El Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha aceptado en gran medida la demanda de nueve jóvenes por un futuro más digno. El pasado jueves dictó que debe reformarse la ley federal de protección del clima para finales del 2022. El alto tribunal germano considera que la actual inacción viola las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía. Ahora, los legisladores deben definir un nuevo camino para lograr la neutralidad de los gases de efecto invernadero.

Los jóvenes denunciantes, que contaron con el apoyo de Greenpeace, Amigos de la Tierra Alemania (BUND) y otras organizaciones medioambientales, argumentaban que los objetivos y medidas de la citada ley no son suficientes para proteger efectivamente sus derechos fundamentales de las consecuencias del calentamiento global. Añadían, además, que la norma tampoco permitiría al Gobierno alemán cumplir con las obligaciones internacionales que había asumido en materia climática, como el Acuerdo de París.

El Constitucional “ha establecido un nuevo estándar global para la protección del clima como un derecho humano. Ha reconocido la crisis climática e interpretado los derechos fundamentales de una manera que incluye tanto a las generaciones presentes como a las futuras”, afirma la abogada de los demandantes, Roda Verheyen. “Esperar y retrasar las reducciones radicales de emisiones hasta más tarde es inconstitucional”, añade.

“La decisión de la justicia alemana es una gran victoria para nosotros, los jóvenes que ya estamos afectados por la crisis climática”, sostiene Sophie Backsen, una de las demandantes. “La protección climática efectiva debe comenzar y aplicarse ahora, no dentro de diez años. Esta es la única manera de asegurar mi futuro en mi isla natal”, Pellworm, en el archipiélago de las Frisias.

En España, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón litigan en el Tribunal Supremo contra el Ejecutivo por inacción ante el cambio climático. “La sentencia alemana envía un nuevo mensaje al Gobierno de España y al resto de gobiernos europeos: la inacción ante el cambio climático es ilegal”, afirma Lorena Ruiz-Huerta, abogada de las tres organizaciones.