¿Qué relevancia ha tenido el tercer sector para paliar los impactos no sanitarios del covid?

Al principio permitió establecer redes de logística para apoyar a las personas confinadas, con ayudas informales del voluntariado para tareas como arreglar un grifo o hacer la compra a quienes no podían salir de casa. Hay otros ejemplos como el de la Coordinadora del Voluntariado, que a través de Frena la Curva estableció redes para crear equipos de protección cuando no había disponibles; o los más de 10.000 desplazamientos que tuvo que hacer Cruz Roja en Teruel; o las redes de apoyo educativo a distancia… El tercer sector estuvo en los pequeños gestos, que son los que dan la normalidad a la ciudadanía, y también en la atención sociosanitaria, como las residencias de mayores o de discapacidad. El impacto fue muy importante en los primeros momentos, pero lo va a seguir siendo en los próximos de los próximos meses, hasta que se recupere la normalidad económica y social.

¿Se han sentido apoyados por la Administración?

La verdad es que el concepto de Seguro Social sí que ha funcionado. El impacto fue muy dramático en las personas mayores. Había que estar ahí, y así lo hicimos. Pero esa misma protección había que trasladarla a otros ámbitos como la discapacidad, los servicios sociales, la vulnerabilidad… Comentarios banales, como los que se vieron en la campaña electoral de Madrid, no benefician a lo que se entiende como servicios sociales de derecho. O sea, hablar de personas que tienen que acudir a las filas del hambre como mantenidas, es muy deplorable. Hay entes públicos que no han sido tan sensibles a estos problemas como sí lo ha sido nuestra comunidad autónoma. Otra cosa es que, en Aragón, los recursos sean siempre escasos.

¿Es cierto que muchas personas han tenido que acudir por primera vez a pedir ayuda?

Lo que pasa es que eran perfiles que estaban larvados, que podían, de una manera u otra, sostenerse en una situación de fragilidad. El problema es que, cuando los sistemas de protección se vieron resentidos, por lo menos inicialmente, esas ayudas informales a través de la red de apoyo comunitario que esas personas podrían llegar a tener, al desaparecer, o no tener contacto, o reducirse los recursos económicos de esa red, se vieron expuestas. Pero eran personas que ya estaban en una situación de vulnerabilidad. Quienes ya estaban en situación de pobreza extrema lo han seguido estando. Pero ha aumentado la población vulnerable, aunque intuimos que ese incremento puede ser coyuntural, hasta el momento en que todo se normalice, porque podrán seguir resolviendo sus problemas de otra manera y no van a necesitar los apoyos del tercer sector, ya que sigue habiendo mucha economía informal.

¿En qué situación deja la pandemia a la infancia aragonesa vulnerable?

Cuando hablamos de infancia vulnerable, en realidad estamos hablando de familias. Es su contexto familiar y social el que expone a esos menores a una situación de vulnerabilidad. El sistema educativo era el que compensaba las carencias que pudieran tener en el entorno familiar. Pero el acceso a material, la digitalización y todos los recursos de orientados a la educación se tuvieron que reinventar, y muchas familias no disponían de esas conexiones y esos accesos. Esto va a ser una brecha que va a estar presente, no ahora, sino en un futuro más o menos a corto plazo. Y para que esos niños avancen es necesario reforzar el sistema educativo.

¿Qué consecuencias prevé el tercer sector que va a tener esta crisis sobre el mercado laboral?

Puede que haya un mayor incremento del paro, porque buena parte del tejido empresarial se sostenía de una forma bastante endeble. Esta crisis ha sido la puntilla que ha acelerado procesos que, a lo mejor, de una u otra forma, no se hubieran producido tan de golpe, habría habido una transformación de ese tejido empresarial más largo plazo. Los trabajadores que estaban vinculados a este ámbito deberán de ocuparse en otro espacio laboral. Y ahí sí que deberíamos ser, al menos, reivindicativos. El empleo no puede precarizarse más, tiene que volver a unas condiciones mínimamente dignas porque, si no es así, al final volveremos a tener otro problema. Y es que el trabajador no será capaz ni siquiera de obtener los recursos mínimos para poder existir, y tendrá que acudir a los sistemas de protección social. Yo espero que ese famoso plan de transformación económica que se espera en los próximos siete años no se olvide de que la dignidad en los recursos laborales es la que implica también una dignidad social y una sostenibilidad. Si esto no se pone encima de la mesa y se tiende a esa otra economía de la precarización, la brecha va a ser cada vez mayor, y la capacidad de crear tejido social sostenible, también.

En España, la desigualdad ya era de las más altas de Europa y, con la pandemia, se ha disparado. ¿Esto será también coyuntural?

El aumento de la desigualdad es muy rápido, pero corregirla es muy lento. Las políticas sociales que favorecen la redistribución de la riqueza, como las subidas de impuestos o los derechos colectivos, son muy difíciles de poner en marcha porque no son populares. Sin embargo, giros bruscos en la economía son como los que han ocurrido con esta crisis son aprovechados por quien tiene más recursos para dinamizarlos y conseguir más, con lo que la brecha se aumenta. Tenemos sobre la mesa un plan de transformación a siete años que debería de paliar eso, pero tiene que ir asociado a políticas de redistribución de la riqueza. Si no, la desigualdad se sostendrá durante mucho tiempo y retrocederemos respecto a lo que habíamos conseguido en años anteriores.

Y los radicalismos que buscan chivos expiatorios a la crisis, ¿han venido para quedarse?

Puede que ahora estemos en la cresta de la ola de esos fenómenos. Lo que puede pasar es que se rebaje la tensión, se blanqueen esos radicalismos, se normalicen y se pueda llegar a convivir con extremos que no serían aceptables en situaciones anteriores. Pero el tejido social es un arma muy importante para concienciar a la sociedad y reducirlos.