Un apoyo necesario

La UAVDI forma parte del área de servicios de protección de Atades. Es una unidad especializada en casos de abusos a personas con discapacidad intelectual de ámbito autonómico. Cuenta con un amplio equipo de profesionales, como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales o abogados, que intervienen en la atención directa a las víctimas y a sus familias.

Rara es la vez que una víctima llama a la puerta de la UAVDI por iniciativa propia. Además de las peticiones de colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios sociales, «hasta hoy nos hemos encontrado situaciones que se han detectado en centros donde se trabaja con personas con discapacidad intelectual. También nos han llamado familiares que han oído hablar de nosotros a través de los medios de comunicación», explica Victoria Ledesma, coordinadora de la UAVDI.

El proyecto se inició a raíz de los casos de personas con discapacidad intelectual en situación de desprotección con los que se topaba la Policía. Al ser mayores de edad, el área de protección del menor del Gobierno de Aragón no se podía hacer cargo de ellos; y al no estar incapacitados judicialmente, tampoco desde la comisión de tutelas del IASS se podía hacer nada.

Los servicios sociales y la policía solicitan la colaboración de la UAVDI ante situaciones de desprotección en las que están implicadas personas con discapacidad intelectual. Estas posibles víctimas «se encuentran sin red de apoyo ni vivienda a la que ir. Y en ese encuadre, resulta muy fácil acabar manipulado o inmerso en abusos o agresiones. Por eso se hace necesario trabajar en red con todas las instituciones públicas, colegios profesionales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y demás entidades con el fin de dar solución y prevenir posibles casos», apunta Ledesma.

Además de con la Policía y la Guardia Civil, cuerpos a los que forma, la UAVDI también mantiene «una colaboración muy estrecha con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)», que es uno de los cofinanciadores del proyecto. «Y nos coordinamos con las mesas de seguimiento comarcales contra la violencia de género, que nos solicitan información y asesoramiento para abordar situaciones de abuso en personas con discapacidad intelectual y colaboración para alguna intervención. Este año hemos tenido asimismo una colaboración estrecha con el Salud para realizar formaciones a matronas, médicos y trabajadores sociales de centros de salud de las tres provincias», expone la coordinadora de la unidad.

«Gracias a estas colaboraciones, y a las que mantenemos con los distintos servicios sociales comarcales, caso a caso vamos generando red, porque lo importante es que el abordaje sea integral para que resulte satisfactorio», añade.

El proceso de atención

Una víctima puede llegar hasta la UAVDI en el momento en el que se ha detectado el abuso, y entonces se inicia todo el proceso de acompañamiento. También puede ser derivada hasta la unidad cuando la denuncia ya está puesta y ha comenzado el proceso judicial. Lo primero que hacen los profesionales es evaluar su grado de discapacidad intelectual para ver con qué recurso le pueden apoyar, ya que todos los procesos de la UAVDI están adaptados de manera específica para las distintas necesidades de este colectivo.

«Lo segundo es valorar si la supuesta víctima se encuentra en un entorno de protección. Esto es fundamental para que se sienta libre de contar lo que le ha sucedido y a raíz de esto pueda tomar las decisiones de qué es lo que quiere hacer. Porque si sigue dentro del ámbito donde se está produciendo la situación abusiva, el miedo juega un papel muy importante», advierte Victoria Ledesma.

Después, los trabajadores de la UAVDI tratan de conocer con el máximo detalle el contexto y el entorno más inmediato de la víctima. «Y con toda esta información se realiza una evaluación de capacidades para saber cómo se expresa una persona y qué capacidades tiene para contar las cosas, detalles muy importantes para el proceso judicial». Así se generan unos apoyos específicos para que su testimonio pueda producirse en las mejores condiciones.

Si la víctima está judicialmente incapacitada, se le cuenta a la familia o a los tutores legales cuál es la situación y qué posibilidades hay de denunciar. Con su consentimiento, se contacta con la Policía o la Guardia Civil para preguntarle a la víctima de manera conjunta sobre los hechos delictivos.

Atades dispone en uno de sus centros de Zaragoza de una cámara de Gesell habilitada con un espejo unidireccional, como las típicas salas de interrogatorios policiales que aparecen en las películas, para que la víctima pueda hablar tranquila con los profesionales de la UAVDI y con las fuerzas de seguridad. El testimonio se graba para evitar, si es posible, que tenga que volver a contar lo mismo una y otra vez a lo largo del proceso policial y judicial, ya que revivir el suceso abusivo podría revictimizarle.

Si el abuso lo ha cometido alguien que convive con la víctima, la autoridad judicial tiene que autorizar una intervención y se la traslada a una de las plazas residenciales de emergencia de las que dispone Atades para estos casos.

Una vez obtenido el testimonio, se interpone la denuncia. Y el facilitador de la UAVDI, tras los apoyos previos, le acompañará a lo largo de todo el proceso judicial: al examen médico forense, a la vista oral… Y también le informará de qué es lo que está ocurriendo en cada momento con un lenguaje adaptado a sus capacidades para que la víctima pueda ser partícipe en primera persona y sea consciente de lo que está ocurriendo. «Porque con las personas con discapacidad intelectual es bastante habitual que se tienda a sobreprotegerlas o a que terceras personas tomen las decisiones por ellas», concluye la coordinadora de la unidad.