"Hasta ahora pensábamos que el mercado suministra siempre y en cualquier lugar los bienes necesarios. Pero cuando viene una disrupción como esta te das cuenta de que el 90% de antibióticos se fabrican en China, que Europa no produce ni un gramo de paracetamol y que no hay stocks de emergencia para crisis sanitarias".

Estas palabras de Josep Borrell al poco de estallar la pandemia resumen la que fue una de las primeras lecciones que nos trajo la pandemia. Ni en Europa, ni en España había rastro de una industria capaz de fabricar productos sanitarios por sí sola.

Esta consecuencia de la deslocalización productiva hacia Asia que llegó de la mano de la globalización se dejó sentir muy rápido con la covidlos gobiernos no podían comprar elementos de protección para los cientos de miles de trabajadores que luchaban contra el coronavirus en primera línea ni respiradores para los pacientes que desbordaban las UCI de los hospitales.

El mercado global se había convertido en un bazar y muchos empresarios vieron la oportunidad de hacer el negocio de sus vidas a costa de la desesperación de las administraciones por adquirir alguno de los lotes que, literalmente, se subastaban al mejor postor desde China.

Iniciativa pionera

De aquella angustiosa experiencia surgió sin embargo una iniciativa redentora y pionera en la Comunidad Valenciana. Un conglomerado de empresas en su mayoría dedicadas al textil y radicadas en Ontinyent, junto con la patronal del sector Ateval, se aliaron con el ayuntamiento de la localidad de la Vall d’Albaida primero y con el Consell después para impulsar el que se conoce como "clúster sanitario" valenciano.

La idea era unir fuerzas para desarrollar contrarreloj un polo de producción de proximidad que asegurara el abastecimiento de material sanitario a corto pero también a largo plazo aprovechando el 'know how' del sector. La reconversión no fue sencilla: hubo que comprar maquinaria (una sola línea ronda los 100.000 euros de precio base), adaptar líneas de producción, obtener homologaciones y certificados sanitarios o construir ‘salas blancas’, entre otras adaptaciones.

La iniciativa salió adelante y se convirtió en motivo de orgullo valenciano pero la pandemia, aunque ahora repunta, ha ido perdiendo intensidad y el mercado poco a poco retoma su pulso habitual. La demanda se ha desplomado, China vuelve a competir y los empresarios del clúster piden no olvidar tan rápido aquella temprana lección. La reivindicación va dirigida al Gobierno central, que al contrario que la Generalitat no ha amoldado la ley de contratación pública para contemplar otras variables y apoyar así a esta industria, evitando que se oxide.

De hecho, el Consell rechazó unirse al consorcio que armó el Ejecutivo junto a las autonomías para ganar poder de negociación y hacerse con mascarillas, epis y demás.

Según los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad a este diario, este año y hasta el 30 de junio el Consell ha realizado pedidos por importe de 16.311.551,20 euros, de los cuales 11.635.451,20 corresponden a pedidos a empresas valencianas. Supone un 71,33% del total, que se ha destinado a la compra de buzos, batas, mascarillas, gorros, calzas y delantales. Prácticamente todo menos guantes, que no se fabrican en la Comunidad Valenciana.

El motivo del desmarque fue precisamente evitar que con las bases habituales de licitación, en las que prima el precio, la producción que llega de Asia se haga con todos los contratos públicos, como ha vuelto a suceder. Pero solo con las compras del Ejecutivo valenciano no está bastando para mantener activa esta industria, que registra caídas de producción superiores al 60% respecto a la fase dura de la pandemia y reivindica ser considerada "estratégica" por el papel fundamental que jugó durante la escasez mundial de material y que "salvó vidas".

El presidente de la patronal textil Ateval, José Serna, pone cifras a la diferencia de músculo entre ambas Administraciones. "Una autonomía no tiene la misma capacidad que un Gobierno. Aquí se han licitado contratos por unos 200 millones mientras los de La Moncloa fueron de 2.200 millones". Por eso, señala que "solo con el factor precio nunca haremos una industria estable" y reclama que se incorporen otros aspectos como la sostenibilidad, la calidad o la proximidad. De lo contrario, vaticina que será "complicado mantener esta industria a cinco años vista".

Líneas paradas

El empresario del sector Càndid Penalba, propietario de Cotopur e implicado en el clúster, asegura que "muchas líneas ya están paradas", entre ellas la que él habilitó en sus instalaciones. En su caso no la ha desmantelado porque, como la mayoría, ha vuelto a enfocarse en su modelo habitual de negocio, pero otros "se pillaron las manos" y se "emborracharon con la inversión realizada" y ahora tratan de deshacerse de la maquinaria adquirida al no poder mantenerla.

Según relata Penalba, el lucrativo negocio hizo que algunos empresarios llegaran a instalar hasta cuatro líneas de producción con las que fabricaban 100.000 mascarillas diarias. "Y las vendían todas", añade. Así, además de esos lineales sin uso, el frenazo de la demanda también ha dejado a muchas empresas con una gran cantidad de material ya producido y al que no logran dar salida: "Hay quien está quitándose el stock prácticamente regalándolo".

Serna confirma que no todos "han llegado a tiempo para amortizar la inversión" y recalca que "esto no ha sido una reconversión, sino una creación de nuevas divisiones" cuando la actividad habitual se detuvo. Para no perder todo lo ganado, el líder de Ateval apuesta por un "pacto de Estado" para dar apoyo a esta y otras industrial locales, un sector "que crea empleos con valor añadido" y que ejerce un "efecto tractor sobre el resto".