Este 2022 Aragón está de celebración y es que se cumplen 40 años de la aprobación de su Estatuto de Autonomía, un documento que es solo un papel pero que, llevado a la práctica, sirve para muchas cosas, como por ejemplo para que el gobierno de la comunidad decida dónde construye un hospital o un centro educativo, o qué medidas toma para reducir las personas que no tienen empleo.
Según explica el periodista político Conrad Blásquiz, «este 2022 hace 40 años que Aragón decidió su futuro». Gracias al Estatuto de Autonomía, la comunidad toma hoy muchas decisiones que afectan directamente a la vida de los aragoneses. «En estos momentos, el gobierno autonómico gestiona todo lo relacionado con el Estado de Bienestar: sanidad, educación, pensiones y empleo, y las políticas las decide el Gobierno de Aragón».
El Estatuto de Autonomía de Aragón se aprobó el 10 de agosto de 1982. Cuatro años antes, se había dado luz verde a la Constitución española que trajo la democracia a España tras la muerte del dictador Francisco Franco y que asentó las bases para la creación de los diferentes gobiernos autonómicos. Ya en 1978 se creó el primer gobierno preautonómico de la comunidad, con Juan Antonio Bolea como primer presidente.
«Una de las primeras decisiones que se tomaron fue la bandera de la comunidad, sus colores y el escudo, y que el 23 de abril fuese el Día de Aragón», recuerda Blásquiz, que indica que, hasta entonces, «Aragón no tenía ningún tipo de identidad, tenía bandera pero no estaba reconocida».
A partir de ahí, la comunidad comenzó a asumir competencias que eran del estado. Hay competencias propias, compartidas o que dependen del estado exclusivamente. «En estos momentos, Aragón lo gestiona casi todo y también ha asumido nuevas competencias con la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007», asegura el informador.
Más cerca de los ciudadanos
En España hay 17 comunidades y dos ciudades autónomas, y cada una de ellas tiene su propio estatuto. Los estatutos de autonomía son leyes orgánicas que son la base del Estado de las Autonomías, un modelo de organización territorial a caballo entre el estado centralista, como puede ser Francia, y el estado federal, como Alemania o los Estados Unidos.
Los estatutos dan a la comunidades la capacidad de autogobernarse y tomar sus propias decisiones en ámbitos como la educación, la salud, la universidad, el empleo o la justicia, lo que conlleva numerosas ventajas para sus ciudadanos. Por un lado, según explica Conrad Blásquiz, «permite ofrecer mejores servicios y soluciones adaptadas a las necesidades y peculiaridades de cada comunidad», como en el caso de Aragón, que tiene «una baja densidad de población y envejecimiento», dos variables que «condicionan mucho las políticas públicas».
Por ejemplo, en el ámbito de la educación, gracias al Estatuto de Autonomía, el Gobierno de Aragón decide los contenidos que se imparten en cada asignatura así como las horas que se dedican a las distintas materias a la semana en los colegios e institutos. «También permite que existan los CRAs, centros educativos en zonas poco pobladas, algo que en un estado centralista sería impensable porque no es rentable», expone el periodista especializado. Lo mismo ocurre con otros servicios, como la sanidad, el transporte y las carreteras.
Financiación de los servicios
Otro de los aspectos más importantes del estatuto es el de la hacienda, es decir, cómo se financian los servicios que la comunidad autónoma presta a los ciudadanos. Estos recursos vienen normalmente del dinero que el Estado recauda a través de los impuestos a los ciudadanos y que luego reparte entre las distintas comunidades autónomas. Unos acuerdos de financiación que se negocian y renuevan cada año.
Tal y como explica Blásquiz, «precisamente uno de los problemas que tiene el estado autonómico es este modelo de financiación, ya que hay muchas necesidades y muy pocos recursos». Actualmente se trabaja para reformar este sistema y hacerlo más acorde al reto que plantea la despoblación de algunos territorios españoles, lo que se denomina en la actualidad la 'España vaciada'.
NUEVE TÍTULOS: DESDE LAS INSTITUCIONES A LAS LENGUAS
El Estatuto de Autonomía de Aragón es a la vez una ley de España y de Aragón, pero solo se aplica en esta comunidad. En él se reconoce a Aragón como una nacionalidad histórica y a lo largo de sus nueve títulos se sientan las bases para su autogobierno. Así, el estatuto recoge las instituciones básicas aragonesas, como las Cortes o el Justicia de Aragón, y establece los derechos que tienen los aragoneses, «todas las personas que han nacido o residen en Aragón». También reconoce y protege las distintas lenguas de la comunidad: castellano, catalán y aragonés, y determina cómo deben ser las relaciones con el estado y con el resto de comunidades.
