En plena pandemia, en lugar de centrarse en contener su expansión, garantizar el derecho a la salud y seguridad alimentaria en el campo, el Gobierno colombiano ha militarizado amplias zonas del país, reanudando operaciones de erradicación forzada de cultivos de coca y permitido el despliegue de nuevas tropas norteamericanas para una pretendida lucha antinarcóticos.
En un reciente comunicado, numerosas organizaciones destacaban que «la subordinación del establecimiento colombiano y la entrega de la soberanía a los gobiernos y poderes económicos norteamericanos es histórica».
Desconociendo la Constitución y la autorización del Congreso, se han abierto las puertas a las tropas de EEUU, en lo que parece un nuevo intento de desestabilizar Venezuela, después de los fracasos previos, incluida la reciente invasión fallida de mercenarios norteamericanos en el marco de la operación Gedeón, pero que en esta ocasión podría incendiar la región.
La intensificación de operativos de erradicación forzada ha ocasionado la muerte de numerosos campesinos que protestaban en contra de estas actuaciones.
Además, organizaciones como el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia han denunciado el riesgo de propagar el coronavirus a sectores rurales donde no existía la enfermedad, al trasladar militares de zonas con casos positivos a departamentos como Arauca sin los debidos protocolos de bioseguridad.
Esto sería la ocurrido en otras zonas como Santa Rosa del Sur (Bolívar), donde la Federación Agrominera del Sur del Bolívar ha denunciado la ocultación de 23 casos detectados de covid, que corresponden a personal militar del Batallón de Selva 48, con sede en el casco urbano, y que realiza labores de patrullaje.
