La judicialización como estrategia de represión

«Cuando hay amenazas por expresar tus ideas, te están quitando un pedazo de tu vida», afirma Santiago Salinas, abogado colombiano. «Pero esto es más grave aún cuando no te amenazan como individuo, sino por formar parte de una comunidad», el Congreso de los Pueblos, una alianza de organizaciones indígenas, campesinas, feministas, juveniles y ecologistas en la que milita desde hace una década.

Su etapa universitaria coincidió con un periodo de gran agitación estudiantil en la educación superior, que «fue determinante a la hora de orientar mi carrera» hacia la defensa de los derechos humanos. «La cantidad de abusos cometidos por la fuerza pública en el marco de movilizaciones pacíficas me empujó a la necesidad de responder» de este modo.

Pero esta labor le ha acarreado problemas. «Las investigaciones de los abusos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública, particularmente Ejército y Policía, en los territorios en conflicto, así como de la elaboración de procesos disciplinarios y montajes judiciales, han sido determinantes para generar un nuevo nivel de riesgo» para su integridad.

Nadie ha amenazado directamente su vida, «pero hay unas conductas indiciarias» que así lo apuntan, como asaltos a su vivienda mientras dormía, con nula respuesta policial tras su denuncia, pese a que sí le dejaron un mensaje en forma de pañoleta, en la que se leía ‘contraguerrilla’.

También le han perseguido físicamente por la calle y virtualmente, con ciberataques a sus cuentas de correo o a su teléfono. Pero la gota que colmó el vaso fue un montaje policial y judicial contra su esposa, también activista. «El Gobierno persiguió como insurgentes a todos los que apostamos por la paz».