el diferencial respecto al supermercado ha escalado hasta los 5,31 euros por kilo y el margen IPOD se sitúa en el 431%.
Para COAG, esta evolución supone una transferencia neta de rentas desde el productor hacia la cadena de distribución e industria cárnica, ya que ni el ganadero mejora su posición, (ya que sigue cobrando por debajo de lo que percibía hace dos años), ni el consumidor se beneficia de una bajada de precios en origen que, en su opinión, debería haberse trasladado al lineal. La denuncia se produce justo una semana después de que los supermercados salieran al paso ante críticas como esta y aseguraran que no son ellos los que "se forran" en la situación actual.
El sector de la distribución señala que en las denuncias de los productores sobre ese diferencial de precios se producen "distorsiones sistemáticas de enfoques simplistas, que solamente consideran el de origen y el de destino sin tener en cuenta los procesos intermedios", en palabras del profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Manuel Hidalgo, autor de un estudio titulado 'Análisis de la cadena de valor agroalimentaria: metodología para la comparación precisa de precios origen-destino', elaborado por encargo de la asociación Asedas, que agrupa, entre otros, a Mercadona, Lidl y Dia.

Piara de cerdos en una granja. / IRIA D. POMBO
Pese a los razonamientos del sector del gran consumo, COAG reclama al Ministerio de Agricultura, "en especial del director general de Alimentación, José Miguel Herrero", la actualización y publicación de los estudios de cadena de valor y costes de los alimentos básicos más consumidos. "No es una petición menor. Es una forma de fortalecer la transparencia desde lo público", ha remarcado el responsable de cadena alimentaria de la organización agraria, Andoni García. Sin embargo, advierte, "esos estudios dejaron de realizarse y, con ello, el Estado dejó de ofrecer una referencia clara y accesible sobre cómo evolucionan los precios a lo largo de la cadena. Es una dejación de funciones negligente", denuncia.
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