«La Carta Social Europea ofrece más garantías frente a la desigualdad»

Se ha llegado a decir que es como una constitución social europea. Nos da más esperanza de una capacidad protectora porque supera a otros instrumentos que ya buscaban dar protección, como las directivas europeas o nuestra propia Constitución. Pero quizás esto es como un espaldarazo, porque tiene una cobertura europea, y yo creo que el Consejo de Europa tiene una cierta autoridad moral. En EAPN lo celebramos porque veníamos hace tiempo promoviendo su ratificación. Cuando hubo un cambio de gobierno ya lo intentamos, pero esto se estaba alargando y nosotros lo hemos peleado porque creemos que es buena para toda la ciudadanía.

¿Qué regula este tratado?

Más que regular, es una herramienta más de garantías. Lo que lo que viene a defender es lo que realmente se acordó con la creación del Consejo de Europa y del Convenio de los Derechos Humanos: que hay que garantizar a todas las personas una serie de derechos sociales, como es por ejemplo el empleo con un salario digno, a la salud, la prohibición del trabajo de los niños...

¿Qué puntos de la carta son más destacables?

Muy importante nos parece su artículo 30, que ratifica el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social. Asimismo, estipula que ambas partes, en este caso el Estado miembro, que es España, y el Consejo de Europa, se comprometen a promover el acceso a la vivienda, ante las dificultades que estamos viendo que tienen los jóvenes y los no tan jóvenes. Hay varias cuestiones que son que son relevantes también, ya que vuelve a ratificar que nadie puede ser discriminado ni por su raza, ni por su orientación sexual ni por sus creencias, ahora que por desgracia está tan en el candelero este tema por los sucesos de las últimas semanas. Por eso digo que creemos que es un espaldarazo, aunque hay algunas cosas que todavía tienen que ser más estudiadas entre el ministro de Asuntos Exteriores y el Consejo Europa, la letra pequeña, ya que aún quedarían algunos hilos por coser.

¿Qué diferencias hay con la anterior carta, de 1996?

Se ha revisado y se incluyen otras garantías, como la que he comentado del derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión. Pero la mayor diferencia para nosotros es que ahora España sí la ha ratificado, porque estaba asociada pero no tenía la firma de la ratificación. Ya sabes lo que ocurre con todo tratado supranacional, que luego, los gobiernos se van a ver obligados a defender algunas cosas delante de otros o a rendir cuentas, más bien. Lo de ahora es un compromiso más firme de España, que da un paso más no solo adhiriéndose, sino ratificando la carta.

¿Qué instrumentos legales introduce?

El nuevo protocolo adicional de la Carta Social Europea establece un sistema de denuncias, aunque desde el tercer sector no nos gustaría tener que llegar a este extremo. Algo que puede ocurrir tras su ratificación por parte de España es que pueden interponerse denuncias colectivas cuando haya leyes o políticas que no estén de acuerdo con ese compromiso que ahora hemos asumido con la carta. Podremos hacerlo organizaciones empresariales y sindicales, pero también las oenegés. Pero creo que lo mejor será que España se ponga las pilas. Para mí es un acicate, es volver a poner encima de la mesa la necesidad de los derechos humanos, nada más y nada menos que eso.

¿Adquieren las administraciones públicas españolas nuevas obligaciones?

Por ejemplo, con el tema del sinhogarismo, habrá que hacer algo más y buscar soluciones. Además, es un problema que está creciendo. Pero pobreza también es no poder pagar el alquiler o calentar la casa en invierno. Habrá que ampliar el parque de vivienda social y buscar medidas innovadoras para que haya casas para todos. Habrá que solucionar carencias que tenemos, como el hecho de que haya tantos trabajadores pobres, implantando salarios mínimos decentes. La carta implica seguir trabajando para reducir la desigualdad o fenómenos tan preocupantes como la pobreza infantil. Por ejemplo, si va tener que haber educación a distancia, tendremos que hacer algo para que internet llegue a todos los hogares.

¿La aplicación de la Carta Social Europea puede solucionar los problemas sociales del país?

No se va a solucionar todo con la carta, pero es un elemento importante. Cuando las entidades sociales se están viendo desbordadas por el aumento de la demanda de alimentos y asistencia básica, y la pobreza afecta a doce millones de personas, a mí me parece que hay un paralelismo total entre lo que dice la carta y lo que tenemos que hacer. La carta ofrece más garantías para el bienestar de la ciudadanía y frente a la desigualdad.

¿Supone algún avance para las personas con discapacidad?

El paro les afecta muchísimo y todavía hay mucho que hacer en la eliminación de barreras arquitectónicas, de discriminación… Hay muchísimas cuestiones, y todas ellas también las ratifica la carta, ya que tiene varios puntos que se centran en las personas con discapacidad. Pero también tiene otros específicos para otros colectivos, como las personas mayores o los niños. Entra toda la ciudadanía que tiene una situación de desventaja en relación con la sociedad mayoritaria e impide que haya discriminación contra todas las minorías.

¿Contempla la carta el papel del tercer sector de la acción social?

Sí, y estamos muy contentos porque otros instrumentos legales, como la Constitución, normalmente hablan de agentes sociales en casi todos los documentos, es decir, sindicatos y empresarios. Y nos parece muy bien, pero nosotros hemos demostrado durante la pandemia que somos una pata fundamental del Estado del bienestar, y precisamente la carta nos nombra a las organizaciones no gubernamentales. Y su protocolo adicional nos da la capacidad de reclamar colectivamente por vía judicial el cumplimiento de los derechos sociales, como he mencionado antes.

¿Qué retos quedan pendientes?

Si analizamos, seguro que aún queda algo pendiente, pero, si se cumple la carta, es un buen marco legal. Y aún queda por ver cómo se va a articular el sistema de denuncias.