El futuro no se limita, se educa: la reflexión de una alumna del Colegio Juan de Lanuza sobre recortar el uso de pantallas en el aula

El Gobierno de Aragón ha anunciado que, a partir del curso 2026-2027, los centros educativos deberán limitar estrictamente el uso de pantallas en el aula. La medida se presenta como una protección frente a los riesgos de la sobreexposición digital: problemas de concentración, dificultades en el aprendizaje o perjuicios para la salud mental. Sin embargo, aunque la preocupación de fondo es legítima, la solución planteada resulta, cuando menos, discutible.

En primer lugar, la prohibición no educa. Limitar las pantallas a un número reducido de horas no convierte automáticamente a los estudiantes en usuarios responsables, del mismo modo que prohibir un libro no fomenta la lectura crítica. Al contrario, el exceso de restricciones puede incrementar la atracción hacia aquello que se pretende evitar, trasladando el problema a los espacios privados donde no existe supervisión ni acompañamiento educativo. Con esta norma, los centros educativos corren el riesgo de desentenderse de una realidad que los alumnos seguirán encontrando fuera de sus muros.

En segundo lugar, la ley parece ignorar una evidencia incuestionable: vivimos en un mundo digitalizado. La universidad, el empleo y hasta las relaciones sociales se construyen, en gran medida, sobre la tecnología. Reducir su presencia en las aulas transmite un mensaje equivocado: que lo digital es un enemigo a combatir y no una herramienta que exige aprendizaje crítico. Los estudiantes no necesitan menos contacto con las pantallas, sino una formación más sólida que les permita entender sus riesgos y, al mismo tiempo, aprovechar sus posibilidades. Renunciar a este reto es condenar a una generación a llegar tarde al futuro.

Además, resulta incoherente depositar toda la responsabilidad en los centros educativos mientras las familias continúan recurriendo a las pantallas como entretenimiento rápido. Si el objetivo real es proteger a los menores, debe haber un compromiso compartido. Los colegios pueden limitar y acompañar, pero el hogar debe ofrecer alternativas de ocio y fomentar hábitos saludables que reduzcan la dependencia tecnológica. Pretender resolver un problema complejo únicamente a golpe de normativa escolar es simplificarlo hasta la ineficacia.

En conclusión, esta ley refleja más un miedo lo digital que una voluntad real de educar en su uso responsable. Limitar las pantallas es una medida superficial que puede dar la apariencia de protección, pero no prepara a los estudiantes para enfrentarse al mundo en el que vivirán. Lo verdaderamente necesario no es recortar horas de exposición, sino enseñar a gestionarlas con sentido crítico. Porque la tecnología no desaparece cuando se cierra un aula: nos acompaña dentro y fuera de ella. Y la única manera de que no nos domine es aprender a dominarla nosotros.