Han iniciado la campaña #SOSdiscapcidadintelectual. ¿Tan desesperada es la situación?

Plena inclusión Aragón ha querido lanzar un SOS al Gobierno de Aragón para alertarle de la delicada situación que atraviesan nuestras 40 entidades. La crisis provocada por la pandemia ha agravado mucho su capacidad financiera, que ya era complicada. Requieren de soluciones urgentes para poder mantener los servicios y apoyos que prestan a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

¿Qué está en juego?

La propia supervivencia de las entidades y, con ella, la posibilidad de seguir prestando unos servicios que son fundamentales para asegurar una vida digna a esas personas y su entorno familiar. Hay que recordar que estas entidades son su única red de apoyos, pues gestionan la práctica totalidad de la cartera de servicios sociales especializados de atención integral a la discapacidad intelectual. Y han demostrado durante la emergencia sanitaria que lo hacen con compromiso, con profesionalidad y poniendo los intereses de estas personas, a lo largo de todo su ciclo vital, por encima de cualquier otra cosa.

¿Qué significaría la pérdida de esos servicios?

Supondría un retroceso de décadas en los logros conseguidos. Esos servicios son la garantía de los derechos subjetivos que este colectivo tiene reconocidos a través de la Ley de Servicios Sociales de Aragón y que, por ello, son inalienables. Y nadie nos los ha regalado. Esos apoyos, esenciales, se han conseguido gracias al esfuerzo y dedicación de varias generaciones de profesionales y voluntarios, pero, sobre todo, al impulso de las familias a las que representamos, ya que no somos otra cosa que un movimiento asociativo familiar.

¿Qué consecuencias tendría para las personas usuarias?

Sería una catástrofe para miles de aragoneses con discapacidad intelectual, que se quedarían sin unos servicios, terapias y rehabilitación fundamentales para prevenir su envejecimiento y para mantener su funcionalidad y que, en muchos casos, son su único instrumento para contactar con el medio que les rodea, más allá de su entorno familiar. Para muchos, si tuvieran que cerrar los centros especiales de empleo, se cerraría también su única fuente de ingresos, dadas las dificultades que todavía encuentra este colectivo para acceder al empleo ordinario.

¿Y para las familias?

Supondría la pérdida de la única red de apoyos con la que cuentan para poder llevar a cabo sus proyectos de vida, tanto personal como social y laboral. Y aún se haría más patente la desigualdad. En el caso de haber dos cónyuges, casi siempre son ellas las que dejan de trabajar o reducen su jornada para afrontar los cuidados, con la consiguiente reducción de ingresos, que se sumaría al sobrecoste que ya asume una familia con un miembro con discapacidad. Las familias monoparentales lo sufrirían todavía más.

¿Qué impactos tendría en el medio rural?

Muchas familias tendrían que emigrar ya que, si cierra su entidad de referencia, no tendrían otra a la que acudir en decenas de kilómetros a la redonda. Sería ir en la dirección contraria a lo que determina la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que propugna modelos inclusivos y de proximidad y avanzar en la desinstitucionalización, hacia la atención centrada en la persona y arraigada en el territorio. Y es que no hay que olvidar el arraigo territorial de nuestras entidades, que generan empleos cualificados, estables y, sobre todo, que no se pueden deslocalizar, ayudando a luchar contra el paro y la despoblación.

¿Han caído los ingresos de las entidades?

Han bajado las aportaciones de las personas que disfrutan de plazas concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), especialmente en las residencias, porque muchas familias se los han llevado a casa durante estos meses de pandemia. Unas plazas que ya de por sí estaban infrafinanciadas, y cuya dotación no ha aumentado pese al incremento de los gastos. En paralelo, han decaído otras vías de ingresos, como en los centros especiales de empleo, cuya actividad se ha reducido.

¿Tan mal están sus cuentas?

La actual crisis económica solo ha agravado la complicada situación financiera que ya venía arrastrando el sector desde la de 2008, lastrado por aquellos recortes. A ello hay que añadir las subidas salariales fruto del convenio colectivo sectorial y del incremento del salario mínimo interprofesional, que nunca se han visto reflejadas en la financiación de los servicios públicos que prestamos. Además, la bajada de las ratios de atención o los refuerzos del personal de limpieza para hacer frente al coronavirus han requerido ampliar las plantillas. Y también ha habido que transformar y adecuar las instalaciones y adquirir equipos de limpieza y de protección e higiene personal.

¿Cuánto han supuesto los sobrecostes por el covid-19?

El aumento del coste medio por plaza en residencias y viviendas tuteladas es del 30%. La partida que implica mayor incremento es la del personal, con un 51%, seguida por los gastos generales en epis, test y productos de limpieza, con un 44%, e inversiones para acondicionar espacios u en ordenadores para teletrabajo, con un 5%. En los centros ocupacionales y de día suponen un aumento del 22% del precio por plaza concertada. El sobrecoste que a 31 de octubre trasladaron las entidades de Plena Inclusión Aragón a la Administración ascendía a 900.000 euros, sumados a los más de 500.000 dejados de percibir de las plazas en reserva. A ello hay que añadir más de 700.000 euros acumulados por los atrasos en los plazos de aplicación del incremento de los conciertos de las plazas durante los años 2019, 2020 y 2021.

¿Aguantarán mucho más?

El sobreesfuerzo que llevamos soportando durante más de un año es insostenible. La Administración no puede seguir actuando como si este colectivo tuviera margen para arreglárselas solo. Instamos al Gobierno de Aragón a buscar soluciones para garantizar la viabilidad económica de nuestras organizaciones, la calidad de la atención que prestan y el ejercicio de los derechos del colectivo para el que trabajan.