¿Por qué decidieron crear en el año 2002 la Fundación Forjando Futuros?

Ante la falta de oportunidades y vulneración de derechos en Urabá, una de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia, un grupo de personas que ejercían liderazgos sociales y comunitarios decidimos crear la Fundación Forjando Futuros (FFF) para participar mediante mecanismos institucionales y democráticos en la atención a la población civil y, a su vez, formar a líderes y lideresas en el ejercicio de la democracia. La finalidad primordial fue avanzar en los procesos de paz, respeto a los derechos humanos y reparación a víctimas del conflicto. Trabajamos por fortalecer la democracia, la paz y el desarrollo económico, social, cultural y político de los colombianos. Consideramos como fundamentos la justicia social, la participación ciudadana, la convivencia pacífica, la equidad y la solidaridad.

¿Qué relación les une con Aragón?

La FFF surge con el apoyo de Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), relación que hemos mantenido desde el 2002 y con la que trabajamos en diferentes ámbitos de lo social. Con su delegación en Aragón hemos dado charlas en colegios y en algunos medios regionales sobre la situación de Colombia. También hemos ejecutado algunos proyectos de agua y saneamiento gracias al apoyo de instituciones aragonesas. Y, desde el 2019, el Gobierno de Aragón respalda nuestra labor con ACPP para el acceso de las víctimas a las tierras que perdieron con motivo del conflicto, el fortalecimiento de organizaciones de mujeres campesinas y LGBTIQ, la mejora del medio ambiente y la sensibilización de colombianos y aragoneses sobre la falta de implementación del acuerdo de paz.

¿Seguirán colaborando?

En el 2022 volveremos a presentar una propuesta conjunta con ACPP para seguir fortaleciendo este trabajo en el Oriente antioqueño con las mujeres y población con identidades diversas víctimas del conflicto.

Usted es abogado defensor de DDHH desde 1989. ¿Cómo ha evolucionado la situación de los en Colombia en estas más de tres décadas? .

Desde entonces ha habido varios acuerdos de paz entre grupos insurgentes y paramilitares con el Gobierno colombiano que han favorecido la desmovilización de una buena parte de personas alzadas en armas. Los primeros (desde el 89 al 91) significaron una nueva constitución para Colombia que facilitó la elección directa de autoridades locales, un proceso de justicia más expedito para la ciudadanía y la descentralización del Estado. En el 2005, si bien la Ley de Justicia y Paz no fue efectiva con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, sí contribuyó para reconocer por primera vez la existencia de millones de víctimas del conflicto. Este precedente abonó el terreno para que en el 2011 se aprobara la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sus resultados no son en absoluto los esperados pero la ciudadanía ha pasado de solicitar a exigir sus derechos.

¿Qué significó el acuerdo de paz del Gobierno y las FARC del 2016?

De aplicarse toda la nueva legislación que trajo el acuerdo, Colombia daría un gran paso en materia de acceso a derechos básicos (salud, vivienda, alimentación, educación…) para los más vulnerables (población rural, víctimas del conflicto, pueblos étnicos y afro), el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y un desarrollo y un progreso económico más equitativos. Sin embargo, al actual Gobierno le falta voluntad política, pues se opuso al acuerdo antes de su ratificación. Con 21 millones de pobres, el presidente Iván Duque, mientras criminaliza la protesta social, permite el control paramilitar de muchas zonas del país, el asesinato de líderes sociales, masacres y desplazamientos forzados y coopta las principales instituciones de control.

¿Qué tipo de casos suele defender?

Los perseguidos son líderes y lideresas sociales que trabajan por una reforma rural que permita el acceso o la restitución de tierras a millones de campesinos o a víctimas del conflicto. También quienes trabajan por el acceso a derechos medioambientales y sindicales, defensores de derechos humanos y militantes de partidos de la oposición. Reciben ataques de élites y políticos regionales que son propietarios de grandes extensiones de tierras, vinculados a la producción de banana, palma o ganado. Esta persecución es igualmente ejercida por grupos paramilitares ligados a las Fuerzas de Seguridad del Estado, y también por las Autodefensas Unidas de Colombia, los Caparros o las disidencias de las FARC y el ELN. Hay que investigar más a los autores intelectuales de estos crímenes, es decir, quiénes se benefician de sembrar pánico y terror entre quienes vienen defendiendo los derechos de determinadas comunidades.

¿Ha sido usted perseguido por defender los DDHH?

Tengo seguridad asignada al haber sido amenazado en varias oportunidades. Defender derechos y, en concreto, denunciar a quienes se benefician del conflicto, supone un riesgo lamentable en Colombia. La persecución es también política, judicial y personal. En mi caso, son grupos paramilitares de Urabá al servicio de políticos y empresarios que ven amenazados sus intereses como consecuencia del trabajo de la FFF. Pero falta voluntad por parte del Estado para investigar quiénes dan las órdenes de atentar contra una vida.

En septiembre ha renunciado a sus cargos en FFF para dar el salto a la política y presentarse a las primarias del partido Pacto Histórico. ¿Qué propone?

El Pacto Histórico es un esfuerzo común de orientación socialdemócrata que busca un acuerdo para que los colombianos podamos salir de la actual situación de violencia, pobreza y marginación y entrar en un momento de paz y desarrollo. Queremos incluir en este pacto a la juventud, que ha estado totalmente excluida, y que pueda acceder a una educación superior pública, gratuita y de calidad. Pretendemos la inclusión de los sectores indígenas, los sindicatos, las juntas de acción comunal y las diferentes formas organizativas de los trabajadores en el Estado y el Gobierno colombianos, y que las mujeres y la diversidad sexual también estén representados.