Al menos tres millones de hogares se encuentran en situación de pobreza energética, presentando un gasto energético desmedido en relación a sus ingresos. Cuando pensamos que detrás de esta cifra hay personas concretas, con situaciones de vida diversas e historias particulares, el dato adquiere mayor envergadura. Pero es una referencia del 2019, previa al covid, a Filomena y a los actuales precios de la luz. Por ello, es muy probable que la próxima actualización de estos datos arroje números aún peores.

Ahora que empezamos a ver la luz al final del túnel tras la situación producida por la pandemia, hace falta retomar iniciativas y planes que habían quedado en un segundo plano, como la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Tras su aprobación, en abril del 2019, esta fue recibida como un documento ambicioso y bien estructurado, con cuatro ejes que pretendían informar, proteger y concienciar a la población, así como introducir cambios estructurales que redujeran el número de personas afectadas en el futuro.

Sin embargo, casi la mitad de las medidas contempladas aún no se han puesto en marcha y apenas una cuarta parte van al ritmo deseado. Se está haciendo poco y despacio. Además, hay que actualizar las propuestas al contexto actual y desarrollarlas de una manera coordinada, coherente y lógica. Tiene poco sentido empezar a ejecutar medidas estructurales que buscan combatir los casos de pobreza energética antes de desarrollar los protocolos que faciliten la detección de situaciones concretas o de establecer las reuniones regulares con las organizaciones sociales que trabajan en torno a esta temática, pero es así como se ha avanzado hasta ahora.

Teniendo en cuenta dicho contexto, es especialmente necesario reformar el actual sistema eléctrico, que concentra mucho poder en muy pocas manos. Este poder llega incluso hasta la tramitación de las solicitudes del bono social de electricidad, cuya recepción recae sobre las comercializadoras eléctricas de referencia en lugar de sobre la Administración. Y, precisamente, el potencial de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética radica en su capacidad para coordinar a la Administración en todas sus escalas, permitiéndole actuar de forma unánime, de manera que los diversos proyectos y convocatorias puestos en marcha se inicien con la población en situación de vulnerabilidad en mente.

Los fondos Next Generation están a la vuelta de la esquina y pueden suponer una profunda transformación social, ambiental y económica. Pero, antes de que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tome tierra, necesitamos crear y consolidar con urgencia las herramientas que nos permitan conocer las situaciones y relatos de vulnerabilidad en todo nuestro territorio. Solo conociendo la realidad de la pobreza energética podremos lanzar iniciativas que de verdad la combatan. Si no, habremos perdido una oportunidad que no volveremos a ver en mucho tiempo. La transición ecológica será justa, o no será.