Cuando la crisis financiera global del 2008 hizo estallar la burbuja inmobiliaria en España, un derecho humano como la vivienda se había convertido en un auténtico producto de lujo, tras años acumulando una desenfrenada escalada de precios. La emergencia habitacional que suponen las dificultades de acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible ya era entonces una realidad para millones de ciudadanos.
Pero, desde la anterior crisis económica, no solo no han mejorado las situaciones de exclusión que entonces surgieron o empeoraron, sino que se han profundizado más y han nacido otras nuevas, que se han vuelto a ver agravadas a raíz las consecuencias de la pandemia. La mal llamada recuperación de la década pasada generó cambios estructurales que, lejos de resolver los problemas de fondo y lograr la equidad en la población, ahondaron más aún las dificultades vinculadas al ejercicio del derecho a la vivienda en España.
Frente a esta emergencia habitacional, «a la que no se le ha dado respuesta en los últimos diez años, y que tememos que se cronifique aún más», la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) denuncia, en todos los niveles de la Administración, «una clara falta de dotación presupuestaria, políticas y medidas fuertes y cohesionadas» que apuntalen el derecho a la vivienda.
Conforme aumentaba el número de personas en situación de exclusión residencial, la inversión de los Presupuestos Generales del Estado dedicada a política de vivienda ha ido disminuyendo un 69% en los últimos trece años. Solo este año, por primera vez desde el 2008, ha aumentado en torno a un 300%. «Es imprescindible asentar esta tendencia», exhortan desde EAPN-ES, «avanzando hasta alcanzar la media europea».
El volumen de vivienda protegida construida en España es el más bajo desde la década de 1950. En el 2019, la demanda superaba las 400.000 personas inscritas en los registros de solicitantes de vivienda protegida de las comunidades autónomas. Sin embargo, solo se promovieron 6.615 casas, una caída del 90% con respecto a los 68.587 inmuebles terminados en el 2008.
Al mismo tiempo, el parque de vivienda social destinada a alquiler solo supone el 0,96% de las residencias principales, algo menos de 178.500 casas, cuando en la Unión Europea es del 9,3%. Para alcanzar la media europea, España debería incrementar el parque de vivienda social en 1.550.000 hogares.
Las cifras son todavía peores en Aragón. Con solo 509 viviendas sociales en régimen de arrendamiento, un 0,09% del total de residencias principales, es la tercera comunidad autónoma por la cola, solo por delante de La Rioja (0,02%) y Cantabria (0,07%). En el extremo opuesto se sitúa Melilla, que con un 4,2% no llega ni a la mitad de la media europea, seguida de Extremadura (3,14%) y País Vasco (2,63%).
