¿Ha dado ya sus primeros pasos la Plataforma Aragonesa por la Justicia Fiscal?

Aunque todavía estamos en proceso de consolidación del grupo de trabajo, de momento hemos participado en iniciativas compartidas, como un encuentro estatal de plataformas, y en propuestas dirigidas a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país, que también hicimos llegar a todas las consejerías del Gobierno de Aragón. Recoge 67 medidas contra el fraude y la elusión, de control del gasto público, reformas del sistema tributario con perspectiva medioambiental y de género, así como otras relacionadas con la sensibilización fiscal y de los servicios públicos a la ciudadanía y de competencia estatal y autonómica.

¿Por qué es importante defender la justicia fiscal?

La desigualdad entre ricos y pobres es extrema a nivel mundial y limita las oportunidades de desarrollo de millones de personas. España se encuentra entre los países más desiguales de la Unión Europea. La distancia entre quienes más tienen y los que menos está aumentando, y Aragón no es una excepción. La justicia fiscal tiene un papel crucial en la reducción de las desigualdades sociales originadas por el vigente sistema económico capitalista, patriarcal y racista. El sistema tributario es una de las bases esenciales de la redistribución de la riqueza y la disminución de la desigualdad social y territorial. Sin justicia fiscal no hay justicia social.

¿Cuáles son las consecuencias de una fiscalidad injusta?

La falta de justicia fiscal y social provoca, por ejemplo, la avaricia, el egoísmo y la falta de solidaridad y empatía por parte de aquellas personas o grandes empresas que acumulan poder y riqueza sin pagar lo que les corresponde, evadiendo y eludiendo impuestos a través de paraísos fiscales.

¿Cómo afecta la crisis sanitaria a la desigualdad?

Según estimaciones de Oxfam Intermón, a nivel global, la pandemia del coronavirus ha incrementado la desigualdad en prácticamente todos los países del mundo. Mientras las mil personas más ricas del mundo solo necesitaron nueve meses para recuperarse de la crisis, las más pobres podrían necesitar más de una década. Según el Banco Mundial, el número de personas que vive en la pobreza ha aumentado en al menos 200 millones desde el inicio de la crisis. Esta situación podría revertirse en tres años si los gobiernos tomaran las medidas necesarias para reducir un 2% anual los niveles de desigualdad. El incremento de la riqueza de las diez personas más ricas del mundo entre mediados de marzo y diciembre del 2020 (540.000 millones de dólares) sería suficiente para financiar el coste de la vacuna contra el covid-19 para todas las personas del planeta.

¿Qué ha ocurrido en España?

Calculamos que el 10% más pobre de la población ha perdido, proporcionalmente, hasta siete veces más renta que el 10% más rico. Casi 800.000 personas más, según nuestros cálculos, podrían caer en la pobreza severa, que podría llegar a afectar a 5,1 millones de personas viviendo con menos de 16 euros al día. Jóvenes, mujeres y personas migrantes son los más afectados.

¿Y en Aragón?

El número de aragoneses que se encuentra en situación de pobreza relativa (los que viven con 24 euros al día o menos) ha aumentado en 11.608 personas con la pandemia, alcanzando ya a un total de más de 245.000.

¿Urge una reforma fiscal?

Sí, para poder pagar la recuperación es urgente recaudar más, y de forma justa y progresiva. Para ello, es vital igualar el gravamen del capital con las rentas salariales, asegurar que las grandes empresas pagan lo que deben, luchando contra la evasión y elusión fiscal, gravar la riqueza extraordinaria y condicionar la ayudas a empresas a buenos comportamientos fiscales.

¿Ayuda la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital?

Siempre que se amplíe su cobertura para reducir la pobreza infantil, adecuando requisitos para agilizar que los fondos lleguen a las familias sin ingresos y asegurando que las comunidades autónomas usan lo que se ahorran en luchar contra la pobreza.

¿Qué ocurre con el mercado laboral?

Debe mejorarse el modelo productivo, apoyando a las empresas que garanticen empleo digno. Hay que evitar salir de la crisis a costa de precariedad laboral, regulando la temporalidad, la parcialidad, la subcontratación o los falsos autónomos. También es importante proteger a colectivos vulnerables como las empleadas del hogar, garantizándoles derechos clave, como el acceso al desempleo, o la población migrante, con una regularización extraordinaria o la flexibilización de los plazos de arraigo.

¿Cómo deben invertirse los fondos europeos para la reconstrucción?

Con una mirada a largo plazo transformadora y que genere un empleo digno que contribuya a reducir la desigualdad. Además, debe ponerse un foco en los más vulnerables, invirtiendo los fondos verdes en su adaptación al cambio climático o los fondos digitales en formación para reducir la brecha digital.

¿Exigen reformas legales?

En principio, con que se cumpliera la Constitución española bastaría, pues tiene como principio orientar la economía al interés general y al bien común, a través de un proyecto económico y social capaz de redistribuir los ingresos y luchar contra la desigualdad y la pobreza, así como financiar servicios públicos de calidad y demás gastos sociales característicos y necesarios del Estado del bienestar, bajo los principios de eficiencia y equidad, e imperativos del modelo de Estado social que rige nuestro ordenamiento jurídico desde el propio artículo 1 de la Constitución.

¿Qué otros principios constitucionales deben cumplirse?

El artículo 128.1, asegurando que toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad, pública o privada, está subordinada al interés general; el 40.1, promoviendo un orden económico y social justo y una distribución de la renta más equitativa; el 31, asegurando a todas las personas una digna calidad de vida; y el 103.3, garantizando el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, premisa que no es factible si no existe una previa y real igualdad de oportunidades.