S i el 2020 estuviera siendo un año normal, la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) saldría esta semana a la calle, ya que cada último sábado de septiembre celebran su día internacional. Por la situación sanitaria no habrá actos públicos. Pero eso no impide que, un año más, reivindiquen unos derechos que, paradójicamente, ya recoge la ley. Lo que “urge” es “que las administraciones públicas se apliquen, de una vez, en su cumplimiento”, apunta Jesús Carlos Laiglesia, responsable de relaciones institucionales de ASZA.

La misma ley que hizo oficiales las lenguas de signos españolas, en el 2007, ya establecía la obligación de facilitar a las personas sordas las relaciones y la comunicación con cualquier Administración pública. Pero, trece años después, lamenta Laiglesia, “todavía no se ha desarrollado el reglamento”.

En el año 2013 llegó la ley de derechos de las personas con discapacidad, con idénticos -y nulos- resultados prácticos. Contempla sanciones para las instituciones que no aseguren unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, como puede ser contar con intérpretes de lengua de signos. Diciembre del 2017 era la fecha límite para su cumplimiento, pero acumula casi tres años de retraso.

En Aragón, el Estatuto consagra la autonomía y la integración social de las personas con discapacidad, y dos leyes detallan las garantías necesarias para hacer efectiva la igualdad de derechos de los sordos. Pero se quedan en una declaración de intenciones.

“Como sociedad, tenemos el compromiso de dotar a las personas sordas de los recursos y apoyos que necesiten para comunicarse y para acceder a la información”, reclama el portavoz de ASZA, ya que esta es la puerta de entrada a todos los demás derechos de ciudadanía.

Por ello, desde esta asociación, en colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y la delegación aragonesa Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Aragón), exigen “la presencia de la lengua de signos en todos los ámbitos: sanidad, justicia, educación, servicios públicos, cultura, medios de comunicación, empleo…”, detalla Laiglesia, “para evitar que ninguna persona sorda se quede atrás”.

Además, este año hay más motivos si cabe para reclamar la promoción de entornos plenamente accesibles e inclusivos. La situación generada por la pandemia de covid-19 ha exacerbado las desigualdades que padecen las personas con discapacidad auditiva, impidiéndoles su acceso de forma autónoma a numerosos derechos, prestaciones y servicios básicos. “La exclusión y el aislamiento a las que en los últimos meses se ha sometido a las personas sordas y sordociegas, para quienes su lengua natural es la de signos, al negarles su derecho a utilizarla, es injustificada”, sostiene Jesús Carlos, e ilustra esta drástica afirmación con un ejemplo.

“Tras la declaración del estado de alarma, se han multiplicado los servicios de atención telefónica para acceder a la información sobre el coronavirus, a las distintas medidas gubernamentales, para gestionar ayudas y prestaciones, para la atención durante la hospitalización o el seguimiento domiciliario, para recibir asistencia psicológica o incluso, en el caso de personas mayores o dependientes, para satisfacer necesidades básicas como comprar comida o medicamentos”, incide.

Que la telefónica sea la única vía de acceso a todo este listado de servicios “discrimina a las personas sordas y vulnera sus derechos. Nuestra igualdad requiere de interpretación en lengua de signos, videointerpretación, textos escritos y la existencia y uso de mascarillas transparentes, asequibles económicamente para la población, cuyas características técnicas y biosanitarias, como la respirabilidad, la seguridad, la sostenibilidad y un diseño que facilite tanto la lectura labial como la percepción de la expresión facial en su conjunto, estén debidamente homologadas por el organismo público pertinente”, en este caso, la Agencia Española del Medicamento.

“El presente y el futuro de nuestra comunidad autonómica, su reconstrucción social y económica, debe contemplar a las personas sordas”, reivindica. “Reafirmando los derechos de las personas sordas, nos reafirmamos como sociedad, una sociedad civil capaz de acabar con la brecha social que afecta a los más vulnerables”, concluye.