La reciente detención de varios líderes de la oposición, a menos de medio año de las elecciones presidenciales, es una muestra del régimen de represión que soporta el pueblo nicaragüense bajo el Gobierno de Daniel Ortega. El conflicto interno se recrudeció con las protestas del 2018, que dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 200 de ellos reconocidos por el propio Ejecutivo sandinista, aunque las oenegés locales elevaron la cifra hasta los 684.

Esta situación precipitó el exilio de más de 100.000 nicaragüenses. Sergio Álvaro Mayorga, que acabó recalando en Huesca con sus dos hijas, es uno de ellos. «Solicité el asilo internacional por la situación sociopolítica por la que pasa Nicaragua, porque el ciudadano que no piensa igual que el Gobierno de turno es enemigo de ellos. Nadie nos garantiza nuestros derechos más básicos ni la seguridad que como ciudadanos debemos de tener», explica.

«Es triste decir que en el país de donde uno proviene no hay garantía de nada y salir con la incertidumbre de no saber qué sucederá, solo con la esperanza de salir adelante». Llegó a Aragón para «buscar esa oportunidad que se nos niega por no pensar igual o no estar a favor de un Gobierno que se quiere perpetuar en el poder de manera ilegal», denunicia.

Sergio tiene 40 años, está divorciado y vive en la capital altoaragonesa desde hace dos años, tanto tiempo como el que lleva esperando la resolución de su solicitud de protección internacional. «Vine a España a buscar un futuro para mis hijas, para que pudieran tener la oportunidad de salir adelante, para poder trabajar y poder garantizar que ellas estén bien».

Pero la tarea no le está resultando fácil. Huir de un país que reprime la disidencia no le garantiza logar su estatus de refugiado. Y, al temor ante una más que posible resolución negativa, ya que así ocurre en el 95% de los casos, se une su precaria situación económica. Vive con sus dos hijas en un piso de Cáritas «y no puedo asumir todos los gastos», lamenta. Además, su madre, que se quedó en Nicargua, depende de la ayuda que le envía Sergio.

Tiene trabajo, un contrato a media jornada para echarle una mano a un repartidor autónomo, pero no llega a fin de mes. «Necesito recurrir a ayuda porque económicamente no puedo solventar los gastos de la renta, la comida... Puedo cubrir solo ciertas necesidades de mis hijas, y Cáritas es la institución que, casi desde que estoy en España, me ha ayudado», revela.

Mientras espera que se resuelva su petición de asilo, su permiso de trabajo y residencia caduca el 13 de agosto. Pero tiene muy claro que, sea cual sea el desenlace, «no regresaré a Nicaragua», afirma. «Es duro emigrar, pero es más duro, como padre, no poder mantener a tus hijos, no poder llevar la comida ni cubrir sus necesidades o negarles las oportunidades que no tendrían en su país».