-¿Cómo es la labor del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) de Chiapas?

-El Frayba trabaja con comunidades indígenas que han sido marginadas durante años y han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como privaciones arbitrarias de la libertad. Hay mupresos inocentes que en muchos casos no hablan español, no saben por qué están en la cárcel y durante el trayecto desde el lugar de la detención han sido torturados. Hay empresas extractivas que amenazan a la población y a los territorios indígenas.

-¿Cuál es el origen de los conflictos?

-Desde hace más de un año se está produciendo el desplazamiento de la comunidad de Chalchihuitán, uno de los municipios más pobres de México y donde hay grupos armados que están amenazando a la población. El año pasado, 5.023 personas tuvieron que huir por la violencia y los disparos en la zona y uno de los grupos armados tiene mucho que ver con el que actuó en la masacre de Acteal en 1997.

-¿Hay riesgo de que aumente la intervención militar en comunidades zapatistas?

-Con la llegada (al poder) del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los riesgos es poner una guardia nacional integrada por mandos militares. Desde el año 95 en Chiapas, cuando apareció el ejército zapatista, hay comunidades militarizadas donde se han incremento las violaciones de derechos humanos. Hemos sufrido ejecuciones forzadas y muertos por la cercanía de los militares o en zonas donde han actuado directamente.

-¿Qué está haciendo al respecto el gobierno mexicano de López Obrador?

-No se ha tenido en cuenta ni se ha escuchado a los pueblos indígenas afectados por las empresas extractivas. Suponíamos que iba a ser un presidente mucho más abierto, pero a quien se ha escuchado es a las grandes empresas. México está viviendo una crisis de seguridad y militarizar el país tampoco es la solución. Lo vimos en la guerra contra el narco en tiempos de Calderón, que afectó a la población civil, hubo ejecuciones de familias enteras y el gobierno lo llamó «daños colaterales». Como organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos, estamos viendo que la militarización en Chiapas es un problema más que una solución.

-¿Quién financia a los grupos paramilitares en Los Altos de Chiapas?

-Se ha hablado de vínculos de grupos de corte paramilitar con los gobiernos municipales según hemos tenido testimonios. Desde el mismo Gobierno del Estado también tenemos conocimiento que un arma, como un cuerno de chivo, el AK-47, cuesta 500 pesos, unos 25 euros.

-¿Cómo es la situación de los miles de desplazados por la violencia paramilitar?

-Hay lugares donde tuvieron que regresar porque el gobierno municipal les obligó, diciéndoles que sino no tendrían el apoyo gubernamental. Algunos volvieron forzosamente, sin ninguna garantía de seguridad, y otros no pudieron hacerlo porque sus casas fueron quemadas y en la franja donde tienen sus casas siguen disparando. Muchos se encuentran refugiados con familiares en la cabecera municipal. La gente tiene que regresar porque no tiene otra opción, pero el Gobierno tampoco ha ofrecido ningún tipo de ayuda humanitaria.

-¿Cómo es la defensa de las comunidades indígenas por su territorio?

-Hay lugares donde existen campamentos militares muy grandes. En Chicomuselo se encuentra el más grande de Chiapas y la población está haciendo resistencia y luchando contra una explotación minera de oro y plata, con la presencia de militares. En comunidades zapatistas se ha denunciado, además, un incremento de vuelos rasantes como en 1995 cuando el ejército realizó vuelos hostigando a la población con un claro objetivo contrainsurgente.

-Chiapas está siendo víctima de crímenes contra líderes defensores del medio ambiente. ¿Por qué sucede?

-Porque defienden su tierra y territorio. Hay personas que forman parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y han sido víctimas. A principios de año mataron a un compañero porque se oponía al Centro Integral de Morelos y hace menos de un mes a dos concejales del CNI en Guerreros por defender su tierra y oponerse a las hidroeléctricas, minas, carreteras... Los pueblos indígenas no somos tomados en cuenta ni consultados debidamente.

-¿Cómo es la lucha de las mujeres por la autonomía indígena y la igualdad?

-Las mujeres tienen un papel cada vez más definitorio dentro de esta lucha. En las comunidades zapatistas, una de las primeras leyes que se aprobó fue la ley revolucionaria de mujeres. Vivimos en una sociedad machista y patriarcal donde aún faltan muchos caminos por abrir, pero cada vez se está teniendo más en cuenta nuestra palabra y se están abriendo espacios para poder llevar esa voz.

-¿Cómo funcionan los campamentos civiles por la paz de Chiapas?

-Se crearon en 1995 y han sido de gran apoyo para la población civil en las comunidades indígenas. Cuando el obispo de San Cristóbal hizo un llamamiento a la población civil nacional e internacional para denunciar lo que sucedía parecía que iban a ser temporales, pero con el paso del tiempo la población ha seguido solicitando la presencia internacional. Tiene un doble propósito. La presencia civil baja la tensión y la gente puede seguir trabajando y continuar con su vida cotidiana pero, además, esta presencia permite que baje el hostigamiento militar. En las comunidades donde hay campamentos civiles de observación siempre existe algún riesgo de violación de derechos humanos. Hay tres campamentos: el de Chicomuselo, uno en Acteal y otro en la selva de resistencia zapatista. Acompañan a la comunidad, documentan la situación y ven las necesidades que hay en cada momento.

-¿Cuáles han sido los logros más importantes del Frayba en sus 30 años?

-Falta mucho trabajo. En el problema de las violaciones de derechos humanos es muy difícil que el gobierno reconozca su responsabilidad pero hemos conseguido logros. Uno de ellos ha sido visibilizar que existen comunidades indígenas, se están organizando y salen adelante. Esto es lo que nos mantiene con el ánimo de seguir adelante. Trabajamos en la defensa del territorio y denuncias de torturas, privaciones arbitrarias de la vida y la libertad, ejecuciones y desapariciones forzosas, feminicidios... Atendemos todo aquello que sea una violación de derechos humanos.