Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam denuncian que el Gobierno español ha incumplido su compromiso de presentar un proyecto de ley de comercio de armas antes de un año. El plazo se cumplía el pasado miércoles.

"El año en que se bate el récord mundial de gasto en armamento ha sido tambien el año en el que Naciones Unidas ha sentado las bases de un futuro Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, y podría haber sido el año en el que el Parlamento español hubiera debatido y aprobado una ley para el control y la transparencia de las exportaciones de armas", declaró Esteban Beltran, director de Amnistia Internacional.

Las tres organizaciones han denunciado el incumplimiento del Gobierno del Código de Conducta de la UE con la venta de armamento a países como Colombia, Haití, EEUU, Indonesia e Israel. En total, cerca del 30% de los destinos de las armas españolas no superarían la aplicación de este Código, por el que los países europeos se comprometen a no vender armas a países en conflicto o que violen los Derechos Humanos.

Según los últimos datos oficiales, en 2005 España vendió armas por valor de 419 millones de euros a 48 paises, entre ellos países en conflicto o en los que se violan sistemáticamente los Derechos Humanos. También transfirió a China material nuclear, que podría incluir reactores y uranio empobrecido.

En cuanto a las ventas no oficiales, Amnistia Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam han mostrado su preocupación especial por la venta de 6 aviones C-212MP Aviocar a Indonesia. Estos aviones han sido enviados por piezas y ensamblados en el lugar de destino.

También preocupa el hecho de que España sea el primer exportador mundial de municiones a África Subsahariana, y esas ventas no tengan control alguno. Por ejemplo, se vendieron 37 millones de cartuchos a Ghana en 2004, pero esas ventas ni siquiera precisan autorización por parte del Gobierno porque se considera munición para caza. Las oenegés piden al Gobierno que siga el ejemplo de países como Francia e incluya en la ley la necesidad de mecanismos de control sobre esas transferencias.

La ley debería incluir, al menos, los siguientes elementos: un procedimiento transparente para la autorización de transferencias controlado por el Congreso de los Diputados; garantías para la aplicación estricta del Código de Conducta de la UE de exportación de armas; e indicaciones sobre la información que debe contener el informe oficial sobre las transferencias de material de defensa.