Este lunes fue el Día Internacional contra la LGTBIfobia. ¿Había razones para celebrar?

Las había, pero también para lo contrario, porque es cierto que la sociedad ha dado una respuesta muy amplia en apoyo a los derechos de las personas trans. Sin embargo, desde las instituciones y el Gobierno se están poniendo impedimentos a un reconocimiento de derechos que es básico.

¿Siguen siendo diana de los delitos de odio?

Sí, de hecho, las agresiones a personas trans se han multiplicado por cuatro con respecto al año 2019 en el último informe del Observatorio contra la Homofobia. En Aragón ha habido, sobre todo, delitos cibernéticos porque, por suerte, nuestra legislación hace que se lo piensen un poco más antes de cometer agresiones, ya que este tipo de ataques están reconocidos como delitos de odio hacia las personas trans y LGTBI en general.

¿Ha habido agresiones físicas?

En Visión Trans tenemos constancia de tres agresiones físicas a un chico y dos mujeres trans. En el caso de una de ellas hablamos de una persecución de dos años, de vigilancia, de intento de agresión e incluso de un intento de asesinato. El agresor pretendía tener una relación, pero ella no quería. Entonces él trato de lograrlo por todos los medios. Hemos tenido que denunciar y ella ha tenido que estar con apoyo psicológico. Pero la verdad es el Instituto Aragonés de la Mujer la ha atendido en todo momento y se ha sentido muy arropada. Pero claro, el miedo, ahí está.

Lo que se conmemora cada 17 de mayo es que la OMS eliminó la homosexualidad como enfermedad mental. ¿Qué les diría quienes se empeñan en seguir patologizando a las personas trans?

Que, si no se ponen condiciones a ninguna persona para cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con su propia identidad u orientación, por qué se le ponen a otro colectivo, cuando ha sido el más vapuleado a lo largo de la historia, incluso en democracia.

¿Qué consecuencias tiene en la práctica negar la libre determinación de género?

Que no se permita la libertad de autodeterminación de la identidad de género viene sobre todo a no reconocer jurídicamente a una persona. Se habla mucho de inseguridad jurídica, pero lo que realmente la provoca en nuestro caso es que la legislación no te permita ser reconocido con tu propia identidad. Y luego está la cuestión de la visibilidad obligatoria, porque cuando administrativamente tú no puedes cambiar tu documentación, te están obligando de alguna forma ser visible, independientemente de que estés en una situación o en un espacio donde puedas o no permitírtelo.

¿Qué ocurre con las víctimas de violencia machista que están en ese limbo jurídico?

En la asociación tenemos el caso de una chica sufre violencia de género. El problema está en que, al no haber modificado aún su documentación, la Justicia no puede tramitar su caso como violencia machista, porque el nombre que figura en ella no es femenino. Ahí es donde se evidencia el problema que supone no tener un reconocimiento administrativo de la propia identidad para que, sobre todo en el caso de las mujeres, que son las más agredidas, no solo tengan el respaldo de las asociaciones, sino también una aplicación real de lo que es el delito de odio. En caso que cito sería violencia machista con agravante de transfobia.

Pero, en Cataluña, por ejemplo, esto se ha solucionado, ¿no?

Sí, con una enmienda a la ley autonómica de violencia de género, la Generalitat incluyó a las mujeres trans para que fueran beneficiarias de este derecho. Sin embargo, en Aragón todavía no lo han hecho.

¿Qué supone este impedimento para los menores?

Supone mucha ansiedad porque, si no se reconoce a nivel administrativo su identidad, toda la violencia que puedan sufrir se agrava mucho más. Te están obligando a ser visible en un entorno como el colegio, que precisamente no es un lugar muy asertivo en muchas ocasiones.

¿Por qué está causando tanto rechazo entre algunos sectores feministas la ley trans que tramita el Ministerio de Igualdad?

Es un poco incomprensible, cuando desde el movimiento feminista se ha demandado el derecho sobre el propio cuerpo y la autonomía respecto del patriarcado y del hombre. Que las mujeres puedan hoy votar o abrir una cuenta, todo eso se ha conseguido a base de lucha y de visibilidad. Sin embargo, para las personas trans, parece que esta parte del feminismo tuviera un doble rasero porque, lo que realmente ha hecho, es asumir de alguna manera el argumento machista biologicista de que una mujer solamente es la que da a luz.

¿Contempla el borrador de esa ley las reivindicaciones de los colectivos trans?

La ley que se registró hace justo un año es precisamente la de los colectivos, el texto que salió de la Mesa de Igualdad. Recoge todas las necesidades del colectivo. Hace el reconocimiento legal no solamente de las personas trans binarias, sino también de las no binarias. A parte, también reconoce la exclusión laboral, con una cuota de inserción del 1%; la no discriminación en cualquier ámbito; e incluso no solo que la identidad de los menores sea respetada, sino que tengan autoridad sobre su propio cuerpo y que, en consideración de la edad legal establecida, puedan empezar a demandar cualquier tratamiento que necesiten.

¿Debería la ley estatal copiar en algo a la ley aragonesa?

Sí, porque la ley aragonesa es básica, sienta las bases de las reivindicaciones del colectivo: la autodeterminación, la despatologización, la no segregación voluntaria en el ámbito sanitario, que en la ley estatal no existe, la máxima aceleración de los tratamientos para preservar la salud mental de las personas que los soliciten, tal y recomienda la OMS… Recoge todos estos aspectos.

¿Hay puntos de la ley aragonesa que aún no se cumplen?

Sí, por desgracia, una mayoría no está queriendo cumplir con la ley y aplicarla en ámbitos como la educación, la modificación de los datos de las personas, la atención sanitaria… Hay que formar a quienes trabajan en la Administración. En lo que más se ha avanzado es en el respeto a los menores, pese a que muchos profesores u orientadores aún no se toman en serio estos problemas.