En estos días, los gobiernos municipales, provinciales y autonómicos plantean, o negocian con sus socios, los borradores de presupuestos para el año 2022. Algunas de estas instituciones prevén aportaciones para el desarrollo de esos países que se empezaron a llamar del Tercer Mundo y que nos gusta denominar empobrecidos o con el simbólico del Sur’. En alguna etapa se les calificó como subdesarrollados, índice de nuestra prepotencia cultural para la que no existía más que el poder económico y tecnológico.
Nominalismos al margen, muy pocas de las administraciones públicas aragonesas incluyen alguna partida al respecto en sus presupuestos. La Federación Aragonesa de Solidaridad realiza un informe anual sobre ello desde el año 2002, para el que consulta a los municipios de más de 3.000 habitantes, así como a todas las entidades de segundo o tercer nivel, 77 en total en el último informe. De ellas, el 38% no contestó y el 44% contestó que no dedicaba fondos para el desarrollo: solo un 18% contribuía. A esto hay que añadir los 691 ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes, de los que solamente de dos se tiene constancia de que contribuyan.
El pasado mes de septiembre se celebraron las Jornadas de Cooperación al Desarrollo y Fondos de Solidaridad con el objetivo de mejorar la gestión y el impacto de la cooperación aragonesa, una herramienta que quizás pueda facilitar que pequeñas entidades públicas entren en este restringido club de las que se sienten corresponsables de la vida de sus conciudadanos del mundo y participan en lo que llamamos cooperación descentralizada, la que ejercen las no incluidas en la Administración General del Estado: autonomías, diputaciones provinciales, mancomunidades, comarcas y municipios, en el caso de Aragón. En esta misma tribuna, el pasado mes de junio, la Directora General de Cooperación e Inmigración del Gobierno de Aragón, Natalia Salvo Casaús, afirmaba que dicho gobierno tenía «la firme voluntad de reforzar esta forma de hacer y entender la cooperación internacional, implicando al mayor número posible de entidades locales».
Hay imaginarios históricos referentes a esta cooperación. El más difundido es el del 0,7%, que pocos países han logrado alcanzar: en 2019 Suecia, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca y Reino Unido. En Aragón, dos instituciones lo lograron en algún momento, el Ayuntamiento de Jaca y la Diputación Provincial de Zaragoza, estando por confirmar su mantenimiento. Algunas otras han suscrito pactos para incrementar anualmente su contribución, pero con horizontes inferiores y cumplimiento desigual.
Quizás lo más grave es el retroceso de una de las más significativas, que llegó a ser el mayor donante en términos absolutos, a pesar de tener un presupuesto diez veces menor al del Gobierno de Aragón: el Ayuntamiento de Zaragoza. Por dos años consecutivos ha ido recortando su contribución cuando, según el pacto suscrito por su equipo de gobierno, este año debería haber alcanzado el citado 0,7%.
Es obvio que el 0,7% no va a arreglar las desigualdades del mundo, que tienen origen estructural en el funcionamiento de nuestro sistema, que es lo que habría que abordar; pero es un indicativo de nuestra disposición a caminar en esa senda y un paliativo de circunstancias que no podemos eludir.
