En los años 60, en la región de Urabá, en el norte de Colombia, la mayoría de las tierras para el cultivo eran todavía baldías. El padre de Carlos Paéz, de origen campesino, llegó a una de esas veredas amplias y verdes. Allí comenzó a construir su casa y su vida, y allí nació Carlos, en 1975. Cuando tenía 22 años, en un clima de amenazas por parte de los paramilitares al campesinado para que abandonaran sus fincas, él y su familia fueron expulsados de sus tierras a punta de pistola.
«Ese día se hizo noche», lamenta Carlos. Desde entonces, ha encabezado la lucha del campesinado colombiano de Urabá para recuperar sus hogares y se ha erigido como defensor de los Derechos Humanos en su país. «Vinieron los paramilitares y nos dijeron que necesitaban nuestras tierras para combatir la guerrilla. Nos resistimos a salir hasta que empezó a desaparecer gente, entonces comenzó la tragedia», recuerda Carlos de esos fatídicos años 90.
Pero la violencia aumentó con el paso de las décadas. La esperanza que nació con el Acuerdo de Paz de la Habana (que ponía fin a las FARC) y el arranque de la Mesa de Negociación con el ELN se vio empañada por el dramático aumento de las agresiones y muertes de los líderes y personas defensoras de los Derechos Humanos: desde esa fecha emblemática de noviembre del 2016 hasta mayo del 2018, asesinaron a 282 líderes sociales. Es decir, cada dos días moría una persona por construir la paz.
El hogar de Genaro Graciano, en Ituango, también se vio afectado por el abuso de poder. Pero en su caso, por un megaproyecto hidráulico. Las comunidades rurales a la orilla del cañón del río Cauca, la segunda arteria de Colombia, fueron invadidas en el año 2009 con el inicio de Hidroituango, un proyecto hidroeléctrico ubicado entre el municipio de Ituango y Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia. «La empresa entró a despojar a los campesinos de sus tierras. Primero fueron los paramilitares y ahora era la propia Policía», explica Genaro. Los escasos estudios sobre el terreno, ubicado sobre fallas geológicas y una superficie inestable, hicieron que en numerosas ocasiones la fuerza del río sobrepasase la capacidad del embalse y que los túneles de desviación se obstruyeran. El embalse se desbordó en el 2018 en multitud de ocasiones, provocando la inundación de pueblos enteros y el desplazamiento masivo de la población, la destrucción de la naturaleza y de las especies del río, que les dejó durante meses sin subsistencia. «Nuestra forma de vida es el río Cauca. Somos pescadores, barqueros, arrieros y campesinos. Si se corta el agua, muere el territorio», señala Genaro. Desde el Movimiento Ríos Vivos denuncia, desde hace años, las concesiones mineras y la mirada mercantilista de la energía, la naturaleza y los territorios. Una defensa del río que le ha traído «más de viente amenazas».
VISITA A ZARAGOZA
Ambos líderes colombianos se encuentran actualmente en España gracias al Programa de acogida temporal a personas defensoras de Derechos Humanos, un proyecto de la Fundación Mundubat y el Ayuntamiento de Madrid, que pretende proteger temporalmente a estas personas que han sido amenazadas en sus países de origen y también generar un espacio de concienciación en las ciudades receptoras. Por este motivo, Carlos y Genaro visitaron Zaragoza el pasado 12 de noviembre para impartir una charla en la DPZ.
«Con la firma de un acuerdo de paz nos hemos encontrado que se paga con más sangre. La violencia no ha disminuido. Las FARC instauraron un estado paralelo: recogían impuestos, impartían Justicia, hacían una administración paralela en amplias zonas donde el estado no entraba. Con la desaparición de las FARC, ese territorio ha quedado a merced de todos los otros grupos armados. Es un territorio en disputa: se disputa para la producción, para las rutas de narcotráfico, para que los campesinos produzcan para estos grupos armados que coaccionan y amenazan. La ausencia de una fuerza pública ha hecho estallar el conflicto», explica Raúl Rojas, coordinador del programa.
El problema es de tal envergadura que, según la Defensoría del Pueblo de Colombia, 424 organizaciones sociales, comunales, étnicas, de género, relacionadas con diversidades, políticas y populares se encuentran en riesgo. Resulta preocupante que el 70% de los casos del 2017 siga en fase de investigación, es decir, que ni siquiera se haya empezado a recopilar las pruebas. Esa impunidad es la que además de aumentar el dolor de las víctimas alimenta más violencia.
Con la llegada de la Ley de Justicia y Paz en el 2005, que exigía la restitución de las fincas expropiadas por grupos armados, Carlos y el resto de sus paisanos solicitaron a la Administración la devolución de sus tierras. «La primera vez fui solo y no me hicieron caso. La segunda, fuimos diez. Luego 20. Luego 50 y más tarde 100. Continuaban sin atendernos». Es entonces cuando forman la Asociación de Reclamantes de Tierras de Urabá. Mientras tanto, asesinaban a sus compañeros: Jaime Gaviria (2008), Albeiro Valdés (2009) o Hernando Pérez (2010).
Ante tales crímenes, que buscaban deshacer el movimiento, ellos responden con lo contrario: creciendo y fortaleciéndose. Así, lograron el apoyo de organizaciones como la Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación, la Red de Compañeros y Compañeras por la Paz o la Consultoría para los Derechos humanos y el Desplazamiento. Gracias a esa lucha, 50 familias -de 800- han podido recuperar sus hogares. «Ante las amenazas, y ante las muertes de mis compañeros, no puedo decir que no tengo miedo, pero recuperar lo que nos fue arrebatado es más importante. Solos no conseguimos nada. Y espero que en el futuro lo consigamos», dice esperanzador.
