Hoy se celebra la primera jornada de formación sobre la inclusión de la discapacidad en la política pública de cooperación al desarrollo, organizada por el Gobierno de Aragón. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en torno al 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad.

De esta cifra, un porcentaje desproporcionado, más del 70%, vive en países desfavorecidos. Además, se calcula que este colectivo supone en torno al 15% o al 20% de las personas más vulnerables que habitan en estos territorios, y que sufren una mayor discriminación. Apenas reciben atención especializada y, en muchas ocasiones, acaban siendo el rostro más visible de la pobreza y la exclusión social.

Uno de los principales retos de la inclusión de la discapacidad en la política de cooperación al desarrollo que hemos detectado es la necesidad de trabajar para que los países incorporen marcos legislativos que prohíban explícitamente toda discriminación, en cualquier ámbito, hacia las personas con discapacidad. Los otros grandes desafíos son lograr la accesibilidad universal y la puesta en marcha de servicios y recursos especializados que favorezcan una mejora en sus condiciones de vida, porque igualdad también es construir el mundo a la medida de todas las personas.

En Aragón, el Plan Director de la Cooperación aragonesa para el Desarrollo (2020-2023) constituye la hoja de ruta de las políticas de solidaridad de nuestra comunidad y marca las prioridades sectoriales, transversales y geográficas de especial incidencia de la cooperación internacional aragonesa en la presente legislatura. Dicho plan incorpora como novedad la inclusión por primera vez de la discapacidad como una línea prioritaria de actuación de nuestra cooperación. De este modo, estamos dando cumplimiento a los compromisos del Gobierno de Aragón de ofrecer una atención integral y especializada de la discapacidad, a la implementación de la Agenda 2030 y a la firme convicción que tenemos desde el ámbito de la cooperación de que no es posible un desarrollo sostenible si no se incluye a todas las personas.

Para el Gobierno de Aragón, la cooperación al desarrollo constituye la mejor herramienta para proyectarnos al mundo como una región solidaria que promueve la justicia social, la equidad y el desarrollo sostenible. Pero también para dar cumplimiento a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con la que estamos firmemente comprometidas.

Desde el 2015 hasta el 2021, el Ejecutivo autonómico aragonés ha incrementado de manera importante el presupuesto destinado a cooperación, pasando de 2.844.471 a 6.639.676 euros. Somos conscientes que, de la crisis, se sale cooperando, ya que si algo ha puesto de relieve el coronavirus es que vivimos en un mundo interconectado y que, por lo tanto, la respuesta a la crisis sanitaria, social y económica debe ser global e implicar a todas las sociedades, sin dejar a nadie atrás, especialmente a las personas más vulnerables.