La falta de relevo generacional es uno de los principales problemas que afrontan muchas de la explotaciones agrarias y ganaderas en Aragón. Un problema sobre el que los profesionales del sector llevan tiempo alertando, pidiendo a su vez medidas para proteger el modelo familiar de agricultura y facilitar el trabajo agrícola. En respuesta a estas demandas, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón ha iniciado la consulta pública previa a la elaboración del anteproyecto de la futura Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón, mediante un documento que ya se encuentra publicado en el Portal de transparencia de la DGA.

La agricultura familiar es el modelo sobre el que se asienta fundamentalmente la producción de alimentos en Aragón, siendo uno de los pilares que sostiene su medio rural y que configura su territorio. Si sobre el modelo agrario familiar ya pesaban graves amenazas antes de la crisis del covid-19 debido a sus mayores dificultades que otros modelos de carácter corporativo para el acceso al capital, a los mercados globales, a los conocimientos y a la tecnología, estas podrían verse ahora recrudecidas en un previsible escenario de caída de la demanda y exceso de oferta.

«Habiendo quedado demostrada la fortaleza y fiabilidad de la cadena alimentaria para asegurar el abastecimiento a toda la población en una situación tan difícil como la actual, toca prepararse ahora para asegurar también la supervivencia de todos y cada uno de sus eslabones, sobre todo de los más débiles y entre ellos las explotaciones familiares ante la crisis económica que viene tras la sanitaria», ha manifestado el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona.

Asimismo, se hace imprescindible revisar los instrumentos clásicos de apoyo público a las infraestructuras de carácter comunitario que han permitido incrementar la competitividad de las explotaciones familiares en las últimas décadas, tales como las inversiones en regadíos y concentraciones parcelarias. «Su adaptación resulta imprescindible no sólo porque sus fundamentos jurídicos datan de hace 50 años y se precise ajustarlos a la realidad socioeconómica actual, sino porque es imperativo que respondan con eficacia a los retos sociales y económicos que ahora tenemos que enfrentar», han explicado desde el departamento.

Esta adaptación incluye también al propio patrimonio agrario del Gobierno de Aragón, regulado en estos momentos por una ley de 1992, para convertirlo en una herramienta útil que permita ponerlo a disposición de los profesionales agrarios, así como de los jóvenes u otros posibles colectivos que deseen incorporarse al sector.

Por ello, entre los objetivos que plantea la futura ley se encuentra establecer los criterios que caracterizan el modelo de agricultura familiar en Aragón, definir las prioridades para una aplicación más eficaz y eficiente de las políticas públicas en favor del modelo familiar agrario y de los bienes públicos asociados, y potenciar la figura del agricultor profesional en el marco del modelo familiar reduciendo la brecha de renta que sufre.

Por otro lado, la norma pretende mejorar la dimensión económica, productividad y competitividad de las explotaciones familiares agrarias, facilitando su acceso a la tecnología, a los conocimientos y a los mercados, al mismo tiempo que se mejora la integración ambiental de las explotaciones familiares agrarias y se favorece el relevo generacional y la incorporación de la mujer, en el marco del modelo familiar.

Asimismo, el documento recoge medidas para potenciar el papel de las comunidades de regantes en la creación y modernización de regadíos, mediante nuevas herramientas de apoyo público. Además, quiere afrontar la dispersión y fragmentación de la propiedad de la tierra incorporando nuevos instrumentos de concentración parcelaria, de reordenación y de gestión de la propiedad de acuerdo con el contexto ambiental y económico actual.

Otra de las iniciativas que plantea es configurar un banco de tierras que permita concentrar en favor del modelo familiar el patrimonio agrario de la comunidad, facilitando las inversiones privadas sobre ese activo a medio y largo plazo y preservando la propiedad pública. Finalmente, la futura ley quiere también potenciar y adaptar la estructura cooperativa aragonesa como solución preferente para facilitar el acceso competitivo del modelo familiar agrario a los mercados, a la tecnología y al conocimiento.

Los interesados podrán efectuar sus aportaciones al documento publicado en la web de Transparencia hasta el próximo 30 de junio. La intención es disponer, tras el verano, de un primer borrador de texto articulado que, tras su exposición pública y la emisión por los diferentes órganos implicados, pueda ser propuesto para la aprobación por parte del Gobierno de Aragón y su posterior trámite ante las Cortes.

Así se pretende facilitar que el sistema agroalimentario aragonés se adapte a su entorno y siga desempeñando el papel estratégico que ha demostrado ejercer en la actual emergencia sanitaria. Según Olona, «la agroalimentación jugó un papel capital en la recuperación de la crisis financiera del 2008, y también lo hará en la crisis del covid-19. Pero para ello habrá que tomar decisiones y medidas como las que ya hemos empezado a adoptar».