Para la politóloga Carmen Lumbierres, España vive una situación de «parálisis absoluta» por la incapacidad de los partidos en el parlamento para ponerse de acuerdo y formar un nuevo gobierno. Además de la imagen negativa que el país proyecta fuera, el hecho de no tener gobierno afecta y mucho a la vida cotidiana de los ciudadanos, aunque no seamos conscientes de ello. Sin gobierno no hay presupuestos y muchas de las leyes que son importantes para mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos no se pueden aprobar.

La principal función del gobierno es la de formular leyes que se someten a votación en el parlamento (el Congreso de los Diputados) para su aprobación o no por parte de las distintas fuerzas polítivas. Sin gobierno, la actividad parlamentaria queda suspendida y aunque sí que hay un gobierno en funciones, las posibilidades y medios del presidente y los ministros son muy limitadas.

La ley de transición energética para cumplir con los Acuerdos de París contra el cambio climático, la reforma de los delitos sexuales para terminar con la distinción entre abuso y agresión, la nueva ley de Educación que sustituya a la LOMCE para revertir los recortes de la crisis o la retirada de la cuchillas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla son algunos de los cambios legislativos que se han quedado en pausa a esperas de que haya un nuevo gobierno y el parlamento recupere su actividad.

Además, el país tampoco tiene presupuestos, lo que significa que hay grandes proyectos e infraestructuras pendientes de financiación porque hay que tirar con las cuentas de años anteriores y no se puede introducir ninguna novedad. Esto afecta, por ejemplo, a la subida de las pensiones, al incremento anual del dinero que se da a las comunidades autónomas o a proyectos de investigación que dependen de subvenciones públicas.