La seguridad ciudadana es, según la Real Academia Española, la "situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas de orden público". Aragón es una de las comunidades consideradas seguras, si bien en el último balance de criminalidad realizado por el Ministerio del Interior correspondiente al pasado año, las cifras no fueron buenas. Aumentó la delincuencia un 15,4%, destacando especialmente las agresiones sexuales con un crecimiento de un 138,5%; los robos con violencia un 16,5% más y los asesinatos un 200%. Todo en un territorio cada vez más despoblado y con una plantilla y organización de la Policía Nacional y de la Guardia Civil "caduca y escasa" en opinión de los sindicatos policiales que obviamente resta en los términos de efectividad en los que se pronuncia la RAE. Puedes seguir la última hora de las elecciones municipales y autonómicas aquí.

En el análisis sindical coincide el Justicia de Aragón que el pasado mes de febrero presentó un informe que sacaba los colores a quienes están al frente de estas competencias al señalar el "hecho objetivo" que "en las zonas más ricas, con grandes explotaciones agrícolas, hay más delitos" y que el modelo con el que se distribuyen las fuerzas y cuerpos de seguridad por el territorio "ha quedado obsoleto" porque "no se ajusta a la legalidad vigente y a las necesidades".

Ejemplo de ello es la distribución actual de los 122 puestos de la Guardia Civil que se remonta a unos cincuenta años atrás y que no están al 100% de capacidad. Ello produce que, por ejemplo, en Villanueva de Sigena, donde la plantilla diseñada por el Ministerio del Interior es de cuatro guardias, un sargento y un cabo, solo está el sargento.

Esta carencia acarrea situaciones extremas como que ninguno de los 32 puestos de Teruel estén abiertos las 24 horas para atender a los ciudadanos. El que cuenta con mayor horario al público es de Alcañiz de 09.00 a 14.00 horas. Mejor situación tienen en Huesca, donde abren 4 puestos de 42 y en Zaragoza, donde hay 49 cuarteles y solo cinco atienden al público todo el día.

Un cambio de modelo

Uno de los agentes que están sobre el terreno –que a fin y al cabo son los que mejor lo saben en detrimento de quienes ocupan grandes despachos en Madrid–, el intendente de la Policía Local de Ejea, lo tiene claro y propone una distribución comarcal. Por ejemplo, se podría conseguir unificar esos servicios de autoprotección y las tareas burocráticas del cuartel y disponer del resto para tareas de seguridad ciudadana. Podrían salir tres/cuatro patrullas en turno de mañana, en turno de tarde y en turno de noche y distribuirse por el territorio de tal modo que estuvieran a menos de diez minutos de una llamada de emergencia por parte del ciudadano.

Esta realidad operativa es bien conocida por los delincuentes, que a lo largo del último año han protagonizado oleadas de robos en diferentes municipios del medio rural aragonés y muy especialmente en la provincia de Huesca. Los vecinos, hartos, han llegado a hacer patrullas ciudadanas y muchos ayuntamientos a solicitar e instalar redes de videovigilancia en plazas y calles para hacer labores de prevención y para ayudar a los agentes en las investigaciones.

Un 'Gran Hermano' que no es solo un elemento de protección de los pequeños municipios, sino también de ciudades y de grandes capitales como es Zaragoza. En esta última el ayuntamiento, de la mano de los vecinos, ha ido instalado cámaras en barrios o zonas donde la criminalidad estaba en aumento para así intentar bajar la delincuencia instalada en determinados puntos de la ciudad. Y es que hay que tener en cuenta que las policías locales, aunque actúan ante cualquier hecho delictivo, solo son competentes en materia de seguridad vial, siendo la seguridad ciudadana un encargo exclusivo de la Policía Nacional o la Guardia Civil.

A ambos cuerpos les sucede igual: su catálogo de personal no está adaptado a la realidad vigente. Muestra para ello es el botón de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, cuya plantilla está cubierta por 22 agentes que se reparten, mitad y mitad, la investigación y la protección de las víctimas. Estos últimos 11 policías cuidan de media a un centenar de mujeres, si bien hay uno, en la actualidad, que está al frente de nada menos que 115 mujeres en los diferentes escalafones de riesgo. La solución de Interior para ello no es la de aumentar agentes de la Policía Nacional, sino conseguir que los consistorios se suscriban a su sistema Viogén y detraigan de sus plantillas a miembros para repartir las tareas del Cuerpo Nacional de Policía en esta materia.

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